Una encuesta de Poliarquía registró 75% de apoyo a la actividad minera en San Juan. La provincia, sin embargo, aporta solo 1,2% del padrón nacional.
La consultora Poliarquía registró que el 75% de los sanjuaninos respalda la actividad minera, en un contexto en el que la provincia representa apenas el 1,2% del padrón nacional. El dato fue presentado por su director, Ernesto Cuccianovich, durante una visita a San Juan, y vuelve a poner en foco la distancia entre la importancia productiva del sector y su incidencia electoral.
Cambio de percepción Cuccianovich sostuvo que la mirada social sobre la minería se modificó en los últimos años y señaló que el cambio estuvo asociado, sobre todo, al cobre y en menor medida al litio. Según explicó, ambos minerales tienen una imagen más favorable que el oro por su vínculo con la electromovilidad, es decir, el uso de autos y transporte eléctrico, y con la transición energética. También atribuyó parte de esa valoración a las cifras que mueve la actividad en un escenario de crisis económica.
El consultor afirmó que el respaldo a la minería se extendió incluso entre habitantes de grandes ciudades que no tienen contacto directo con yacimientos. En ese marco, dijo que más de la mitad de los argentinos considera que al sector “le va bien o muy bien”, aunque al mismo tiempo reconoce desconocer cómo funciona. La frase que resumió esa percepción fue: “No entiendo mucho, pero si hay cobre y litio, vamos para adelante”, según relató Cuccianovich.
Peso político La relevancia del dato electoral está en que las provincias mineras no concentran la mayor parte de los votos que definen una elección presidencial. La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúnen el 46% del padrón nacional, y ese porcentaje asciende al 64% si se suman Córdoba y Santa Fe. Las diez provincias con potencial minero, en conjunto, no alcanzan el 16% del peso electoral del país.
En ese esquema, San Juan aparece como un distrito clave por su perfil minero, pero con una gravitación electoral acotada. Cuccianovich planteó que esa asimetría genera una tensión institucional: las decisiones de gobierno se toman en provincias sin minas, mientras una parte del electorado espera que los dólares del cobre contribuyan a estabilizar la economía y financiar el gasto público. En paralelo, dijo que en las ciudades crece la expectativa de obtener una porción del derrame económico, ya sea por impuestos o por empleos indirectos.
Expectativas y plazos El consultor también advirtió sobre el tiempo que demanda la gran minería de cobre. Según explicó, el proceso requiere alrededor de 12 años entre exploración y construcción antes de llegar a la primera tonelada de producción, un plazo muy distinto del ritmo agrícola-ganadero al que está acostumbrada la política argentina. Por eso, sostuvo que el principal riesgo no proviene hoy de los grupos antimineros tradicionales, sino de una administración deficiente de las expectativas.
En esa línea, Cuccianovich sugirió que el gobierno y las empresas mineras creen un área específica para gestionar esas expectativas, ante el efecto que pueden tener los anuncios de inversiones de miles de millones de dólares. El cierre del proceso depende, según el diagnóstico expuesto por Poliarquía, de que la discusión pública acompañe los tiempos reales de desarrollo del sector y de que las provincias productoras definan cómo se distribuirá la renta en relación con la Nación