Tras las afirmaciones vertidas por Lucero sobre la inconstitucionalidad de implementar un porcentaje de proveedores locales por parte de las provincias, los proveedores no se quedaron callados.Desde la Federación Argentina de Proveedores mineros le “explicaron” la situación al funcionario, en un comunicado que no deja dudas sobre una postura que va a dar que hablar.
Comunicado de la Federación Argentina de Proveedores Mineros
Como Federación Argentina de Proveedores Mineros, una vez más nos vemos en la obligación de explicarle a un funcionario nacional el por qué la minería comienza a gozar de aceptación en cada uno de los distritos donde se desarrolla y que modificar el modelo podría atentar contra las inversiones por venir.
Es que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, volvió a la carga con la potestad de las provincias mineras en cuidar y fomentar el empleo local.
Para el funcionario que hoy ocupa el cargo, los cupos de empleo local con que las provincias locales cuidan su desarrollo son “inconstitucionales”. Parece que desde la Capital Federal no entendieron, aún, que la licencia social de la que goza hoy la minería en Argentina se logró, en buena parte, mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos.
Es simple: A mayor generación de empleo local, y contrataciones de proveedores de las zonas y provincias dueñas de los recursos, las comunidades aceptan la minería como una actividad esencial para sus territorios.
Lucero afirmó que los esquemas provinciales que protegen a comunidades “generan fragmentación laboral, distorsionan la competitividad y actúan como freno para captar inversiones internacionales en proyectos de litio y cobre”.
Lucero no entiende, o no conoce la historia reciente de la actividad minera de Argentina.
La mejor manera de captar inversiones del sector es garantizar a las empresas que podrán trabajar sin conflictos sociales, y que podrán llevar adelante sus cronogramas de tareas sin demoras y complicaciones.
La actividad debe garantizar empleabilidad para las comunidades y provincias donde se desarrolla, al igual que compras y contrataciones de empresas locales. La capacidad instalada existe. La mano de obra está. En vez de atentar contra la potestad de las provincias en poner en valor sus recursos de la mejor manera posible, el funcionario debería acompañar a cada uno de los distritos con planes de educación, formación y certificación de sus talentos locales, en coordinación con los gobiernos locales. Se entiende que es más fácil abrir el juego y permitir el éxodo de miles de trabajadores a las provincias mineras, pero eso no está bien.
Hoy, las provincias mineras, calificadas muchas veces como “inviables”, tienen la posibilidad de desarrollar sus talentos locales, garantizar empleo y movilidad social para sus vecinos. No se trata de fragmentación laboral, como dijo Lucero. Se trata de generar oportunidades para las comunidades que se ubican a cientos de kilómetros de los grandes centros urbanos. Oportunidades que nunca tuvieron, y que hoy están al alcance de la mano. Lucero, ¿Por qué arruinar esta posibilidad para el interior profundo y sus vecinos? ¿Por qué patear el tablero cuando el modelo empieza a funcionar de la mejor manera? ¿Sabe el funcionario actual que inclusive a las empresas les es más rentable contratar y comprar local? Entre otras cosas, tener el hogar de los trabajadores cerca de los proyectos reduce ostensiblemente los costos de cada minera, y a la vez genera el respaldo automático de cada una de las comunidades hacia la actividad. Lucero no debe recordar el ejemplo negativo de Bajo de la Alumbrera, o los conflictos en Esquel, Famatina y Andalgalá cuando el discurso anti minero era respaldado por los vecinos que no veían oportunidades de inclusión laboral.
Si es para proteger el RIGI y a las mineras, el Gobierno Nacional debería acompañar las políticas de cada provincia, que sabe, por su historia reciente, qué y cómo debe hacer las cosas. La ruptura del status quo perjudicaría no solo a los distritos mineros, sino también pondría en riesgo, si, las inversiones.
Porque las empresas buscan trabajar en lugares previsibles, sin conflictos, sin comunidades que se opongan, sin cortes de ruta ni cuestionamientos a su imagen pública.
Debe saber, Lucero, que, con este tipo de declaraciones, y la escalada de la intención en contra del modelo productivo que hoy da evidentes muestras de funcionar, podría poner en riesgo las inversiones.
Lucero, haga lo que usted debe hacer, deje que las provincias hagan lo suyo, y, si quiere, sume esfuerzos para que la minería sea una actividad defendida y protegida por las comunidades.