El intendente Luis Albrieu y los titulares del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas se realizaron los primeros análisis. Los estudios dieron negativo para cocaína y marihuana.
Villa Regina comenzó a implementar los test toxicológicos obligatorios para las autoridades electas y los funcionarios municipales. El intendente Luis Albrieu confirmó a Diario RÍO NEGRO que los primeros tres análisis dieron resultado negativo para cocaína y marihuana.
Los estudios se realizaron mediante muestras de orina y con la presencia del escribano Rodrigo Ruiz. Además de Albrieu, participaron el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré, y el titular del Tribunal de Cuentas, Roberto Berola.
La implementación de los controles se concretó luego de la aprobación y promulgación de la ordenanza impulsada por la concejal Nadia Ilundayn. La iniciativa obtuvo el respaldo de la mayoría del Concejo Deliberante y tuvo un solo voto negativo, el de la concejal del ARI, Paillapi.
Cómo seguirán los controles toxicológicos
Albrieu aseguró que la medida representa una experiencia novedosa en la provincia. “Es el primer caso en Río Negro de ese tipo, no se conoce otro caso”, afirmó.
El jefe comunal adelantó que los próximos análisis se realizarán a los integrantes de su gabinete. “Todos mis funcionarios, que no suman más de diez personas, se van a hacer los exámenes respectivos”, anunció.
La ordenanza establece la obligatoriedad de un examen toxicológico anual para detectar sustancias psicoactivas ilegales. Entre las personas alcanzadas se encuentran el intendente, los secretarios municipales, los concejales, los integrantes del Tribunal de Cuentas y el personal de planta política del Poder Ejecutivo.
También incluye a los candidatos proclamados electos, quienes deberán cumplir con el requisito antes de asumir sus cargos. Aunque la normativa no enumera las sustancias que deben buscarse, Albrieu precisó que los primeros estudios contemplaron cocaína y marihuana.
La reglamentación ingresó al Concejo Deliberante, según informó el intendente. En cuanto al cumplimiento de la norma, Albrieu explicó que la fiscalización estará a cargo del fiscal municipal, mientras que cada poder deberá aplicar el procedimiento correspondiente en su ámbito.
Qué prevé la ordenanza municipal
La normativa establece un mecanismo de seguimiento para verificar que los funcionarios cumplan con los exámenes. El área responsable deberá remitir semestralmente al Concejo Deliberante la nómina de quienes realizaron los análisis, que será tratada en sesión secreta.
En caso de un resultado positivo o de una negativa a someterse al control, el texto contempla distintas alternativas. Entre ellas, establece la posibilidad de solicitar una licencia sin goce de haberes vinculada a un tratamiento de rehabilitación o presentar la renuncia. Para los candidatos electos, prevé que no puedan asumir hasta acreditar el inicio de un tratamiento o presentar el alta médica definitiva.
La ordenanza también dispone la confidencialidad de los resultados y establece sanciones ante la divulgación de información médica reservada. Además, fija un plazo de 90 días corridos desde su promulgación para que el Poder Ejecutivo reglamente su aplicación