El Decreto 915/26 habilitó una excepción para transferir una parcela ubicada en el Área Natural Protegida Península de Magallanes a una sociedad controlada por capitales de Dubai.
El Gobierno de Claudio Vidal habilitó, mediante el Decreto 915/26, una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” para permitir la transferencia de una parcela ubicada dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes a una sociedad controlada por capitales de Dubai.
La operación está vinculada al denominado Master Plan Ecocentro, un proyecto turístico que contempla más de 20 unidades de alojamiento en las cercanías del glaciar Perito Moreno.
La discusión no es solamente quién pone los dólares. La discusión es qué se habilita, dónde se habilita y bajo qué condiciones.
Porque Península Magallanes no es cualquier lote disponible para desarrollar un emprendimiento: es un área protegida desde 1993, con un régimen específico de usos y un Plan de Manejo aprobado en 2022. Y el propio decreto aclara que la autorización de la compraventa no significa que el proyecto tenga vía libre para construirse.
Además, la excepción aparece justo después de que Vidal anunciara una futura inversión turística extranjera superior a 90 millones de dólares, sin identificar todavía públicamente a la empresa ni el lugar. El Gobierno tampoco confirmó que ambos proyectos sean el mismo.
Mientras tanto, voces históricamente vinculadas a la defensa de la Península, como el exdiputado Oscar Bellini, reclaman que se hagan públicos el expediente, los planos, el proyecto y los estudios ambientales antes de avanzar.
Inversión, desarrollo y generación de empleo: sí. Pero cuando el territorio es un área protegida, la pregunta inevitable es otra: ¿cuáles son los límites?
Porque una excepción puede ser excepcional.
Lo que no debería ser excepcional es la transparencia
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