La presentación fue realizada contra autoridades directivas y funcionarios vinculados a Camyen y cuestiona las actuaciones administrativas relacionadas con la adjudicación, licitación y/o concesión de esas áreas. La denunciante sostiene que ambos sectores estarían comprendidos dentro de zonas alcanzadas por restricciones para la actividad minera previstas por la Ley Provincial 5070.

De acuerdo con la denuncia, pese a esas limitaciones, se habrían otorgado derechos de exploración sobre determinados polígonos. La presentación plantea que quienes intervinieron en estos procedimientos podrían haber conocido previamente las restricciones legales y, aun así, haber avanzado con las actuaciones.

La denunciante pide que se investigue si esas conductas podrían constituir incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad u otros delitos que pudieran surgir durante la investigación. También advierte sobre una eventual afectación ambiental.

Para determinar qué ocurrió, solicitó que se incorporen los expedientes administrativos y documentación vinculada con las concesiones. Entre otras medidas, pidió informes al Juzgado de Minas, al Ministerio de Minería, a la autoridad ambiental y a Camyen sobre los titulares de los derechos, estudios de impacto ambiental, autorizaciones y mecanismos de participación realizados.

La presentación ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades y si corresponde establecer responsabilidades