Los argentinos vivimos momentos de incertidumbre sobre el futuro. Ese es, por cierto, un fenómeno mundial. Los cambios tecnológicos, la crisis de las democracias y el avance de los autoritarismos proyectan sombras difíciles de dimensionar.
Ningún país construye su futuro sin diálogo entre estadistas en el que prevalezcan la realidad del mundo y la situación social, poniendo los intereses de la Nación en el centro de la escena.
En los últimos años, distintos espacios empresariales, académicos, sindicales y sociales han advertido sobre la necesidad de reconstruir la previsibilidad. La estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y el cumplimiento de compromisos internacionales son condiciones necesarias, pero no suficientes. Sin una mejora educativa sostenida, sin una estrategia tecnológica clara y sin instituciones capaces de limitar el personalismo político, la Argentina seguirá atrapada en ciclos de entusiasmo y frustración.
La responsabilidad es compartida. La política debe abandonar la lógica de la confrontación permanente y asumir que gobernar implica continuidad, no sólo ruptura. El sector empresario debe reconocer su rol en prácticas que alimentan la informalidad y la evasión. El sistema judicial necesita recuperar independencia y eficiencia. Y la sociedad civil debe exigir que el debate público se centre en problemas reales, no en identidades partidarias.
Es necesario comprender la actualidad del país con sus fortalezas y vulnerabilidades. El enorme potencial que brindan las reservas de gas y petróleo no convencionales, si se realizan las adecuaciones tecnológicas imprescindibles, puede convertir a la Argentina en una verdadera potencia energética, en un mundo que incrementará su demanda de esos productos. A esto debe añadirse el impacto de la demanda de litio y otros minerales que nuestro territorio posee en abundancia, y la producción agropecuaria que sigue siendo una fuente poderosa de recursos alimenticios y divisas.
En los últimos días se celebró en Mar del Plata el 62.º Coloquio de IDEA, la convención empresaria más relevante del país. El presidente de la entidad, Santiago Mignone, definió como prioridades la consolidación definitiva de la estabilidad macroeconómica a través de políticas consistentes, el sostenimiento del equilibrio fiscal, niveles de inflación compatibles con el mundo y la sostenibilidad de la deuda. Y, como quedó ratificado a lo largo de todas las disertaciones, honrar los compromisos asumidos por el país, gobierne quien gobierne, para recuperar la confianza, fortalecer la previsibilidad y el acceso a financiamiento de largo plazo.
Es, en definitiva, la construcción de un país posible.
No somos «uno de los peores países del mundo», pero la historia reciente demuestra que hemos sufrido un retroceso notable en materia educativa, en competitividad tecnológica y productiva, y que muchos otros países nos han ido superando en los últimos cien años.
El índice del «riesgo país» es un síntoma de la falta de credibilidad institucional que ofrece la Argentina, donde los presidentes suelen presentarse como fundacionales y, por eso, habitualmente, cada uno que asume le echa la culpa al antecesor y suele cambiar por completo las reglas de juego. El interés personal, la ceguera ideológica y la ambición de poder suelen imponerse por sobre los derechos y las necesidades de la sociedad; las instituciones, las leyes y la misma Constitución Nacional dejan de ser garantía para quienes quieran invertir en el país en negocios transparentes y regulados.
El mensaje que surge del sector empresario es claro: el problema no es la alternancia democrática, sino la ausencia de reglas estables, la presión tributaria desordenada y la informalidad que atraviesa buena parte de la economía. Para que el país pueda desarrollarse, es indispensable fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia de la Justicia y recuperar la capacidad del Congreso para sancionar leyes que respondan a la Constitución y a las necesidades de la ciudadanía