Cómo resuelve la Constitución los choques entre provincias
NewsITe
La organización federal de la Argentina, consagrada en la Constitución Nacional, implica la convivencia de distintos niveles de gobierno: el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Esa compleja arquitectura jurídica no está exenta de tensiones. Por el contrario, la propia Constitución previó desde el siglo XIX la posibilidad de conflictos entre provincias y diseñó mecanismos específicos para resolverlos.
El texto constitucional distribuye competencias, fija jerarquías normativas y otorga a la Corte Suprema y al Poder Judicial de la Nación un rol central en la solución de las controversias. Desde disputas económicas hasta conflictos por recursos naturales o temas de salud, el máximo tribunal funciona como árbitro último entre los estados locales que integran la unión.
En el plano normativo, el Congreso tiene a su cargo la definición de los límites interprovinciales, mientras que la Constitución prohíbe expresamente la creación de aduanas internas, impuestos diferenciales por origen de los productos u obligaciones de usar determinados puertos. El objetivo es evitar trabas al comercio interior y asegurar la libre circulación, pilares para “constituir la unión nacional” y “consolidar la paz interior”, según reza el Preámbulo.
Cuatro tipos de conflictos interprovinciales
En la práctica, la jurisprudencia permite identificar al menos cuatro grandes clases de choques entre provincias o entre éstas y la Ciudad de Buenos Aires. Un primer grupo se vincula con regulaciones locales que, sin apuntar directamente a otra jurisdicción, impactan de hecho en sus actividades económicas. Ejemplo de ello fue la llamada “guerra del azúcar”, cuando una ordenanza de la ciudad de Córdoba obligó a los clientes de bares y restaurantes a pedir el azúcar, lo que motivó una reacción judicial de Tucumán, principal productora del insumo.
Un segundo tipo de conflicto aparece cuando una provincia actúa como sujeto de derecho en otra jurisdicción: compra inmuebles, presta servicios o se vincula mediante contratos. En esos casos, la Corte Suprema ha sostenido que las obligaciones derivadas —como el pago de impuestos inmobiliarios o tasas municipales— pueden ser reclamadas en su instancia originaria, como ocurrió en la ejecución fiscal iniciada por la Ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Chubut por deudas de su casa provincial.
La tercera clase se da en el marco de acuerdos de colaboración, por ejemplo en materia sanitaria. En 2022, la Corte hizo lugar a un reclamo del gobierno porteño contra la provincia de Córdoba por el reintegro de gastos de atención hospitalaria a pacientes derivados desde el sistema de salud cordobés. Allí, el Tribunal ordenó el pago de la suma reclamada, aplicando los convenios existentes.
El cuarto grupo, quizá el más sensible, involucra daños que una provincia le genera a otra, muchas veces relacionados con recursos hídricos compartidos. El prolongado litigio entre La Pampa y Mendoza por el uso del río Atuel es paradigmático: obras de infraestructura aguas arriba modificaron el caudal y provocaron perjuicios ambientales en territorio pampeano. Otro caso relevante es el de la laguna La Picasa, donde Buenos Aires acusó a Santa Fe de realizar obras que impedían el normal escurrimiento del agua y derivaban en inundaciones en el norte bonaerense.
Herramientas de la Corte y vigencia de un diseño del siglo XIX
Para resolver estos conflictos, la Corte Suprema dispone de un abanico de herramientas. En las tres primeras categorías, lo habitual es aplicar la legislación o los convenios vigentes y ordenar el cumplimiento de obligaciones concretas, generalmente el pago de sumas de dinero. Son causas que se asemejan a los litigios entre particulares, aunque con estados locales como protagonistas.
En cambio, en los conflictos ambientales o por daños interprovinciales, el remedio judicial suele ser más complejo. El Tribunal puede fijar indemnizaciones, pero también ordenar mesas de trabajo, planes de obras, cronogramas de cumplimiento e incluso marcos regulatorios. Esa línea responde a un principio clave del federalismo argentino: las provincias se encuentran en pie de igualdad normativa y deben actuar con cooperación, lealtad y buena fe cuando comparten recursos estratégicos.
La Constitución mantiene, además, disposiciones que recuerdan las turbulencias del siglo XIX, cuando las provincias tenían fuerzas militares propias y los enfrentamientos armados eran frecuentes. El artículo 127 impide que una provincia “declare o haga la guerra” a otra y remite sus quejas a la Corte Suprema, mientras que el artículo 6 habilita la intervención federal cuando un gobierno local es depuesto, incluso por invasión de otra provincia. Aunque hoy esos escenarios resulten lejanos, el diseño institucional sigue marcando el camino para procesar los conflictos dentro de la legalidad y asegurar la continuidad del pacto federal.
El federalismo argentino combina la autonomía provincial con mecanismos de control recíproco y un árbitro común: la Corte Suprema, llamada a dirimir las disputas que ponen a prueba la unidad nacional.
En un contexto de tensiones recurrentes por recursos, financiamiento y competencias, el conocimiento de estas reglas constitucionales permite entender por qué muchos de los grandes desacuerdos entre provincias no se dirimen en el plano político, sino en los estrados del máximo tribunal de la Nación