La oposición cuenta con los votos para remover al jefe comunal de Saavedra, Matías Nebot. ¿A qué selecto grupo podría sumarse de concretarse la expulsión? Los casos de Porretti, Altieri, Prince y otros.
El Concejo Deliberante de Saavedra definirá el próximo jueves, en sesión especial, la destitución de Matías Nebot, un desenlace que la matemática legislativa ya da por descontado.
Tras haber aprobado por 11 votos contra 2 la gravedad de los cargos en su contra, la oposición supera con holgura los diez sufragios necesarios sobre catorce bancas para remover al jefe comunal vecinalista, quien asumió en diciembre de 2023.
Si no ocurre un giro de último momento en el recinto ubicado en Pigüé, Nebot dejará el sillón municipal y abrirá la sucesión en manos del concejal de Distrito Futuro, Mariano Mansilla.
Todo comenzó el 17 de julio pasado, cuando el propio mandatario, durante una jornada abierta sobre prevención de adicciones organizada por el municipio, tomó el micrófono y confesó su adicción a la cocaína: «Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir«, relató ante el auditorio.
Lejos de quedar encapsulado como un testimonio de superación personal, el dato activó la calculadora política. Al restar esos 308 días, los bloques opositores advirtieron que el intendente había consumido sustancias ilícitas en pleno ejercicio de su mandato.
Cinco espacios —la UCR, el PJ, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro— impulsaron de inmediato una comisión investigadora bajo el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Durante la etapa probatoria, que cerró el 8 de octubre, los ediles corrieron el foco del plano sanitario para apuntar contra su aptitud funcional y responsabilidad penal. El expediente evaluó ausencias prolongadas del despacho, desmanejos en el gabinete, irregularidades en el Hospital Municipal y una imputación central: la omisión de denunciar la red de comercialización de estupefacientes a la que accedió siendo funcionario público.
«La pregunta que todos nos hacemos es: cuando Nebot ya era funcionario público y consumía, ¿de dónde sacaba la droga?«, lanzó en el recinto la concejal justicialista Andrea Guardese. Con el dictamen aprobado en octubre, el oficialismo de Todos por Saavedra denunció una emboscada institucional para desplazar a un intendente electo por un problema de salud.
«No me vengan a decir que la intención no es la destitución», cuestionó la edil oficialista Valeria Piangatelli, mientras la defensa técnica sostuvo que nunca se probó negligencia administrativa. Nebot, acorralado, pero sin dar marcha atrás con su exposición pública, ratificó su postura antes del juicio final: «Si mi testimonio sirvió para ayudar a alguien más, lo volvería a hacer». El jueves se sabrá cuáles son las consecuencias de su «sincericidio».
Antecedentes
De concretarse su salida, Nebot ingresará a la galería de intendentes bonaerenses expulsados por juicio político desde 1983. El antecedente inaugural se registró en junio de 1990 en Balcarce, cuando el radical Víctor Héctor Báez fue removido por 14 votos tras el dictamen de una comisión investigadora que cuestionó el descontrol administrativo de su gestión.
«El intendente no entendió cómo debía manejar la cosa y cómo administrar el municipio, que era un descalabro», resumió el entonces concejal Juan Bodega.
Otro caso de renombre fue el de Miguel Ángel Prince, en Luján, quien fue destituido en 1991 tras haber sido acusado, junto a otras personas, de agredir, insultar y amenazar de muerte al personal de Guardia del Hospital Municipal la noche del 21 de octubre de 1990.
En diciembre de 2001, el conurbano aportó otro capítulo convulsionado en Lomas de Zamora. En una sesión de madrugada con mayoría peronista, el HCD suspendió y destituyó al frepasista Edgardo Di Dío por presunta malversación de caudales públicos.
El entonces jefe comunal denunció que el PJ montó «un golpe institucional» y «aprovechó el caos» de la crisis nacional para desplazarlo. Semanas después, tras violentos incidentes a tiros en el palacio municipal, la Suprema Corte bonaerense ordenó restituirlo en el cargo.
La costa atlántica vivió dos destituciones consecutivas en Pinamar. En junio de 2008 cayó el peronista Roberto Porretti, filmado cuando pedía coimas a los dueños del boliche Ku para habilitar el local.
El Concejo Deliberante lo expulsó, la Corte avaló la medida y luego recibió una condena penal. Cuatro años más tarde, en julio de 2012, Porretti —ya como concejal— votó y celebró la destitución de su sucesor y rival, Blas Altieri, removido por 31 cargos de mal desempeño que incluían la entrega de viviendas sociales a sus hijas. «El Concejo Deliberante estuvo a la altura de las circunstancias y trabajó con total objetividad«, declaró Porretti tras esa votación.
Otro fallo determinante ocurrió en mayo de 2010, en General Rodríguez, donde el kirchnerista Marcelo Coronel fue destituido por 13 votos contra uno. Cercado por denuncias de adjudicación irregular de viviendas, decretos sin aval legislativo y usurpación de título universitario, Coronel resistió hasta el final en su despacho: «No me estoy atrincherando, no dejaré mi cargo, sólo lo haré si la ley me dice que lo deje«, advirtió horas antes de ser expulsado.
Al límite
Junto a los destituidos, la provincia acumula casos de intendentes que caminaron por la cornisa institucional y se salvaron por acuerdos políticos, licencias o renuncias anticipadas.
En Baradero, Aldo Carossi quedó al borde del juicio político en marzo de 2010 tras una pueblada por la muerte de dos jóvenes en un operativo de tránsito. El HCD conformó una comisión investigadora y Carossi logró sobrevivir tras aceptar la renuncia de todo su gabinete y del director del hospital.
En Luján, Graciela Rosso esquivó la ofensiva opositora y los pedidos de investigación y se tomó vacaciones adelantadas y una licencia de 90 días que enfrió la crisis en el recinto. En Mercedes, Carlos Selva enfrentó interpelaciones y denuncias penales de ediles que lo acusaban de despreciar al HCD, pero logró blindarse y completar sus mandatos.
Otros prefirieron renunciar antes de enfrentar la votación final. En octubre de 2009, José Luis Pérez presentó su dimisión indeclinable en Balcarce cuando la oposición avanzaba con una comisión investigadora: «Me pudieron. Es una decisión estrictamente personal y familiar», confesó al irse.
Pocos días después, en Lomas de Zamora, Jorge Rossi renunció por «razones personales», horas después de que la Justicia Federal le aplicara una multa diaria de 5.000 pesos por incumplir obras de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo, y dejó la intendencia en manos de Martín Insaurralde