El Gobierno de Mendoza adjudicó dos nuevas áreas de explotación petrolera en la provincia, El Manzano y Atamisqui, a las empresas Venoil S.A. y Petróleos Sudamericanos S.A., respectivamente. Las concesiones tendrán una duración de 25 años y contemplan compromisos de inversión que, en conjunto, superan los USD 45,9 millones durante los primeros diez años.
Las adjudicaciones fueron formalizadas mediante los Decretos 1884 y 1883, firmados el 7 de septiembre por el gobernador Alfredo Cornejo y publicados este viernes en el Boletín Oficial. Ambos procesos formaron parte de la licitación pública nacional e internacional convocada por Mendoza para distintas áreas hidrocarburíferas.
En el caso de El Manzano, la concesión quedó en manos de Venoil S.A., que había presentado la oferta considerada más conveniente por la Comisión de Adjudicación. La empresa comprometió una inversión de USD 30.975.000 durante los primeros diez años, con USD 23.525.000 previstos para el primer quinquenio y USD 7.450.000 para el segundo. Además, ofreció un pago inicial de USD 545.829,96 y una regalía del 7%.
El decreto establece que la concesión de El Manzano tendrá una vigencia de 25 años, contados desde el día siguiente a la publicación de la norma. Venoil deberá cumplir con el plan de explotación aprobado y presentar nuevos planes quinquenales con anticipación a los años 10, 15 y 20 de la concesión. El pago inicial deberá realizarse dentro de los 30 días corridos desde la vigencia de la concesión y su incumplimiento puede provocar la caducidad.
La segunda adjudicación corresponde al área Atamisqui, que quedó en manos de Petróleos Sudamericanos S.A. La empresa fue la única oferente para esa área y presentó un compromiso de inversión de USD 15.007.000 durante los primeros diez años: USD 7.580.000 para el primer quinquenio y USD 7.427.000 para el segundo.
La principal particularidad económica de esta concesión está en la regalía. Petróleos Sudamericanos ofertó una alícuota efectiva del 5%, resultado de la fórmula prevista en el proceso licitatorio: un 15% más una variable de -10%. El expediente señala que la empresa justificó la reducción a partir de sus proyecciones de producción, costos operativos y comerciales y el nivel de inversión previsto. Según el análisis incorporado al decreto, con esa regalía el Valor Actual Neto proyectado al final de la concesión resulta positivo, en USD 284 millones.
El Gobierno finalmente aprobó esa condición y estableció que Petróleos Sudamericanos deberá pagar mensualmente al Estado provincial una regalía del 5% sobre los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo y el gas natural. El pago inicial quedó fijado en USD 448.658, con posibilidad de solicitar el mecanismo de pago a prorrata previsto en el Decreto 2241/2025.
Más de USD 45 millones de inversión
Entre ambas concesiones, las empresas adjudicatarias asumieron compromisos de inversión por USD 45.982.000 durante los primeros diez años. El mayor desembolso corresponde a El Manzano, con casi USD 31 millones, mientras que Atamisqui contempla otros USD 15 millones.
Además de las inversiones, los contratos incorporan obligaciones vinculadas al denominado Compre Mendocino, por lo que las contrataciones realizadas por las empresas, sus contratistas y subcontratistas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el pliego provincial.
Los decretos también establecen garantías de fiel cumplimiento equivalentes al 10% del plan de inversiones. En ambos casos, la garantía podrá ejecutarse si la autoridad detecta un incumplimiento que represente el 20% del monto total comprometido y la empresa no regulariza la situación luego de ser intimada.
Las concesionarias deberán, además, cumplir con las obligaciones ambientales previstas en el pliego. Entre ellas figura la presentación de un Plan de Descarbonización, la prohibición del venteo de gas sin combustionar y la obligación de realizar tareas de saneamiento cuando corresponda.
En materia de pasivos ambientales, el tratamiento es diferente para cada área. En Atamisqui, los pasivos preexistentes que fueron individualizados en la documentación oficial quedarán a cargo de Petrolera El Trébol S.A., que había revertido recientemente el área, por lo que el nuevo concesionario queda eximido de su saneamiento.
El Gobierno también se reservó amplias facultades de fiscalización sobre ambas concesiones. La autoridad de aplicación podrá inspeccionar instalaciones y yacimientos sin aviso previo y solicitar la documentación e información que considere necesaria para controlar el cumplimiento de las obligaciones.
Finalmente, el incumplimiento del pago de las regalías comprometidas o del Plan Racional de Explotación puede derivar en la caducidad de la concesión. En ese caso, la norma establece que la empresa no tendrá derecho a reclamo o indemnización si no subsana el incumplimiento dentro del plazo otorgado