Los ediles expresaron el respaldo institucional del Concejo Deliberativo toayense y le solicitaron al Poder Ejecutivo y a los representantes legislativos pampeanos en el Congreso que adopten todas las medidas políticas, legislativas y judiciales respectivas para defender los derechos de La Pampa frente al decreto.
«Le solicitamos a Nación que deje sin efecto las disposiciones del Decreto que afecta a La Pampa en las regalías correspondientes a Los Nihuiles respectando los antecedentes jurídicos, institucionales e interjurisdiccionales existentes», sostuvieron al invitar a sus pares concejales de las diversas localidades de la provincia a sumarse al rechazo.
FUNDAMENTOS.
En los fundamentos, los concejales dijeron que la participación de La Pampa no constituye una concesión graciosa del Estado Nacional, sino que se encuentra vinculada a una historia de acuerdos, derechos y antecedentes jurídicos relacionados con el carácter interjurisdiccional del Río Atuel.
«El Río Atuel atraviesa el territorio de más de una provincia y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en 1987 su carácter de río interjurisdiccional. En el año 1992 el Estado Nacional, las Provincias de Mendoza y La Pampa celebraron un Acuerdo Interjurisdiccional, aprobado por las respectivas Legislaturas Provinciales y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la cláusula quinta de dicho acuerdo se estableció expresamente el compromiso del Estado Nacional, de la Provincia de Mendoza y/o de quien resultara propietario del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles de abonar a la Provincia de La Pampa las regalías correspondientes conforme a la Ley N.º 15.336 y al Decreto N.º 1560/1973. El Decreto N.º 982/2026 modifica unilateralmente dicho esquema y dispone que las regalías correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean abonadas en su totalidad a la Provincia de Mendoza. Esta decisión afecta directamente los recursos que corresponden a la Provincia de La Pampa y constituye un grave antecedente en materia de federalismo, respeto de los acuerdos interjurisdiccionales y reconocimiento de los derechos provinciales», argumentaron.
Y completaron: «Resulta preocupante que una decisión de esta naturaleza sea adoptada mientras continúa en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa vinculada a la controversia sobre las regalías de Los Nihuiles. El propio Decreto 982/2026 reconoce la existencia de dicha causa judicial y que su resolución corresponde al Poder Judicial de la Nación. La defensa de los recursos que corresponden a La Pampa debe constituir una política de Estado que trascienda las pertenencias partidarias por lo que el Concejo Deliberante de Toay, como institución representativa de la comunidad, no puede permanecer indiferente ante una medida que afecta los intereses económicos y los derechos históricos de nuestra Provincia»