Estructura estatal.
Nacieron hace más de 20 años para que municipios y comunas resolvieran en conjunto problemas que excedían sus límites. Tras años con partidas mínimas o directamente sin fondos, las 25 comunidades regionales multiplicaron sus recursos, comenzaron a canalizar aportes y obras de la Provincia y una reforma de 2026 amplió su integración política.
Laura González
El gobernador Martín Llaryora, junto al jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta. El jefe de los ministros es quien maneja el funcionamiento de las Comunidades Regionales. (Prensa Gobierno de Córdoba / Archivo)
La provincia de Córdoba tiene dos particularidades. Es, por lejos, la que más gobiernos locales presenta: sobre un total de 2.327 municipios y comunas que existen en el país, 427 están en Córdoba. Es decir que, con el 6% del territorio total, el 18% de los gobiernos locales está en la provincia. La segunda particularidad es que ha logrado armar y aceitar una especie de “cuarto nivel” de gobierno: son las comunidades regionales (CR), que están entre la Provincia y las ciudades o comunas.
Son personas jurídicas de derecho público, con capacidad para contratar personal o servicios y hacer compras. Cada una define su estatuto y, en general, las autoridades renuevan anualmente. No están obligadas a rendir el uso de los fondos al Tribunal de Cuentas, sino que lo hacen por intermedio de la Jefatura de Gabinete de la Provincia.
Ya José Manuel de la Sota, en el 2000, había diagnosticado un problema de escala. En la famosa Ley de Nuevo Estado y luego el Pacto de Saneamiento Fiscal con los municipios, proponía la constitución de “entes regionales de recaudación y gestión” para las localidades de menos de 30 mil habitantes.
El razonamiento era que muchos municipios y comunas eran demasiado chicos para tener escala administrativa y financiera eficiente por sí solos. En la Convención Constituyente del 2001, el oficialismo intentó darle rango constitucional a ese esquema, con la institucionalización de 21 entes regionales.
Pero hubo un durísimo rechazo de los gobiernos locales y se retiró la regionalización de la reforma. En 2004, De la Sota anunció una nueva política, esta vez más digerible: una región por departamento. No eliminaba ni fusionaba comunas, sino que le daba rango constitucional a una asociación regional que podía resolver problemáticas comunes.
Y así fue: todas han abordado la cuestión ambiental, reemplazando los basurales a cielo abierto por vertederos controlados o están en ese proceso. Algunas han resuelto problemas de infraestructura, inundaciones regionales o déficits vinculados al transporte, seguridad o servicios de salud.
“La idea era la asociación de municipios y comunas de los 25 departamentos del interior para que haya mancomunidad en política ambiental, infraestructura, desarrollo productivo y salud”, dice Manuel Calvo, jefe de Gabinete e histórico coordinador de las CR.
Apuntan además a las “zonas grises” de cada departamento, ahí donde no tiene jurisdicción directa un intendente y que necesita una regulación.
En el sur provincial, 13 ciudades de las 29 que conforman la Comunidad Regional Río Cuarto conformaron un ente para gestionar de forma conjunta los residuos sólidos urbanos. Trabajaron dos años para darle solución a los basurales a cielo abierto, dado que no les convenía llevarlos a Río Cuarto.
En Coronel Moldes funciona la planta recicladora y los 13 miembros del ente aportan el 1,75% de la coparticipación. “Se hizo un buen trabajo, por más que yo sea oposición, el formato de trabajar con un compromiso de ciudadanos del departamento sirve”, dice el intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casali (UCR). “Se han acomodado los caminos y se trabaja con los consorcios canaleros en el manejo del agua”, agrega.
Tercero Arriba, Calamuchita y Traslasierra, por ejemplo, son casos en los que se han podido organizar para la gestión de los residuos.
El intendente de Almafuerte y titular del Foro de Intendentes Radicales, Rubén Dagum también señala el logro de haber cerrado basurales a cielo abierto y comprado maquinaria de uso común. “También salieron obras para dar respuesta a una emergencia climática con un mecanismo más rápido”, reconoce.
El legislador Víctor Molina preside la CR Totoral, la única de las 25 hoy presidida por un radical. Destaca que ahora están todas constituidas y que han servido para cursar autorización a determinadas inversiones –granjas, avícolas, almendras– que están en zonas rurales, pero que tienen asignado un municipio para el control sanitario.
Advertencias
Pero algunos integrantes de las CR advierten un cambio desde la llegada de Martín Llaryora al gobierno provincial: dejaron de ser estructuras con una partida presupuestaria prácticamente testimonial (incluso, de cero en varios años) para convertirse en vehículos capaces de canalizar miles de millones de pesos, con objetivos políticos.
Por caso, el presupuesto anual para funcionamiento, actualizado por inflación, fue de $120 millones en 2016; 91 millones en 2018 y 71 millones en 2021. En el ‘17, ‘19, ‘20 y ‘23 no recibieron fondos. No estaban en el radar del entonces gobernador Juan Schiaretti.
En el 2024 recibieron $106 millones y en el electoral 2025, la partida ascendió a $2.217 millones: 1991% más. Pasaron a vehiculizar fondos de la Provincia a los intendentes. Calvo explicó que se lanzó un plan de equipamiento y se compraron maquinarias y colectivos, por ejemplo.
En esta sintonía, por caso, se lo puede ver al intendente de Saira y presidente de la CR Marcos Juárez, Edgar Yordán, entregando en Colonia Barge $75 millones de aportes provinciales destinados a Bomberos, escuelas, clubes, salud, cultura e instituciones religiosas. Raro: el intendente de una comunidad entregando plata en otra comunidad en nombre de la Provincia, bajo el escudo de la CR.
Los ejemplos son numerosos. En junio pasado, el presidente de la CR Juárez Celman e intendente de Ucacha, Ariel Moreyra, entregó en La Carlota junto a la legisladora del departamento, Graciela Bisotto, y la intendenta de La Carlota, Natalia Bellón, 12 aportes de $5 millones cada uno a las instituciones de la ciudad. Una semana después, Moreyra y Bisotto fueron hasta Bengolea a entregar más aportes de la Provincia. Una postal que se repite.
Más cambios
Hay un cambio adicional más: en junio pasado, la Legislatura modificó el esquema de gobierno de la Ley 9.206.
Hasta entonces, los miembros plenos de la CR eran intendentes, presidentes comunales y el legislador departamental. Los legisladores elegidos por distrito único podían participar, pero no tenían la misma condición.
Ahora, los legisladores por distrito único cuyo domicilio electoral corresponda a esa región pueden incorporarse como miembros plenos, con voz y voto, como un intendente. De hecho, el exlegislador Ramón “Cañito” Flores presidía la CR de Río Seco, que ahora quedó en manos del intendente de Sebastián Elcano hasta que se decida una nueva designación.
En resumen: han recibido entonces una fuerte expansión presupuestaria, tienen nuevas reglas institucionales y pueden ejecutar y/o canalizar recursos y bienes de capital.
El legislador Gustavo Botasso (UCR) es uno de los que señala este viraje. “La CR es un órgano que, siempre y cuando tenga presupuesto y objetivos que no sean partidarios, tienen especial sentido para hacer frente a problemáticas que exceden los límites del municipio. Los fondos depende de la mirada discrecional que tenga el gobernador de turno”, dice.
Destaca las obras que la Provincia hizo en la cuenca del Arroyo Tegua, en su primer período como intendente de Hernando (2015-2019), fundamentales para evitar la inundación en los campos maniseros.
Pero señala que ahora, con el ingreso de los legisladores, puede cambiar el método de distribución de los fondos. Y da un ejemplo concreto: tres plantas de maní en la zona de Hernando tienen posibilidad de seguir creciendo, pero que no pueden porque no tienen flujo suficiente de gas. “Eso derramaría muchísima mano de obra directa e indirecta pero esa obra no es abordada ni está en el presupuesto”, dice.
“¿Van a participar los legisladores para tirar ideas o para bajar los cheques que manda el gobernador?”, se pregunta. “Como herramienta es hermosa, pero si no hay presupuesto, es todo a la bartola”, agrega.
El intendente de Bell Ville es uno de los más críticos. “Llaryora desvirtuó la CR. En Bell Ville la CR hace arreglos de escuelas para evitar los controles del Tribunal de Cuentas de la Provincia, antes todo eso venía por Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación”, dice Juan Moroni.
“El intendente de Idiazábal maneja los fondos de la CR Unión. No sé cómo, pero contrata empresas de manera directa me ejecuta un aula en una escuela de Bell Ville, donde el de Idiazábal no tiene idea”, se queja el dirigente radical.
Cuenta que en Unión hay 26 ciudades, de las cuales sólo cuatro son radicales; el resto, de Hacemos por Córdoba. “Siempre deciden ellos. Con Schiaretti había respeto y trabajo conjunto, pero eso se desvirtuó”, agrega