El tribunal exige que los municipios acrediten una contraprestación efectiva para cobrar tasas, un criterio que podría derivar en reclamos de comerciantes y vecinos.
(Por Diego Nofal)- Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso límites a las tasas municipales y este pronunciamiento empezó a ser visto con preocupación en Salta por el intendente Emiliano Durand. El jefe comunal sigue con atención el desarrollo de los planteos judiciales que puedan venir después de este fallo que emitió el superior tribunal de nuestra nación. Lo que dice el fallo es muy simple, le pone un límite a las tasas municipales y establece que para poder cobrarlas el municipio debe mostrar fehacientemente que está realizando una prestación a cambio de esa tasa. Hay que entender también el esquema impositivo argentino, una tasa no es lo mismo que un impuesto porque la tasa requiere sí o sí una contraprestación.
La Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene podría ser la principal cuestionada por los comerciantes de nuestra provincia. Primero, porque la inspección de seguridad e higiene no es ningún servicio, sino una obligación municipal. Además, podría ser cuestionada la tasa por la iluminación callejera en caso de que sea una de las tantas calles donde el alumbrado público es inexistente o ineficiente. El problema es que una vez que un juez da de baja una tasa en una factura, el gobierno municipal deberá volver a ir a la justicia a mostrar que efectivamente se está prestando el servicio.
Por el lado de la tasa de inspección de seguridad e higiene, será muy complicado para la municipalidad demostrar que eso es un servicio a los comerciantes. Se trata más bien del cobro por algo que debería ser una obligación municipal como controlar bromatológicamente a los comercios. La distinción entre tasa y contribución es clave en el esquema tributario argentino y los jueces están poniendo el foco en ese punto. Si el municipio no puede probar la contraprestación, la tasa cae y las arcas municipales sufren las consecuencias.
El intendente Durand deberá revisar cuidadosamente todas las tasas que cobra el municipio para evitar futuros reveses judiciales. La Corte Suprema sentó un precedente que podría replicarse en cientos de reclamos de comerciantes y vecinos que se sienten injustamente gravados. La estrategia de cobrar tasas por servicios que no se prestan o que se prestan deficientemente ya no tiene sustento legal. La municipalidad deberá demostrar con pruebas concretas que cada peso que cobra tiene una contraprestación real y verificable.
El fallo de la Corte Suprema es una señal de alerta para todos los municipios del país y Salta no es la excepción. La creatividad tributaria de los intendentes para disfrazar impuestos como tasas tiene los días contados. Durand debería tomar nota y empezar a ordenar las cuentas municipales antes de que los reclamos judiciales se multipliquen. La legalidad y la transparencia en el cobro de tasas no son un obstáculo para la gestión, sino una condición indispensable para su legitimidad