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En pleno siglo XXI, la Argentina federal sigue arrastrando disputas de frontera internas que se originan, en muchos casos, en la época colonial o en decisiones tomadas por gobiernos de facto. La reciente tensión por el río Atuel entre La Pampa y Mendoza volvió a poner la lupa sobre una larga lista de conflictos limítrofes y económicos entre provincias, algunos con impacto directo en recursos estratégicos como la energía, el agua, el petróleo o el litio.
Buena parte de estos litigios se tramitan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano competente para las controversias entre distritos. Otros dependen de definiciones que aún debe dar el Congreso, responsable de fijar por ley los límites interprovinciales. El dato no es menor: solo alrededor del 16% de las fronteras internas fue definido en períodos democráticos; el resto quedó bajo normas dictadas por dictaduras militares, lo que suma cuestionamientos de legitimidad.
En paralelo, las provincias ensayan acuerdos puntuales para descomprimir tensiones, sobre todo donde hay inversiones millonarias en juego. Sin embargo, los reclamos cruzados persisten y, en muchos casos, afectan la vida cotidiana de comunidades que no saben con claridad de qué jurisdicción dependen.
Islas, ríos y humedales: Entre Ríos vs. Santa Fe
Uno de los conflictos más visibles se da entre Entre Ríos y Santa Fe, a partir de las islas que se formaron naturalmente en el río Paraná, frente a ciudades como Rosario y Victoria. La ley nacional 22.067, sancionada en 1979 durante la dictadura, fijó el límite en la línea media del canal principal del río según un relevamiento de 1968. Pero el cauce se fue desplazando por sedimentación, obras de canalización y modificaciones humanas, generando nuevas islas y cambiando de facto la frontera.
Ese corrimiento dejó zonas administradas por Entre Ríos —con presencia policial y cobro de impuestos— que Santa Fe reclama como propias apoyándose en la traza histórica. Además, se suman tensiones por la pesca y por la propiedad de islas como El Espinillo o el Banquito de San Andrés. Desde el gobierno entrerriano insisten en que cualquier diferencia debe resolverse con base en la normativa vigente, estudios técnicos y diálogo institucional, y destacan la buena relación política con Santa Fe dentro de espacios como la Región Centro y la Región Litoral.
Río Negro vs. Chubut: deudas, gasoductos y mojones corridos
Río Negro y Chubut arrastraban un viejo pleito económico vinculado al Gasoducto Cordillerano, firmado en 1991 junto a la entonces Gas del Estado. Chubut reclamó durante décadas que su vecina no cumplía aportes financieros ni obras, y llegó a demandar ante la Corte Suprema una deuda superior a los 27.000 millones de pesos. El conflicto se encauzó recién en 2026, cuando los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres acordaron un esquema de “obras por deuda”. Río Negro reconoció el pasivo y se comprometió a invertir más de 17.300 millones de pesos en infraestructura eléctrica para la Comarca Andina, beneficiando a localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas.
A la par, ambas provincias debieron corregir errores históricos en la colocación de mojones fronterizos, que habían dejado un destacamento policial de Chubut y diversas propiedades forestales dentro de territorio rionegrino. La redefinición sobre el terreno permitió desactivar, al menos parcialmente, ese foco de conflicto.
Minería y litio: Salta, Catamarca y Jujuy en el centro de la escena
En el noroeste argentino, los límites entre Salta, Catamarca y Jujuy concentran viejos desacuerdos que ganaron gravedad con el boom del litio y otros minerales metalíferos. Tras la disolución de la Gobernación de Los Andes en 1943, su territorio se repartió entre las tres provincias y se estableció una línea provisoria, consolidada de hecho en 1969 bajo el gobierno de Onganía, pero nunca ratificada de forma definitiva por el Congreso.
En ese marco surgió la disputa por yacimientos clave, como los salares del Diablillo y del Hombre Muerto, en la frontera entre el departamento salteño de Los Andes y el catamarqueño de Antofagasta de la Sierra. Hubo superposición de concesiones y hasta presencia de policías de ambas jurisdicciones a más de 4.000 metros de altura. Recién en los últimos años se avanzó en acuerdos de reparto equitativo de regalías e impuestos vinculados a proyectos como Sal de Oro y el complejo Diablillos-Plata.
Salta y Jujuy también mantienen desacuerdos históricos, originados en una Real Cédula de 1797 y profundizados por cambios en cauces de ríos fronterizos, como el Las Piedras. La indefinición afecta a comunidades indígenas en zonas como Salinas Grandes y deriva en conflictos por la tierra, desalojos y trabas para las actividades productivas. En 2005, el entonces senador jujeño Gerardo Morales denunció la “actitud expansionista” de Salta y reclamó una solución legislativa definitiva.
Provincias en limbo: de Las Palmitas a la alta cordillera
Santiago del Estero y Catamarca discuten desde hace más de cien años una franja de casi 2.000 kilómetros cuadrados. Allí se ubica el paraje Las Palmitas (o Palmita), donde la escuela, el destacamento policial y la posta sanitaria dependen en los hechos de Catamarca, mientras que la cartografía digital lo ubica en territorio santiagueño. La ley 22.742 de 1983, impulsada por la dictadura, intentó zanjar a favor de Santiago del Estero, pero su legitimidad es cuestionada y, en 2015, la Corte Suprema se declaró incompetente y derivó el tema al Congreso.
Otro escenario caliente se da entre San Juan y La Rioja, con la minería de cobre, oro y plata como telón de fondo. El decreto ley 18.004, firmado durante Onganía y luego ratificado en democracia, otorgó a San Juan amplias zonas cordilleranas, incluyendo áreas de gran potencial minero. El gobernador riojano Ricardo Quintela reclama la devolución de unas 2.651 hectáreas y llegó a sancionar una ley provincial para desconocer esos límites, ordenando incluso cortar caminos de acceso a proyectos como José María y Filo del Sol. San Juan, bajo la conducción de Marcelo Orrego, defiende la validez del trazado y logró medidas judiciales para garantizar la continuidad de las obras.
Río Negro vs. Neuquén: Isla Victoria, Vaca Muerta y un límite móvil
El sur del país también aporta capítulos a esta “guerra gaucha” moderna. Río Negro y Neuquén discuten la soberanía sobre Isla Victoria, en el lago Nahuel Huapi, y sobre pequeños islotes formados por sedimentación en el curso del río Limay. Neuquén se apoya en el decreto ley 18.501 de 1969 para sostener que la divisoria va desde la naciente del Limay hasta Puerto Blest, mientras Río Negro argumenta que el límite debe trazarse hasta el brazo Machete según su Constitución provincial de 1988. Aunque la isla está bajo la administración de Parques Nacionales, ambos distritos reclaman presencia y derechos, en una disputa que incluyó gestos simbólicos como el viaje de Felipe Sapag en 1984 para “plantar bandera”.
La misma norma dictatorial del 69 alimentó otra controversia, esta vez vinculada a la estratégica formación de Vaca Muerta. Río Negro cuestiona el trazado del Meridiano X y pretende correr la línea 12 kilómetros hacia el oeste, para incorporar a su territorio zonas como Octavio Pico y, potencialmente, San Patricio del Chañar. Neuquén se opone y consolidó allí asentamientos, escuelas y estructuras administrativas para afirmar su jurisdicción sobre áreas petroleras clave.
En todos los casos, los conflictos muestran una constante: definiciones de límite heredadas de épocas de monarquía, dictaduras o acuerdos incompletos, que hoy chocan con un mapa atravesado por recursos naturales de altísimo valor económico. Resolver esas disputas, advierten especialistas, será clave para garantizar seguridad jurídica, desarrollo equilibrado y una verdadera integración federal