La entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil comienza a abrir un debate que excede a los tribunales y las fuerzas de seguridad. Los municipios también deberán analizar qué lugar ocuparán frente a un escenario en el que adolescentes desde los 14 años podrán quedar alcanzados por el sistema penal ante determinadas conductas delictivas.
En Orán, ese análisis ya comenzó. El intendente Baltasar Lara Gros y el secretario de Justicia, Javier Mónico, encabezaron una reunión de trabajo con funcionarios municipales, autoridades judiciales, representantes del ámbito penitenciario y otros actores vinculados con la problemática para evaluar las implicancias de la nueva normativa.
Infraestructura, espacios y recursos
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de anticipar qué infraestructura, espacios y recursos serán necesarios para atender el nuevo escenario. Pero detrás de esa discusión aparece una cuestión más amplia: qué capacidad tendrán los municipios para intervenir en una problemática que muchas veces comienza mucho antes de que un adolescente llegue al sistema judicial.
Violencia entre pares, situaciones de bullying, consumo problemático de sustancias, conflictos familiares, vulnerabilidad social y distintas formas de violencia forman parte de un universo que suele tener su primera manifestación en los barrios, las escuelas y los espacios comunitarios. Son situaciones frente a las cuales los municipios ya tienen algún grado de intervención, aunque con recursos humanos y presupuestarios acotados.
La ampliación del universo de adolescentes alcanzados por la responsabilidad penal juvenil obliga ahora a revisar esa articulación. El desafío no pasa solamente por disponer de lugares para alojar o contener a quienes ingresen al sistema, sino también por definir qué organismo interviene en cada instancia, cómo se trabaja en prevención y qué herramientas existen para evitar que las situaciones de vulnerabilidad terminen derivando en hechos delictivos.
En ese escenario, Orán parece haber dado el puntapié inicial para una discusión que deberá extenderse a otras comunas. La aplicación efectiva de la nueva ley demandará coordinación entre Justicia, seguridad, organismos provinciales, municipios y las áreas sociales que trabajan con adolescentes