La Municipalidad de Malargüe exige la restitución de un edificio que prestó al Ministerio Público Fiscal.(Página web Malargüe. gov.ar)
La Municipalidad de Malargüe exigirá la restitución paulatina de un edificio municipal en el que funcionan una fiscalía y el juzgado penal desde 2017. Advierten que desde hace 9 años el Ministerio Público Fiscal no paga los servicios de luz, agua y gas.
La Municipalidad de Malargüe le exige al Ministerio Público Fiscal la restitución de un edificio municipal que fue prestado en 2017 para el funcionamiento de una fiscalía y un juzgado penal. La comuna afirma que la Justicia nunca pagó por utilizar el inmueble y adelantó que reclamará una compensación por los servicios de luz, agua y gas que no fueron pagados durante 9 años.
El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó una ordenanza ratificada por el intendente Celso Jaque en la que exige una restitución paulatina de un edificio municipal actualmente afectado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal. Señala también que debe establecerse un cronograma de desocupación progresiva que garantice la continuidad del servicio de justicia sin afectar los derechos de la comunidad.
Asimismo, la norma autoriza al municipio a iniciar un reclamo administrativo ante los organismos provinciales competentes, a fin de exigir el efectivo pago de los servicios esenciales de luz, agua y gas utilizados por el Ministerio Público Fiscal durante el período de ocupación del inmueble. Las autoridades locales aseguran que la Justicia nunca pagó los servicios durante los 9 años de ocupación.
Además, también se reclamará por cualquier otro concepto que resulte pertinente en carácter compensatorio por el uso activo, continuo y exclusivo del edificio municipal desde el año 2017 a la fecha.
Un convenio sin beneficios para Malargüe
El inmueble en cuestión pertenece al patrimonio de la Municipalidad de Malargüe y fue originalmente concebido como un Centro Integrador Comunitario (CIC), en el marco de políticas públicas nacionales destinadas a fortalecer la inclusión social, el acceso a la salud, la educación y el desarrollo comunitario en barrios vulnerables.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal pasó a ocupar en 2017 este edificio a partir de un convenio firmado por el entonces intendente malargüino, Jorge Vergara Martínez.
Desde ese momento, funcionan en el lugar una Fiscalía y el Juzgado Penal, los cuales se encuentran emplazados en un barrio residencial. La ordenanza aprobada por Concejo Deliberante resalta que “se permitió el uso del inmueble municipal para el funcionamiento de dependencias judiciales, sin que ello implicara —según manifestaciones públicas— una contraprestación económica proporcional o sostenida en el tiempo”.
Asimismo, advierten que “el Ministerio Público Fiscal no ha abonado durante años los servicios esenciales de luz, gas y agua del edificio, ni otros gastos inherentes a su funcionamiento, generando un costo sostenido para el erario municipal”.
Otro de los argumentos expuestos por la comuna es que en el edificio trabaja personal municipal que fue adcripto para cumplir funciones en estas dependencias judiciales, lo que afecta los recursos humanos departamentales en beneficio de un organismo provincial.
“Esta situación configura, en los hechos, un subsidio indirecto del Municipio de Malargüe al sistema de justicia provincial, generando una clara desventaja en términos de equidad respecto de otros municipios que no afrontan estas cargas”, expresa la ordenanza.
En tanto, las autoridades municipales también sostienen que otras dependencias vinculadas al sistema de justicia, como la Alcaidía local, tampoco afrontan el pago de los servicios esenciales que utilizan, profundizando la carga económica sobre el Municipio.
Independencia de poderes
Por otro lado, argumentan que el sostenimiento económico y operativo de dependencias judiciales por parte del Estado municipal no contribuye al principio de independencia de poderes, sino que, por el contrario, puede afectar la percepción de objetividad e imparcialidad institucional.
De hecho, señalan que el propio municipio ha sido objeto de denuncias e intervenciones por parte de organismos judiciales, configurándose un escenario donde un poder del Estado podría verse condicionado —o al menos percibido como tal— respecto de quien financia parcialmente su funcionamiento.
En este sentido, remacan que corresponde garantizar la plena autonomía funcional y financiera de los distintos poderes del Estado, evitando superposiciones que puedan derivar en conflictos de interés reales o aparentes.