Las empresas de transporte apuntan contra el partido de Ramallo; piden que Nación intervenga
Agrofy News
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) denunció la presencia de un “peaje municipal encubierto” en el partido de Ramallo. La entidad empresaria acudió ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para frenar este cobro y la sobretasa a los combustibles.
Las empresas de transportes argumentaron que no corresponde y que impacta en la rentabilidad. Se trata de una decisión que tomó el concejo deliberante de Ramallo de colocar un pórtico para el cobro electrónico de una tasa de $ 25.000 a cada camión que circule.
El mismo está aplicado sobre un tramo clave de 5,1 kilómetros del excamino provincial ruta 87. Se trata de una vía que conecta la ruta nacional 9, el parque industrial local y el puerto de San Nicolás.
Según la entidad, el cobro de estas tasas absorbe los márgenes operativos de las empresas y encarece las exportaciones agroindustriales. Por este motivo, las empresas solicitaron la intervención urgente del Gobierno para obtener una medida cautelar de suspensión inmediata.
Las firmas afectadas estimaron un costo de entre $100 y $500 millones anuales por empresa, poniendo en riesgo la logística regional. “El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, dijo Fadeeac.
“Peaje ilegal”
Según informaron las empresas de transporte, todo comenzó tras la adjudicación de la Licitación Pública 3/25 a la empresa Plus Byte S.R.L. para la instalación de dos pórticos tecnológicos. La normativa municipal dispuso cobros de hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios mediante un dispositivo electrónico TAG.
Fadeeac explicó que este esquema representa un costo por kilómetro 120 % más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, sumado a la tasa del 2 % sobre el litro de combustible vigente desde enero. Frente a esta situación, el presidente de Fadeeac, Cristian Sanz, advirtió: “No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento».
El dirigente remarcó que, si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior. De esta manera, se encarecerían las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país.
En su presentación, la entidad argumentó que el gravamen configura una doble imposición inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal y la Ley Nacional de Combustibles. Los fondos recaudados ingresan en un 100 % a las arcas municipales y se reparten en un 50 % con el concesionario privado durante 20 años, sin contraprestación directa de servicio