La expansión de la energía eólica en Argentina enfrenta nuevamente una discusión que parecía haber quedado atrás: cuánto pueden cobrar los municipios a los parques instalados dentro de sus jurisdicciones y dónde está el límite entre una tasa por un servicio efectivamente prestado y un impuesto encubierto.
El debate reapareció en Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde el municipio avanzó con una Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) específica para los parques eólicos. La medida recordó inmediatamente el denominado “impuesto al viento” que Puerto Madryn intentó implementar en 2020 y que terminó judicializado por empresas del sector.
La discusión adquiere relevancia para una industria que necesita desembolsos iniciales de cientos de millones de dólares y cuyos proyectos se estructuran sobre cálculos de costos y períodos prolongados de recuperación de la inversión.
Cuánto deberán pagar los parques eólicos
La propuesta original de Olavarría establecía una tasa equivalente al 1,38% de la facturación total de los parques ubicados incluso a decenas de kilómetros del área urbana.
El municipio posteriormente modificó el esquema y propuso cobrar USD 5.200 anuales por cada aerogenerador. Finalmente, después de negociaciones con las compañías, se acordó una tasa de entre USD 700 y USD 850 por MW de potencia instalada, con un valor decreciente a medida que aumenta la potencia de cada equipo.
El alcance no es menor. En Olavarría existen cuatro desarrollos que reúnen 82 aerogeneradores.
Entre ellos está el Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz y la cementera, con 84 MW; y el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar, que contempla una inversión de USD 276 millones, 30 aerogeneradores y una potencia inicial de alrededor de 184 MW.
También se encuentran Vientos de Olavarría y La Rinconada, vinculados a Ternium y Tenaris, respectivamente. Estos últimos reúnen 43 aerogeneradores y 194 MW de capacidad.
Con el esquema acordado, la recaudación municipal rondaría entre USD 360.000 y USD 380.000 anuales cuando entre en funcionamiento el nuevo parque.
El antecedente de Puerto Madryn
La controversia tiene un antecedente directo en la Patagonia.
En 2020, Puerto Madryn intentó aplicar un esquema que representaba cerca del 5% de la facturación por generación de energía de los parques eólicos alcanzados.
Empresas como Genneia y PAE recurrieron entonces a la Justicia federal y consiguieron frenar su aplicación.
El caso adquiere particular importancia para la Patagonia, una de las regiones con mejores recursos eólicos del país y donde se desarrollaron numerosos proyectos renovables durante los últimos años.
Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia, planteó que es comprensible que provincias y municipios busquen recursos, pero advirtió que las tasas no deberían convertirse en impuestos encubiertos que terminen afectando las inversiones.
Una discusión clave para las inversiones renovables
Las empresas que operan en Olavarría finalmente aceptaron el nuevo esquema a cambio de un compromiso de estabilidad fiscal durante 20 años.
La discusión, sin embargo, excede el monto que deberán desembolsar esos cuatro parques.
Uno de los interrogantes es qué servicio municipal concreto justifica el cobro de una tasa de inspección sobre instalaciones que también están sujetas a controles y regulaciones del sistema energético nacional.
Desde el sector privado también advierten que los municipios forman parte del entorno donde funcionan los proyectos y que existe interés local en la contratación de trabajadores y proveedores, aunque sostienen que los gravámenes deben mantenerse en niveles que no afecten la competitividad de las inversiones.
El Congreso puede cerrar una puerta a nuevos gravámenes
El conflicto apareció, además, en un momento particular para las energías renovables.
El proyecto de Olavarría avanzó después de que venciera la protección establecida por el artículo 17 de la Ley 27.191, que impedía establecer determinados gravámenes nacionales, provinciales o municipales sobre las energías renovables hasta diciembre de 2025.
Ahora el Congreso analiza restablecer esa protección. Diputados ya aprobó una prórroga por 20 años y el Senado obtuvo dictamen de mayoría para extenderla hasta 2045, aunque todavía resta su tratamiento en el recinto.
Dos fallos de la Corte que pueden cambiar el escenario
A ese debate se sumaron dos recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque no estuvieron vinculadas específicamente con parques eólicos.
Los fallos, correspondientes a litigios del Banco Galicia contra la Municipalidad de Córdoba y de una mutual ferroviaria contra Pergamino, cuestionaron mecanismos mediante los cuales las tasas municipales se determinaban sobre los ingresos de los contribuyentes.
El criterio que surge de esas resoluciones refuerza el principio de que una tasa debe guardar relación con el costo directo e indirecto de un servicio municipal concreto prestado al contribuyente.
Ese punto podría convertirse en una herramienta para las generadoras si otros municipios intentan replicar esquemas similares al de Olavarría.
La discusión de fondo será relevante para el futuro de la energía eólica argentina: cómo compatibilizar la necesidad de recursos de las administraciones locales con un marco fiscal previsible para proyectos que requieren grandes inversiones y recuperan el capital en plazos prolongados. El desenlace legislativo y los nuevos criterios de la Corte pueden terminar definiendo hasta dónde podrán avanzar los municipios sobre una industria que busca seguir ampliando la capacidad renovable del país