El Senado dio ayer media sanción a la reforma de la Carta Orgánica de Salta Capital, con las modificaciones que la Comisión de Legislación General propuso en el texto que la Convención Municipal convocada al efecto aprobó en mayo último. El dictamen desató en la antesala del tratamiento del proyecto de ley fuertes cuestionamientos de exconvencionales de La Libertad Avanza, cuyos planteos fueron resumidos en la sesión de la Cámara alta, por Roque Cornejo, en el único voto en disidencia frente al bloque oficialista mayoritario.
El senador capitalino afirmó que con las sustanciales modificaciones introducidas en el dictamen del proyecto de ley la Cámara de Senadores «no respetó la voluntad popular que le otorgó a esta fuerza política la mayoría de los integrantes de la Convención Municipal». El referente del bloque libertario sostuvo que detrás del trabajo de armonización alegado para suprimir cláusulas y puntos medulares de la reforma parcial de la Carta orgánica se aplicó «un serrucho para impedir que las ideas de La Libertad sigan creciendo». Cornejo agregó que el texto aprobado por el plenario de convencionales fue «desvirtuado» en aspectos centrales vinculados con la transparencia, las rendiciones de partidas presupuestarias, la autonomía de los organismos de fiscalización y la participación ciudadana con «claros tintes políticos».
La defensa de los cambios
Sobre los cuestionamientos planteados en torno de las facultades de la Legislatura, el senador por La Poma, Dani Nolasco, manifestó que es comprensible que quienes integraron la Convención reivindiquen su trabajo, pero sostuvo que resulta inadmisible que se coloquen decisiones de ese cuerpo por encima de las constituciones Nacional y Provincial.
Remarcó que el trabajo de revisión realizado en el seno de la Comisión de Legislación General no difirió del que se hizo respecto de otras cartas municipales tratadas con anterioridad. Afirmó que en todas fue necesario compatibilizar los textos con el ordenamiento constitucional en puntos que no se podían incorporar por «no encontrase dentro de las facultades de la Convención».
Tras la media sanción del Senado, el proyecto de ley de la reforma parcial de la Carta Orgánica del Municipio de Salta pasará en revisión a la Cámara de Diputados. Desde las filas libertarias no se descartó llevar los planteos a la Justicia.
«Las normas constitucionales no cambian según quien gane la elección. No se puede ser riguroso con algunos municipios y complaciente con otros», enfatizó.
Nolasco planteó que, si bien la Constitución provincial reconoce y establece la autonomía, «dicha autonomía no significa soberanía», así como tampoco que los órganos municipales «puedan tener competencias que la Constitución no les ha conferido».
El senador de La Poma postuló que «la Legislatura no es una segunda Convención Municipal, pero tampoco puede renunciar a las atribuciones que la Constitución dispone».
Los argumentos de cambios
Sobre la eliminación del requisito de tener título secundario para poder ser concejal, el senador Nolasco afirmó que ese punto no estaba contemplado en la ordenanza del llamado a reforma.
Sobre el retiro de las disposiciones establecidas respecto a la publicidad oficial, el senador de La Poma aseguró que ese punto tampoco estaba dentro del objeto de la reforma.
Sobre las modificaciones aprobadas por la Convención respecto a la duración de los mandatos en el Tribunal de Cuentas, afirmó que esa disposición afectaría el régimen jurídico del citado órgano de control. Agregó que, en el caso Tribunal de Faltas, las modificaciones afectarían aspectos de su organización y funcionamiento.
Tras detallar otras supresiones aconsejadas por la Comisión de Legislación General respecto a disposiciones vinculadas con el Defensor del Pueblo, servicios públicos, la simbología municipal y cláusulas transitorias, el miembro informante resumió: «Algunos integrantes de la Convención han sostenido que la Legislatura debería aprobar la totalidad de las modificaciones realizadas. Respetamos esa opinión política, pero no compartimos que se pueda presentar como una exigencia constitucional»