Redacción de Literal
El proceso de revocatoria del mandato del intendente de Allen, Marcelo Román, ingresó en su etapa decisiva. El Concejo Deliberante aprobó este jueves, por mayoría, una resolución para que la Junta Electoral convoque a un referéndum popular el domingo 8 de noviembre.
La decisión se conoció después de que la Secretaría del cuerpo legislativo completara la revisión de las adhesiones reunidas durante el último mes. El control confirmó 4.771 firmas válidas, una cifra que supera el mínimo exigido por la Carta Orgánica Municipal para habilitar la consulta popular.
Según informó este jueves el portal AN Allen, las firmas fueron verificadas a partir del padrón electoral de 2023 y el correspondiente a los electores extranjeros. La fecha del 8 de noviembre fue tratada previamente en la comisión de Labor Parlamentaria y recibió el respaldo mayoritario de los concejales.
La resolución representa un nuevo avance institucional del procedimiento, aunque todavía resta la intervención de la Junta Electoral para formalizar la convocatoria.
De las firmas al referéndum
La iniciativa de revocatoria fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada que comenzó a reunir adhesiones en septiembre de 2025, en medio de cuestionamientos a la gestión municipal y conflictos con los trabajadores de la comuna.
El mecanismo previsto por la Carta Orgánica establece distintas etapas. La primera requiere el respaldo del 10% del padrón electoral para iniciar el procedimiento. Cantero presentó inicialmente 3.120 firmas, de las cuales el Concejo Deliberante validó más de 2.345, suficientes para superar ese requisito.
La segunda instancia consistió en la apertura de libros oficiales durante 30 días, entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre, para reunir el apoyo de al menos el 20% del electorado.
Ese porcentaje representaba 4.579 adhesiones. El proceso avanzó rápidamente: durante los primeros cinco días se habían registrado 1.575 firmas y, antes del cierre de los libros, ya se había superado el mínimo necesario.
Con la revisión final conocida este jueves, las 4.771 firmas validadas representan 192 adhesiones por encima del piso exigido, lo que habilita el siguiente paso: someter la continuidad del intendente a la decisión de los electores.
La disputa judicial que rodea a Román
El avance de la revocatoria se produce en medio de una prolongada confrontación institucional entre el intendente y el Concejo Deliberante, que también tuvo distintos capítulos en la Justicia de Río Negro.
Uno de ellos fue la suspensión provisoria de Román dispuesta por el cuerpo legislativo, una medida que posteriormente quedó sin efecto por intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que permitió al jefe comunal regresar a sus funciones.
Más recientemente, el intendente presentó un conflicto de poderes ante el máximo tribunal provincial para cuestionar la legalidad del procedimiento de revocatoria.
Román sostuvo que el Concejo había excedido sus competencias y puso en duda la validez de las adhesiones reunidas durante la primera etapa. En particular, solicitó la nulidad de la resolución que habilitó los libros oficiales y de los actos posteriores.
Sin embargo, el STJ declaró improcedente el planteo por la vía del conflicto de poderes y remitió las actuaciones a la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15, al considerar que allí corresponde discutir la validez de los actos administrativos cuestionados.
La resolución no implicó un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la revocatoria, sino una definición sobre la vía judicial correspondiente.
Román ha sostenido públicamente que sus objeciones apuntan a las formas en que se desarrolló el procedimiento y no al derecho de los vecinos a impulsar la consulta. También atribuyó las acciones en su contra a sectores políticos enfrentados con su administración.
Qué ocurrirá si los vecinos votan por la revocatoria
El referéndum constituye la instancia decisiva del mecanismo previsto por la Carta Orgánica Municipal. Los electores deberán pronunciarse por el “sí”, para aprobar la revocatoria del mandato de Román, o por el “no”, para rechazarla y permitir su continuidad.
La decisión se adoptará por mayoría simple de los votos válidos y tendrá carácter obligatorio para las autoridades municipales.
Si triunfa la revocatoria, el presidente del Concejo Deliberante deberá asumir transitoriamente la conducción del Ejecutivo local.
Como todavía restaría más de un año para la finalización del mandato, la Carta Orgánica establece que deberán convocarse nuevas elecciones dentro de los cinco días posteriores y que los comicios deberán realizarse dentro de los 60 días siguientes a esa convocatoria.
De esta manera, Allen podría atravesar no solamente la destitución de un intendente mediante el voto popular, sino también una elección anticipada para completar el período de gobierno.
La ciudad ya cuenta con un antecedente de este mecanismo excepcional de participación ciudadana: el proceso de revocatoria impulsado en 1998 contra el entonces intendente Ulises Gentile.
Casi tres décadas después, Allen vuelve a transitar un procedimiento poco habitual en la política argentina.