La dimensión de la estructura política y administrativa de la Municipalidad de Viedma quedó en el centro de un cuestionamiento público realizado por Lautaro Caballeri, vecino de la capital rionegrina y candidato a Defensor del Pueblo local, quien reclamó mayor transparencia sobre la cantidad de funcionarios, las modalidades de designación y los recursos económicos destinados al funcionamiento del Ejecutivo.
Bajo el título «Viedma: una estructura municipal que no para de crecer», Caballeri difundió un análisis del organigrama municipal en el que identificó 93 posiciones jerárquicas, sin incluir las 89 jefaturas de departamento que también forman parte de la organización administrativa.
El planteo apunta directamente a la gestión del intendente Marcos Castro y abre interrogantes sobre la relación entre la cantidad de cargos, la población de la ciudad y las limitaciones que establece la Carta Orgánica Municipal.
Un organigrama con 93 posiciones jerárquicas
De acuerdo con el relevamiento presentado por Caballeri, la estructura del Poder Ejecutivo Municipal está integrada por:
- 6 secretarías.
- 19 subsecretarías.
- 67 direcciones.
- 1 subdirección.
- 89 jefaturas de departamento, que no están incluidas en las 93 posiciones anteriores.
Para el candidato a Defensor del Pueblo, estos números justifican una explicación pública acerca de la organización del municipio y la necesidad real de sostener semejante cantidad de puestos de conducción.
«¿Cuántos habitantes debería tener Viedma para justificar semejante estructura?», se preguntó.
Caballeri aclaró que la existencia de una posición en el organigrama no significa necesariamente que esté ocupada ni que deba considerarse un cargo político. Sin embargo, consideró indispensable que la Municipalidad precise cuántos funcionarios están efectivamente designados y cuáles son sus responsabilidades.
«¿Cuántos funcionarios necesita realmente Viedma y cuántos cargos políticos está sosteniendo el municipio?», planteó.
Las designaciones «a cargo de», otro punto bajo la lupa
Uno de los aspectos que más preocupa a Caballeri es la modalidad de designación de personas «a cargo de la Dirección de…», una figura que, según sostuvo, merece una revisión particular.
El vecino consideró necesario conocer cuántas designaciones de este tipo existen, qué funciones desempeñan quienes ocupan esos lugares y bajo qué criterios administrativos se realizan los nombramientos.
«Cuando se trata de la estructura del Estado, cambiar el nombre de una designación no debería servir para disimular la dimensión real del aparato jerárquico», advirtió.
Su planteo no se limita a la cantidad de secretarías, subsecretarías y direcciones, sino que también apunta a establecer si existen mecanismos de designación que dificulten conocer con precisión la verdadera dimensión de la estructura municipal.
¿Qué establece la Carta Orgánica de Viedma?
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento está relacionado con el artículo 97 de la Carta Orgánica Municipal.
Según explicó Caballeri, esa disposición establece que la planta de personal municipal no puede superar el 1% de la población y que los cargos políticos no electivos del Poder Ejecutivo no pueden exceder el 3,5% de esa planta.
A partir de esos parámetros, elaboró una comparación utilizando dos referencias poblacionales.
La primera corresponde a una proyección de 80.632 habitantes que, según señaló, fue utilizada por el propio municipio.
Con esa población, el límite teórico de la planta municipal sería de aproximadamente 806 agentes, mientras que los cargos políticos no electivos podrían rondar los 28.
La segunda referencia es la población de 59.993 habitantes que Caballeri atribuye al Censo 2022. En ese escenario, los límites serían todavía más reducidos: alrededor de 600 agentes municipales y 21 cargos políticos no electivos.
El análisis busca establecer qué relación existe entre las posiciones previstas en el organigrama y los límites establecidos por la normativa municipal.
No obstante, Caballeri reconoció que para determinar si existe algún incumplimiento es necesario conocer cuáles de esos puestos son considerados efectivamente cargos políticos no electivos y cuántos se encuentran ocupados.
La comparación que genera polémica: una ciudad de 265.700 habitantes
Para ilustrar la dimensión del organigrama, Caballeri realizó otro cálculo.
Según explicó, si las 93 posiciones jerárquicas fueran consideradas cargos políticos no electivos, para que representaran el 3,5% de la planta municipal debería existir una dotación de aproximadamente 2.657 agentes.
Y si esa cantidad de trabajadores representara el 1% de la población, Viedma debería contar con alrededor de 265.700 habitantes.
La comparación, de carácter hipotético, busca mostrar la distancia entre la cantidad de posiciones jerárquicas relevadas y los parámetros poblacionales mencionados.
Sin embargo, el propio autor aclaró una cuestión fundamental: no todos los cargos jerárquicos necesariamente son cargos políticos a los efectos de la Carta Orgánica.
«Por supuesto, una cosa es la cantidad de posiciones previstas en el organigrama y otra, la cantidad de funcionarios efectivamente designados», reconoció.
Precisamente por esa diferencia, insistió en que el Ejecutivo debe brindar información detallada para que la ciudadanía pueda evaluar la estructura real de la administración.
Críticas al discurso de austeridad y eficiencia
Caballeri también cuestionó la relación entre el tamaño de la estructura municipal y los discursos oficiales sobre eficiencia, austeridad y modernización del Estado.
A su entender, una administración eficiente no puede medirse únicamente por su organización interna, sino por los resultados que ofrece a los contribuyentes.
«La eficiencia no se demuestra multiplicando cargos ni llenando un organigrama de casilleros. Se demuestra con mejores servicios, respuestas concretas y una administración responsable de los recursos públicos», expresó.
En ese sentido, planteó que el crecimiento de las estructuras jerárquicas debe estar acompañado de explicaciones que permitan conocer su necesidad y su impacto en la prestación de servicios.
También consideró legítimo preguntarse si la organización actual responde efectivamente a las demandas de la población o si se ha expandido sin suficiente información pública sobre sus dimensiones.
Las preguntas que Castro debería responder
El candidato a Defensor del Pueblo reclamó que el intendente Marcos Castro informe públicamente la composición de la estructura municipal.
Entre los interrogantes que formuló se encuentran la cantidad real de funcionarios políticos que actualmente integran el Ejecutivo, el número de personas designadas bajo la modalidad «a cargo de» direcciones, la cantidad total de agentes municipales y el costo económico que representa sostener toda esa organización.
Para Caballeri, esos datos son fundamentales para evaluar si la estructura administrativa se ajusta a las necesidades de Viedma y a los límites establecidos por su Carta Orgánica.
«Por eso, el intendente debe dar explicaciones», sostuvo.
También remarcó que administrar los recursos públicos implica asumir responsabilidades que van más allá de la facultad de designar funcionarios.
«Gobernar no es solamente decidir cuántos funcionarios nombrar. También es rendir cuentas, respetar la Carta Orgánica y explicarles a los vecinos qué reciben a cambio de los recursos que aportan», manifestó.
Un reclamo de transparencia sobre los recursos públicos
En el tramo final de su análisis, Caballeri insistió en que Viedma necesita una administración municipal presente, eficiente y comprometida con las demandas de sus habitantes.
Afirmó que la existencia de una estructura jerárquica numerosa exige información pública suficiente para justificar su funcionamiento y demostrar que los recursos se utilizan de manera responsable.
«No necesita una estructura jerárquica cuyo crecimiento no venga acompañado de explicaciones públicas», señaló.
Y concluyó con una definición dirigida a las autoridades municipales: «Porque, cuando se trata de administrar los recursos de todos, no alcanza con decir que está todo en orden. Hay que demostrarlo».
El planteo de Caballeri deja abierta una discusión sobre el tamaño del Estado municipal, el costo de los cargos de conducción y la transparencia de las designaciones.
Por ahora, los números difundidos corresponden al relevamiento realizado por el candidato a Defensor del Pueblo y no permiten, por sí solos, determinar si existe un incumplimiento de la Carta Orgánica. Para establecerlo sería necesario contar con información oficial sobre la planta de personal, los cargos políticos efectivamente ocupados y la clasificación administrativa de cada puesto.
La respuesta del Ejecutivo municipal a esos interrogantes será clave para determinar si la estructura cuestionada se corresponde con las necesidades de la ciudad y con las disposiciones legales vigentes