Un intendente de Santa Cruz vetó los test de drogas a funcionarios: los argumentos y qué exigía la ordenanza

Un intendente de Santa Cruz vetó los test de drogas a funcionarios: los argumentos y qué exigía la ordenanza

Pablo Anabalón, intendente de Pico Truncado, vetó una ordenanza aprobada por unanimidad que obligaba a funcionarios municipales y autoridades electas a presentar certificados negativos de consumo de drogas y alcohol.

Por Nuevo Día

El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, vetó en su totalidad la Ordenanza N° 2306/2026, que establecía la obligatoriedad de presentar certificados negativos de consumo de drogas ilegales y alcohol para funcionarios electos y designados de la Municipalidad y del Concejo Deliberante.

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La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N° 3920/26, firmado el lunes 16 de noviembre, pese a que la iniciativa había sido aprobada por unanimidad por los concejales el pasado 14 de octubre.

El veto se fundamentó en un dictamen jurídico elaborado por el abogado Francisco Ojeda, integrante de la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad, fechado el 3 de noviembre. El documento plantea cuestionamientos constitucionales, técnicos y relacionados con las sanciones establecidas en la normativa.

Los argumentos del intendente para vetar los exámenes toxicológicos

Uno de los principales fundamentos del Ejecutivo municipal apunta a la utilización del artículo 36 de la Constitución Nacional en los considerandos de la ordenanza.

Según el dictamen, los concejales utilizaron una disposición constitucional vinculada con la defensa del orden democrático frente a los gobiernos de facto para justificar una regulación sobre controles de drogas a funcionarios públicos.

La asesoría jurídica municipal consideró que existe una interpretación incorrecta de ese artículo, ya que su contenido no guarda relación directa con la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a quienes ejercen cargos públicos.

Otro de los cuestionamientos fue la ausencia, en los fundamentos de la ordenanza, de referencias a consultas o intervenciones de profesionales especializados que permitieran evaluar técnicamente la pertinencia y el alcance de los controles propuestos.

Para el Ejecutivo, ese aspecto resulta relevante porque la normativa contempla análisis destinados a detectar el consumo de sustancias y establece consecuencias para los funcionarios según los resultados obtenidos.

Las sanciones previstas también fueron cuestionadas. El municipio señaló que la ordenanza no establece una diferenciación suficiente entre un resultado positivo aislado y una conducta reiterada de consumo.

En ese sentido, el dictamen considera que utilizar un hecho aislado para determinar si una persona puede continuar desempeñando un cargo público constituye una «medida desproporcionada», al no contemplar adecuadamente las circunstancias particulares de cada caso.

También cuestiona la falta de criterios de evaluación que permitan establecer diferentes respuestas según la situación de cada funcionario.

Finalmente, el Ejecutivo concluyó que la ordenanza «carece de motivación suficiente» para justificar las medidas que pretende implementar, además del cuestionamiento sobre la norma constitucional utilizada como fundamento.

Estos fueron los argumentos centrales que sustentaron el veto total dispuesto por el intendente Anabalón.

Qué establecía el proyecto aprobado por unanimidad

La iniciativa había sido presentada originalmente por el concejal Carlos Morón (h) el 24 de septiembre de 2025, con la intención de establecer controles toxicológicos obligatorios para funcionarios municipales y autoridades elegidas por el voto popular.

Según el proyecto inicial, los controles consistían en análisis de orina destinados a detectar sustancias psicoactivas no prescriptas por profesionales de la salud, entre ellas cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas.

La propuesta también establecía que los estudios debían ser pagados por los propios funcionarios, sin utilizar fondos municipales, y contemplaba la posibilidad de solicitar una contraprueba ante resultados positivos.

En cuanto a las sanciones, el proyecto original proponía el cese de los funcionarios designados que tuvieran un resultado positivo confirmado. Para las autoridades electas, contemplaba procedimientos de suspensión o revocación del mandato conforme a la normativa provincial.

Además, establecía consecuencias para quienes se negaran a realizar los controles, al equiparar esa negativa con un resultado positivo.

La versión finalmente sancionada como Ordenanza N° 2306/2026 exigía certificados negativos de presencia de drogas ilegales y alcohol para funcionarios electos y designados. Sin embargo, el texto completo de esa versión no se encuentra disponible en las fuentes consultadas, por lo que no es posible confirmar que todas las disposiciones del proyecto original se mantuvieran sin cambios.

Cómo fue el tratamiento de la ordenanza y qué sigue

El proyecto ingresó al Concejo Deliberante el 24 de septiembre de 2025 y fue girado a la Comisión de Legislación General, Reglamento y Seguridad.

Su tratamiento en comisión se retomó el 2 de septiembre de 2026. Una semana después llegó al recinto, pero regresó a comisión para realizar una corrección técnica.

Finalmente, el 14 de octubre fue aprobado por unanimidad durante la undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Pico Truncado.

Poco más de un mes después, el intendente resolvió vetarlo en su totalidad, por lo que la implementación de los controles quedó frenada.

Ahora resta conocer si el Concejo Deliberante buscará insistir con la ordenanza aprobada o si se presentará una nueva propuesta que contemple los cuestionamientos jurídicos y técnicos planteados por el Ejecutivo municipal. (El Diario Nuevo Día con información de HD Pico Truncado)

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