La discusión sobre la minería metalífera resurgió a partir del avance de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de cobre ubicado en Uspallata que este año fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese contexto, el analista especializado en minería Cristian Geo publicó en su cuenta de X un análisis en el que repasó siete de los principales cuestionamientos que rodean a la actividad. El contenido fue compartido también por el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal.

Geo presentó su publicación bajo el concepto de los “mitos de la minería” y recurrió a distintos trabajos y especialistas para sostener sus argumentos. Entre las fuentes que menciona aparecen la geóloga Marita Ahumada, el titular de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú, documentación ambiental de PSJ y antecedentes de la actividad minera en San Juan. La publicación plantea cuestiones que atraviesan el debate provincial desde hace años: cuánto consume la minería, qué minerales podrían extraerse, qué impacto puede tener sobre el empleo y la economía, cuánto recauda el Estado y cómo se controlan los proyectos.

Con PSJ incorporado al RIGI desde mayo de 2026, el proyecto contempla una inversión total de USD 891 millones y una mina a cielo abierto junto con una planta concentradora basada en flotación convencional, con una capacidad prevista de procesamiento de 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro. El proyecto tiene además una Declaración de Impacto Ambiental ratificada y se encuentra en una etapa previa a la construcción.

¿Cuánta agua utilizará la minería en Mendoza?

El agua es probablemente el punto que concentra buena parte de la discusión. En su análisis, Cristian Geo sostiene que aun si todos los proyectos cupríferos de Mendoza llegaran a funcionar, el consumo minero representaría menos del 4% del agua utilizada en la provincia. También cita un trabajo de Marita Ahumada, quien comparó el uso de agua de la minería con el de otras actividades productivas.

Para el caso concreto de PSJ, el proyecto contempla captar agua del arroyo El Tigre, dentro de la estancia Yalguaraz. La documentación ambiental establece un sistema de captación tipo tirolesa y una recirculación del 80% del agua utilizada en el proceso. La información presentada por el proyecto ubica la extracción prevista en 141 litros por segundo.

El dato relevante, sin embargo, no es solamente cuánto consume una mina en términos absolutos. También importa de qué fuente se abastece, qué disponibilidad tiene ese recurso durante el año y qué usos existentes o potenciales podría afectar. En ese sentido, los estudios ambientales incorporaron requerimientos específicos sobre el manejo del agua y el monitoreo del arroyo El Tigre.

El Consejo Provincial del Ambiente, además, planteó recomendaciones vinculadas con el seguimiento hídrico del proyecto. Esto muestra que la discusión no queda reducida a comparar el consumo minero con el agrícola: también involucra el comportamiento del recurso en el territorio donde se desarrollaría la explotación.

¿Qué minerales podrían extraerse?

Otra de las cuestiones planteadas por Geo es qué ocurrirá con el oro y la plata asociados a los yacimientos mendocinos. En el caso de PSJ, el proyecto está orientado principalmente al cobre, pero la resolución nacional que aprobó su ingreso al RIGI especifica que contempla la extracción y procesamiento de minerales sulfurados de cobre con recuperación de oro como subproducto.

La diferencia es relevante porque no todos los minerales presentes en una roca pueden necesariamente ser recuperados con cualquier método de procesamiento. El proyecto San Jorge utilizará flotación convencional para obtener concentrado de cobre y recuperar oro como subproducto.

El caso de Don Sixto, en tanto, corresponde a otra situación. Allí existe un antiguo proyecto de oro en el sur provincial, pero su eventual desarrollo está condicionado por las restricciones establecidas por la legislación mendocina. Por eso, más que hablar de una extracción automática de oro y plata, la discusión pasa por determinar qué minerales puede recuperar cada proyecto y mediante qué procesos autorizados.

¿Puede la minería generar empleo y modificar la economía de una región?

La experiencia de San Juan aparece como uno de los principales argumentos utilizados por Geo. La provincia es actualmente uno de los principales polos mineros del país y en 2025 exportó USD 1.757 millones en minerales, equivalentes al 85,5% de sus exportaciones totales, según la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera de esa provincia. El oro representó el 96,8% de sus exportaciones mineras.

Ese antecedente permite observar el peso que puede alcanzar la minería en una economía provincial, aunque no permite trasladar automáticamente sus resultados a Mendoza. Las estructuras productivas, los proyectos, las distancias, la infraestructura y los minerales explotados son diferentes.

Volviendo al ejemplo de PSJ, la empresa estima unos 3.900 puestos de trabajo durante la construcción y unos 2.400 durante la operación, entre empleos directos e indirectos. También plantea desarrollar proveedores locales y generar actividad asociada a servicios, transporte y logística.

La cuestión que queda abierta es cuánto de ese impacto podría quedar efectivamente en Mendoza. Esa magnitud dependerá de la contratación de trabajadores y proveedores locales, de la demanda de servicios y de la capacidad de las empresas mendocinas para incorporarse a la cadena de abastecimiento.

¿Qué permite y qué prohíbe la Ley 7.722?

La Ley 7.722 continúa siendo el principal marco específico que condiciona la minería metalífera en Mendoza. La norma prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos.

PSJ fue diseñado alrededor de un proceso de flotación convencional y, de acuerdo con la documentación presentada, utilizará reactivos biodegradables y no empleará las sustancias prohibidas por la ley. La empresa sostiene que el diseño fue adaptado precisamente para cumplir con las restricciones provinciales.

La discusión, por lo tanto, no se limita a si la actividad minera está permitida en Mendoza. La pregunta concreta es qué proyectos pueden avanzar dentro del marco establecido por la legislación y qué características técnicas deben tener para obtener la autorización ambiental correspondiente.

¿Se utilizará cianuro en los proyectos?

En PSJ, la respuesta que surge de la documentación disponible es que no. El proyecto utilizará flotación mecánica para separar los minerales y declara que no utilizará cianuro ni ácido sulfúrico. La información oficial del proyecto también señala el uso de reactivos biodegradables.

Esto diferencia a San Jorge de otros emprendimientos metalíferos de la región que utilizan procesos de lixiviación. El método de procesamiento es, justamente, uno de los elementos que determina qué sustancias pueden utilizarse y cuáles quedan excluidas por la normativa mendocina.

La discusión ambiental, de todos modos, no termina en la ausencia de cianuro. El proyecto también debe responder por el manejo de los residuos, los relaves, el agua de proceso, el cierre de la mina y el monitoreo posterior a la explotación.

¿Cuánto dinero recibe Mendoza por la explotación minera?

Otro eje de debate en relación a la minería, es el que tiene que ver con la recaudación por regalías. Recientemente Mendoza sancionó la Ley 9.687, que estableció un régimen específico.

La norma mantiene una alícuota general del 3% sobre el valor “boca mina”, pero establece para determinados proyectos que no hubieran iniciado la construcción de la etapa de explotación un esquema progresivo y móvil que puede llegar hasta el 5%, de acuerdo con los parámetros establecidos por la reglamentación.

El impacto económico de la minería no puede medirse solamente por el porcentaje de regalías. También intervienen impuestos, salarios, compras a proveedores, inversiones, exportaciones y actividad económica indirecta.

La propia legislación provincial establece mecanismos de distribución de los recursos obtenidos por regalías y contempla un Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental. El desafío, en este punto, es determinar cuánto de los recursos generados por una eventual explotación quedaría en la provincia y cómo se utilizarían esos fondos.

¿Quién controla una mina y qué documentación debe ser pública?

Cuando se habla de minería, no se puede omitir la discusión sobre el control ambiental. Una vez más, se puede analizar cuál es la situación de Mendoza en base a la experiencia de PSJ. En ese caso, la evaluación fue realizada mediante un procedimiento en el que intervinieron organismos técnicos y sectoriales. La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) está integrada por organismos científicos, educativos, municipios y otras instituciones.

En 2026, la CEIAM ratificó técnica y ambientalmente el proyecto luego de analizar la versión final del Informe de Impacto Ambiental, los aportes de más de 20 organismos técnicos y sectoriales y las observaciones recibidas durante la consulta pública.

El proceso de control no termina con la aprobación ambiental. En junio de este año, la Unidad de Gestión Ambiental realizó una inspección participativa en PSJ, con presencia de organismos técnicos, autoridades provinciales y ciudadanos. También se realizaron controles de la Policía Ambiental Minera sobre las condiciones del yacimiento y las tareas de exploración.

Así, la discusión sobre los controles tiene dos dimensiones diferentes: qué mecanismos están previstos en la normativa y en la Declaración de Impacto Ambiental, y cómo funcionarán esos controles durante una eventual construcción, operación y cierre del proyecto