A medida que la minería argentina inicia su mayor ciclo de inversiones de la mano del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una profunda discusión sobre la integración del desarrollo local comenzó a ganar espacio entre industriales y proveedores nacionales. Distintos sectores metalmecánicos encendieron las alarmas ante la adjudicación de multimillonarios contratos de estructuras metálicas e infraestructura a fabricantes chinos, en procesos de compra (procurement) que son articulados desde centros de ingeniería y abastecimiento estratégico radicados en Santiago de Chile.

La controversia cobra relevancia ante el volumen de los emprendimientos involucrados. Por un lado, el proyecto de litio Rincón, operado por Rio Tinto en la Puna salteña, requiere cerca de 6.000 toneladas de estructuras de acero; de acuerdo con fuentes del sector, las primeras 3.000 toneladas ya fueron adquiridas en China. Por otro lado, en San Juan, el megaproyecto cuprífero Vicuña demandará en su próxima etapa más de 9.000 toneladas de acero estructural.

La «mesa de decisión» en Las Condes y el caso del campamento Batidero

El foco de la preocupación industrial argentina no pasa únicamente por la nacionalidad de las empresas, sino por la distancia geográfica e institucional donde se configuran los pliegos de licitación y se evalúan las ofertas.

Grandes firmas internacionales de ingeniería como Worley y Fluor concentran en el distrito de Las Condes (Santiago de Chile) sus centros regionales de excelencia para minería, desde donde especialistas en abastecimiento gestionan las contrataciones estratégicas para yacimientos ubicados en Salta, Catamarca o San Juan:

  • Gestión remota: La centralización de decisiones de procurement a miles de kilómetros de las provincias productoras dificulta, según los proveedores locales, una ponderación equilibrada del contenido industrial y las capacidades fabriles argentinas.
  • Competencia con producción subsidiada: En el caso de Vicuña, la reciente adjudicación de la segunda etapa del campamento Batidero por unos USD 52 millones a un consorcio liderado por PowerChina y Beijing Chengdong junto a la local RAFA dejó al descubierto esta brecha: la fabricación de los módulos se trasladó a China, mientras que la firma argentina quedó relegada a tareas de montaje, fundaciones y logística de terreno.

Ponderar el valor agregado frente al menor precio

Desde la industria metalmecánica señalan que Argentina cuenta con ingeniería de detalle, soldadura certificada y capacidad instalada para abastecer la demanda de los megaproyectos. No obstante, advierten que la evaluación económica suele reducirse al precio final sin auditar las asimetrías de origen, como subsidios estatales extranjeros, beneficios financieros o esquemas tributarios disímiles.

Analistas de la actividad destacan que la discusión trasciende la búsqueda del menor costo para las operadoras y toca de lleno la licencia social:

Si bien el RIGI otorga estabilidad y beneficios fiscales durante décadas para atraer capitales, la falta de encadenamiento con talleres, pymes y empleos de segundo y tercer nivel en el país amenaza con convertir a la región en un mero enclave de extracción primaria.

Ante contratos que involucran decenas de millones de dólares, proveedores e industriales reclaman mayor transparencia, trazabilidad y criterios claros de compliance en las licitaciones internacionales, a fin de garantizar que el impacto socioeconómico de la inversión minera permanezca en el territorio nacional.

Con información de Minería & Desarrollo.