El Índice FADA de septiembre ubicó en 58,2% la participación del Estado sobre la renta agrícola. La mejora frente a junio se explica por la suba de los precios de los granos y la baja de la urea, pero la carga impositiva continúa absorbiendo más de la mitad del resultado.
La renta agrícola mejoró en los últimos meses, pero la presión impositiva continúa siendo uno de los principales componentes de la ecuación del campo. Según la medición de septiembre del Índice FADA, el Estado se queda con el 58,2% de la renta agrícola, es decir, $58,20 de cada $100 generados por una hectárea después de afrontar los costos de producción.
El dato representa una leve mejora respecto de junio, cuando la participación estatal había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, desde FADA advierten que la baja no responde a una modificación de la estructura tributaria argentina, sino principalmente a factores vinculados con el escenario internacional: mejores precios para algunos granos y una reducción significativa en el valor de la urea, uno de los principales insumos de la producción agrícola.
La fotografía actual muestra que, sobre la renta agrícola promedio, 58,2% corresponde a impuestos, 27,3% al costo de la tierra y apenas 14,5% queda como resultado agrícola.
La mejora vino por los precios y los costos
El contexto internacional tuvo un impacto favorable sobre la ecuación productiva. Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y las dificultades logísticas asociadas impulsaron los precios internacionales de algunos granos. El trigo, por ejemplo, recuperó valor y se ubicó por encima del nivel registrado un año atrás, mientras que la soja también mostró una mejora, vinculada a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China.
Al mismo tiempo, se produjo una baja significativa en uno de los costos que más había presionado sobre la rentabilidad del productor: la urea. El precio promedio pasó de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre.
La mejora también puede observarse en la relación entre el precio de los granos y el fertilizante. En septiembre se necesitan 2,9 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, frente a las 4 toneladas requeridas en junio. En el caso del trigo, la relación pasó de 3,4 toneladas a 2,4.
“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.
Para Antonella Semadeni, economista de la entidad, la combinación entre mejores precios de los granos y una baja en el valor de la urea permitió mejorar el resultado económico del productor. Sin embargo, la participación del Estado continúa siendo mayoritaria sobre esa renta.
Soja, maíz, trigo y girasol: cuánto se lleva el Estado
La carga cambia según el cultivo analizado. El Índice FADA de septiembre registra una participación estatal del 60,7% en soja, 53,8% en maíz, 55,5% en trigo y 56,8% en girasol.
El trigo aparece como uno de los casos donde el cambio en las variables internacionales tuvo mayor impacto. La combinación de una mejora en su precio y una reducción en el costo de la urea permitió que el cultivo mostrara un resultado positivo antes del pago de impuestos. En mediciones anteriores, el margen había sido apenas positivo o incluso negativo.
Aun así, el escenario de precios no es completamente favorable: tanto el trigo como el maíz continúan por debajo de sus promedios de los últimos cinco años.
Desde FADA remarcan que la rentabilidad agrícola no depende exclusivamente del precio de venta. También entran en juego los rindes, los costos de producción, la distancia respecto de los puertos y la estructura tributaria de cada territorio.
Fletes: otro costo que pesa sobre la renta
La reducción del precio de la urea no se trasladó al conjunto de los costos agrícolas. Entre las variables que continúan presionando aparece el transporte.
Los fletes aumentaron respecto de junio y también muestran una suba frente a un año atrás. Además, su incidencia cambia de manera considerable según la ubicación del establecimiento productivo: cuanto mayor es la distancia hasta los puertos, mayor es el peso del transporte sobre el resultado final.
El impacto es particularmente relevante para provincias alejadas de los principales centros de comercialización. “En una hectárea de maíz, por ejemplo, en Córdoba, San Luis y La Pampa alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo que se produce se destina a pagar el flete”, señaló Semadeni.
En este sentido, el precio internacional del grano constituye solamente una parte de la ecuación. La rentabilidad final surge de la combinación de ingresos, rindes, costos, logística e impuestos.
Retenciones, Ganancias y el reparto de la carga tributaria
El componente nacional continúa explicando la mayor parte de la presión impositiva. Según FADA, el 55,6% de los impuestos que recaen sobre la actividad corresponde a tributos nacionales no coparticipables. Los impuestos nacionales coparticipables representan el 35,7%, mientras que los provinciales explican el 7,8% y los municipales apenas el 0,9%.
Dentro de la estructura tributaria aparecen los derechos de exportación o retenciones como uno de los principales componentes. Desde diciembre de 2023, sus alícuotas fueron reducidas para los principales cultivos, lo que disminuyó su participación relativa dentro de la carga tributaria total.
En paralelo, ganaron peso los impuestos vinculados con el resultado económico de la actividad, como Ganancias.
La presión tampoco es idéntica en todo el país. El promedio nacional de 58,2% se combina con diferentes resultados según la provincia: 56,9% en Córdoba, 56,1% en Buenos Aires, 53,9% en Santa Fe, 54,7% en La Pampa, 58,4% en Entre Ríos y 55% en San Luis.
Desde FADA aclaran que estas diferencias no significan necesariamente que en una provincia se paguen más impuestos en términos absolutos que en otra. El indicador surge de combinar rindes, precios, costos, fletes y tributos provinciales y municipales.
Así, septiembre deja una mejora en la renta agrícola frente a la medición anterior, impulsada por un contexto internacional que favoreció los precios de algunos granos y redujo el costo de un insumo clave. Pero el dato central permanece: aun con esa mejora, los impuestos absorben más de la mitad de la renta generada por una hectárea agrícola