La disputa por el servicio de transporte de personal para la futura mina de cobre Vicuña involucra un contrato de una escala poco habitual para la provincia de San Juan. La operación podría requerir entre 100 y 200 colectivos 0 kilómetro y unos 500 choferes, dependiendo de las condiciones que establezca la minera. Esta magnitud explica la decisión de tres empresas sanjuaninas de unir sus capacidades.
El servicio contempla la utilización de micros 4×4 especialmente preparados para operar en alta montaña. Estas unidades deberán contar con motores de gran potencia y carrocerías de menor tamaño para circular en condiciones exigentes durante el traslado del personal. El contrato, destinado a la etapa de construcción de la mina, tendría una duración estimada de entre dos y tres años.
Las empresas PAP, Dream y Flecha Bus formalizaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para participar de la licitación. PAP y Dream poseen una trayectoria significativa en el transporte minero de San Juan y anteriormente compitieron por los mismos contratos. Flecha Bus, que pertenece a Autotransporte San Juan, completó la conformación de la alianza.
En conjunto, las tres compañías reúnen una flota que el sector estima en más de 1.500 buses, aunque una parte no responde a las características requeridas para Vicuña. La conformación de esta alianza implicó un trabajo operativo importante para coordinar documentación, antecedentes y capacidades ante un pliego considerado exigente. Los equipos trabajan sobre unos 880 archivos que deben completar para presentar la oferta.
La alianza sanjuanina tendrá como competidor principal a Andesmar, una compañía de origen mendocino que también participa del proceso licitatorio. Desde la UTE sostienen que la firma mendocina buscó conformar alianzas con compañías locales y que pretendía conservar el 51% del negocio.El argumento central de la alianza apunta al impacto económico que puede generar el contrato dentro de San Juan. Las compañías sostienen que una estructura y base operativa local permiten que una mayor parte de los recursos permanezca en la provincia. Este planteo forma parte de una discusión más amplia sobre cuánto de la actividad económica queda en las comunidades.
Las ofertas deberán entregarse el 29 de septiembre, fecha a partir de la cual comenzará la evaluación de la documentación presentada. La evaluación final considerará la flota disponible, la capacidad técnica y financiera, y los antecedentes de cada oferente