Mora apuntó al gobernador Vidal y aseguró que “nos tiene acostumbrados a un funcionamiento del Estado muy mediático, poco institucional, respetando muy poco las instituciones de la democracia”.
La diputada recordó que el mandatario había expresado que estaba por llegar una inversión importante a la provincia y que se venía trabajando durante 12 meses. “Esta fue una de las cuestiones que nos encendieron la alerta”, señaló.
Luego, apareció la publicación del Decreto 915, el día previo a la sesión, “de manera abreviada con la comunicación de que se habrían vendido tierras en un parque, en una zona protegida de la provincia que además linda con cuerpos de agua”.
Frente a esa comunicación, desde la Cámara solicitaron la documentación del decreto y “todo lo que ha fundamentado esa decisión arbitraria”.
“Nosotros no estamos en contra de la llegada de inversiones a la provincia de Santa Cruz, somos los primeros en denunciar la pérdida de empleo privado en la provincia, sabemos la dificultad económica que atraviesan las familias santacruceñas”, aclaró.
Sin embargo, planteó que como legisladores deben hacer cumplir la normativa vigente.
“Tenemos la ley 26.736, que es la Ley de Tierras Rurales, que tiene en una cláusula específica la prohibición de venta de tierra que linden con cuerpos hídricos de envergadura”, explicó.
Además, señaló que “el agua está considerado un bien de dominio público”. “En ese sentido, nuestra normativa establece limitaciones específicas por entender el valor de nuestros recursos”, afirmó.
También mencionó el Decreto Provincial 994/17 que establece una restricción a la venta de tierras a extranjeros y señaló que existen otras cuestiones como que la Península de magallanes es una zona protegida por ley.
Mora cuestionó además que se informe “muy livianamente que la sociedad ASB Hospitality Calafate viene a invertir a la provincia de Santa Cruz”, cuando, según señaló, “son capitales árabes de una sociedad que se creó 36 días antes de que se firmara ese decreto”.
“Nosotros que tenemos normativa para las generalidades establecemos una excepción por única vez a una sola persona o a una sola empresa y eso es arbitrario”, manifestó.
“Tenés que explicar qué te lleva a romper la norma general para hacerle una excepción”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que la decisión “abriría la puerta a que venga otro capital extranjero con las mismas condiciones de esa sociedad y que diga ‘a él lo habilitaste, me tenés que habilitar a mí’”.
Pedido de documentación
La diputada informó que desde la Legislatura no solamente solicitaron la documentación, sino que también convocaron al recinto al presidente del Consejo Agrario Provincial para que brinde “las explicaciones pertinentes del caso”.
Además, sostuvo que, como se trata de legislación vinculada al ambiente, “toda persona tiene el derecho a acceder a esa información y a participar de la evaluación del impacto ambiental”.
También remarcó que, al trabajar sobre temas ambientales, “tenés que tener un estudio de impacto ambiental realizado por la Secretaría de Ambiente”.
“Hay distintas patas que no se terminan de informar y tiene que estar documentado, lo que no está escrito en el Estado no existe”, explicó.
Por eso, en una primera instancia los legisladores solicitaron la documentación, luego exigirán explicaciones y, en función de lo que evalúen, definirán qué otras medidas tomar.
“Si es necesario, plantearemos la derogación del decreto, si es necesario deberíamos pensar en otras vías que tienen que ver con la justicia”, expresó Mora.
“No estamos en contra de inversiones y que vengan a generar puestos de trabajo. Lo que no podemos hacer es mirar para un costado mientras se viola la ley y se ponen en riesgo y se venden los recursos estratégicos que tiene nuestra provincia y sobre todo los recursos naturales”, remarcó.
El impacto sobre El Calafate
Mora también planteó la necesidad de analizar el impacto económico que tendría el proyecto sobre El Calafate.
Según indicó, el sector hotelero “viene planteando que ya existen camas que faltan ocupar”. “Imaginate si a esa situación compleja comercial, económica y gastronómica, le sumás nueva oferta”, planteó.
“Tiene que haber una dimensión de cómo llega la propuesta y cuál es el impacto que tiene en el desarrollo local, si es que lo habilita o lo retrasa”, agregó.
“No se puede hacer una excepción o un decreto a medida”
Mora también cuestionó la forma en que se comunicó el decreto y sostuvo que existe una falta de transparencia en la documentación.
“Hay una gestión improvisada que no mide el impacto de lo que hace, hay una gestión que tiene muy poca capacidad de creerle lo que anuncia”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la documentación de lo realizado está “abreviada, no de manera transparente ni discutida con la sociedad en conjunto”.
“Si hay una cuestión que el gobernador está diciendo que hace 12 meses se viene planificando, hace 12 meses que está trabajando vender el agua de la provincia a espalda del pueblo santacruceño”, cuestionó.
Y agregó: “Y si no es ese proyecto, hay otro entonces que está trabajando a espalda de la provincia de Santa Cruz”.
Para Mora, si existen dificultades con el decreto que restringe la venta de tierras santacruceñas a extranjeros, “no podés hacer una restricción específica por un caso puntual, porque entonces es discrecional, entonces es arbitrario”.
“No se puede hacer una excepción o un decreto a medida de una sola empresa, porque entonces le abrís la puerta a cualquier otro extranjero que quiera venir a comprar agua en nuestra provincia pueda hacerlo”, afirmó.
Por último, remarcó la importancia de que se expliquen los fundamentos de la decisión, “por qué esa excepción, por qué con estos capitales, qué hay de fondo y por qué un decreto hecho a medida de una situación individual”