El Ejecutivo proyecta gastos por $2,74 billones y recursos por $2,60 billones, con un déficit de casi $138 mil millones. El proyecto incorpora restricciones al empleo público, cambios tributarios y deuda para obras.
El Gobierno de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, una iniciativa atravesada por la restricción financiera, el control del gasto y la necesidad de garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
El proyecto contempla gastos por $2,743 billones frente a recursos estimados en $2,605 billones, lo que genera un déficit financiero de $137.955,8 millones, equivalente a aproximadamente el 5% de las erogaciones previstas.
Para cubrir esa diferencia, el Ejecutivo proyecta $276.953,7 millones de fuentes financieras y $138.997,9 millones de aplicaciones financieras. Además, el resultado económico también es negativo: alcanza los $54.651 millones, lo que significa que los ingresos corrientes no serían suficientes para cubrir la totalidad de los gastos corrientes.
Uno de los principales aspectos del proyecto es que el crédito presupuestario no implicará automáticamente la ejecución del gasto. Durante 2027, el Ministerio de Economía podrá administrar las autorizaciones de gasto de acuerdo con el comportamiento efectivo de la recaudación y la disponibilidad de caja.
De esta manera, los $2,74 billones previstos como gasto funcionan como un techo, mientras que el nivel efectivo de ejecución quedará sujeto a los recursos que ingresen durante el año.
El escenario macroeconómico utilizado para elaborar el proyecto contempla una inflación interanual del 21,5%, un crecimiento real del 3,2% y un tipo de cambio de referencia de $2.017 por dólar a diciembre de 2027.
Para los salarios públicos, en tanto, se toma como punto de partida la masa salarial estimada para diciembre de 2026, con un crecimiento vegetativo del 4%, sin incorporar inicialmente ajustes adicionales vinculados con la inflación.
El empleo público es otro de los ejes centrales del proyecto. El Presupuesto fija 11.450 cargos de planta permanente y no permanente para el Poder Ejecutivo, sin incluir docentes, además de 700 autoridades superiores. Para el sistema educativo se contemplan 6.950 cargos docentes y hasta 1.008.000 horas cátedra.
En total, entre la planta del Ejecutivo y el escalafón docente se autorizan 18.400 cargos.
El proyecto establece además el congelamiento durante 2027 de las vacantes existentes al cierre de 2026 y de aquellas que se produzcan posteriormente. La cobertura sólo podrá autorizarse en determinadas excepciones vinculadas con servicios prioritarios y siempre que exista disponibilidad de recursos.
A esto se suma la creación de un régimen de retiro voluntario destinado a agentes permanentes con al menos diez años de antigüedad.
Quedan exceptuados médicos y otros profesionales sanitarios, policías y penitenciarios. El mecanismo podrá alcanzar hasta el 5% de los cargos, mientras que los puestos correspondientes a los agentes que adhieran serán eliminados y no podrán volver a utilizarse.
El proyecto también establece restricciones para determinados regímenes de pensiones. Para el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) se asignan $38.351,8 millones y se fija un máximo de 2.050 beneficiarios.
Las nuevas altas sólo podrán producirse a medida que se liberen cupos por bajas o caducidad de beneficios.
En el caso de las pensiones correspondientes a veteranos de la Guerra de Malvinas, el proyecto establece un máximo de 266 beneficiarios, garantizando los recursos necesarios para afrontar sus pagos.
El Presupuesto contempla además la posibilidad de recurrir a nuevo endeudamiento para financiar obras de infraestructura. El Ejecutivo solicita autorización para obtener hasta $50.000 millones de financiamiento, que deberán destinarse exclusivamente a infraestructura.
Entre las obras mencionadas aparecen la segunda etapa del nuevo Hospital Regional Ushuaia, la refuncionalización del Hospital Regional Río Grande, Barrancas del Río Pipo, centros de salud, redes de electricidad, agua, cloacas y gas, infraestructura educativa, residencias para adultos mayores y un nuevo centro destinado a personas con discapacidad.
Sin embargo, la incorporación de estas obras al Presupuesto no garantiza por sí misma su ejecución. El avance dependerá de la obtención efectiva de los recursos financieros.
El proyecto también fija en $100.000 millones el Programa de Letras del Tesoro y habilita al Ejecutivo a recurrir a financiamiento de hasta doce meses para atender desequilibrios estacionales de caja, con un límite equivalente al 10% del gasto del ejercicio.
Uno de los capítulos con mayor impacto sobre los ingresos provinciales es el referido a los impuestos. El proyecto propone suspender durante 2027 las reducciones de Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores. Actualmente, el régimen contempla descuentos del 15% o del 8% para quienes mantienen regularidad fiscal.
De aprobarse la modificación, esos contribuyentes pasarían a pagar el 100% del impuesto determinado. Además, el Ejecutivo quedaría facultado para prorrogar la suspensión durante otro año.
El proyecto también modifica distintas alícuotas, aunque no establece un incremento generalizado de Ingresos Brutos.
En el caso de la extracción de petróleo y gas, la alícuota de Ingresos Brutos baja del 3% al 1,5%. Como el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS) permanece en 1,5%, la carga conjunta de ambos conceptos pasaría del 4,5% al 3%.
Los mayores incrementos aparecen en distintas actividades alcanzadas por el FFSS. Los servicios agrícolas, pecuarios y forestales pasarían a tributar un 4,25% por ese fondo, que se suma al 0,75% de Ingresos Brutos y lleva la carga conjunta al 5%.
En los servicios de apoyo a la pesca, Ingresos Brutos permanece en 0,25%, pero el FFSS aumenta del 0,50% al 4,75%, llevando la carga total del 0,75% al 5%.
Para los servicios de apoyo a la minería, excluidos petróleo y gas, el FFSS sube del 1,50% al 2%, con una carga conjunta del 5%.
A estas modificaciones se suma el FOFISP, con impacto sobre determinadas actividades y particularmente sobre el sector financiero y asegurador
El proyecto también plantea modificaciones en el Impuesto de Sellos. Entre ellas, establece una alícuota de cero por ciento para los alquileres destinados a vivienda única, familiar y permanente.
En cambio, determinados alquileres con destino comercial, industrial o primario quedarían alcanzados por una tasa del 15 por mil.
Además, la AREF deberá transferir a la Cuenta Única del Tesoro el 4,20% de la recaudación incremental que se genere como consecuencia de las reformas tributarias.
Otro de los cambios relevantes está relacionado con el financiamiento del Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social. El proyecto dispone que este fondo reciba automáticamente el 7% de todo lo recaudado por Ingresos Brutos antes de la distribución secundaria.
La medida le otorga una fuente de financiamiento estable al sistema de salud, aunque al mismo tiempo reduce la masa de recursos disponible para distribuir entre la Provincia y los municipios.
También se propone afectar el 20% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.
De ese porcentaje, un 10% será destinado a Vialidad Provincial, exclusivamente para el mantenimiento de caminos y sin posibilidad de utilizarlo para salarios; un 5% irá al Programa de Manejo de Poblaciones de Perros y otro 5% al Programa de Incendios Forestales.
El proyecto de Presupuesto Provincial 2027 combina una serie de medidas destinadas a enfrentar un escenario financiero restrictivo: déficit de casi $138 mil millones, control de caja, congelamiento de vacantes, retiro voluntario, límites a determinados regímenes de pensiones, cambios tributarios y nuevo endeudamiento para infraestructura.
El Ejecutivo reconoce una estructura de gastos con un elevado componente rígido, principalmente vinculado con salarios, servicios esenciales, transferencias, contratos y obligaciones financieras.
En paralelo, advierte sobre la pérdida o discontinuidad de programas, obras y transferencias que anteriormente contaban con financiamiento nacional.
Así, el Presupuesto 2027 plantea un escenario en el que la disponibilidad efectiva de recursos será determinante. Las obras y programas podrán estar contemplados en las autorizaciones presupuestarias, pero su ejecución quedará condicionada al ingreso efectivo de fondos durante el año.
La discusión que ahora comienza en la Legislatura provincial estará atravesada por el desafío de compatibilizar las necesidades de funcionamiento del Estado, el financiamiento de obras y servicios esenciales y un escenario de déficit y fuerte presión sobre las cuentas públicas