Al integrar un bloque unipersonal —si bien es aliado al oficialismo provincial—, el primer paso parlamentario para Córdoba será lograr el consenso necesario en el recinto para que el proyecto ingrese a comisión y comience su tratamiento legislativo.
Con la mirada en La Calera y el modelo de otras provincias
Si bien la propuesta tiene alcance para toda la provincia, Córdoba ideó el proyecto teniendo en cuenta la realidad de su propio departamento, Belgrano, y en particular la situación de la fábrica Cementos Avellaneda en la localidad de La Calera. Para su elaboración, el legislador tomó como referencia leyes vigentes en provincias con trayectoria minera como San Juan y Catamarca.
En diálogo con La Posta, el diputado Walter Córdoba explicó el espíritu de la iniciativa: «Presenté una ley muy similar a como funciona en las provincias mineras. Siempre se deja una parte para el municipio afectado».
Asimismo, el legislador señaló que el texto contiene especificaciones normativas profundas, pero resumió el objetivo central para la comunidad: «El proyecto es, en resumen, para que parte de las regalías mineras que paga la Cementera queden en la localidad bajo la modalidad de obras».
«Localidades netamente mineras de San Luis, tales como La Toma, Naschel o La Calera, presentan históricamente bajos índices poblacionales y niveles de vulnerabilidad socioeconómica que no se condicen con la magnitud de la riqueza que se extrae de sus suelos», remarca el texto entre sus fundamentos.
Los puntos centrales de la iniciativa
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Alícuota y base de cálculo: Se establece una regalía minera del 3% sobre el valor ‘Boca Mina’ del mineral extraído, transportado o acumulado, previo a cualquier proceso de transformación. Quedan eximidos de este pago los productores de carácter artesanal que tengan a su personal formalizado.
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Reparto de lo recaudado (Capítulo V): El monto percibido por la Provincia en concepto de regalías se distribuirá en tres partes:
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60% para Rentas Generales de la Provincia.
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30% de manera directa para la Municipalidad o Comisión Municipal donde se encuentre el yacimiento.
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10% para Vialidad Provincial.
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Exclusivo para obras e infraestructura: En sintonía con lo remarcado por el diputado, la ley prohíbe explícitamente que los municipios usen estos recursos para gastos corrientes. Los fondos deberán volcarse a proyectos estratégicos de desarrollo productivo, industrial, turístico, generación de empleo y construcción de viviendas en el departamento.
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Reparación de caminos: El 10% que recibirá Vialidad Provincial se dividirá en un 25% para tareas de control y preservación, y un 75% para la reparación y mantenimiento de los caminos y rutas dañados por la propia actividad minera.
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Inversión privada compensable: Las empresas mineras que ejecuten obras viales o energéticas de utilidad pública (con previa aprobación de la Cámara de Diputados) podrán compensar esa inversión con las regalías a abonar.
El debate parlamentario que se viene
El ingreso del proyecto en el sumario de esta semana marcará la primera prueba de fuego para la iniciativa. El debate promete reabrir la discusión sobre el reparto territorial de los recursos, la autonomía financiera de los municipios del interior y el impacto de las industrias extractivas en San Luis.