La iniciativa, impulsada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo, había sido sancionada antes del receso invernal con mayoría agravada. Luego fue vetada en su totalidad mediante el Decreto N.º 169/2026. Ante esa decisión, el Concejo volvió a tratar la norma y este 27 de agosto la ratificó con el voto de los cinco concejales.
El eje de la ordenanza no está en crear nuevos impuestos ni en aumentar los existentes, sino en establecer un mecanismo que permita saber con mayor precisión qué sucede con los recursos que los vecinos pagan en concepto de tasas municipales.
La norma parte de una premisa concreta: si el Municipio cobra una tasa, derecho o contribución vinculada con una determinada actividad o servicio, debe ser posible identificar cuánto recauda y verificar cómo esos recursos son utilizados para sostener y mejorar precisamente las funciones que justifican su cobro.
En términos prácticos, el sistema apunta a que el vecino pueda conocer cuánto dinero ingresa por cada concepto, a qué función queda afectado, cuánto se utiliza, en qué se utiliza y qué saldo permanece disponible.
Un mecanismo contra los aumentos sin explicación
La decisión del Concejo de El Chaltén adquiere una relevancia particular frente a una práctica que se observa en distintos municipios de Santa Cruz: la actualización o incremento de tasas municipales sin que siempre resulte sencillo para el contribuyente conocer cuánto se recauda mediante cada tributo, cuál es el costo del servicio que se financia y cuál es el destino concreto de esos recursos.
La ordenanza aprobada en El Chaltén plantea un criterio diferente: antes que discutir solamente cuánto paga el vecino, establece la necesidad de transparentar qué hace el Estado municipal con lo que recauda.
La trazabilidad permite así vincular el ingreso con su destino. De ese modo, una tasa vinculada a un determinado servicio no se diluye completamente dentro del presupuesto general, sino que mantiene una identificación que facilita el seguimiento y el control.
La norma no crea presupuestos paralelos ni fondos por fuera de la administración municipal. Los recursos continúan formando parte del Presupuesto General y quedan sujetos a registración, rendición y control.
Para el Municipio, el mecanismo también puede convertirse en una herramienta de planificación, al permitir conocer con mayor precisión los recursos disponibles para sostener servicios, realizar mantenimiento, adquirir equipamiento o programar inversiones.
Para el Concejo Deliberante, en tanto, fortalece la función de control sobre las cuentas públicas. Ya no se trata solamente de conocer cuánto gastó el Municipio, sino también de poder reconstruir de dónde provino el dinero y cuál fue el destino de los recursos.
Y para los vecinos, el principio es directo: si existe una obligación de pagar una tasa municipal, debe existir también la posibilidad de verificar qué servicio, obra o función pública se sostiene con ese aporte.
El antecedente político del veto
La ordenanza había sido aprobada originalmente por el Concejo antes del receso invernal, pero el Departamento Ejecutivo Municipal decidió vetarla en su totalidad. El veto ingresó formalmente al cuerpo legislativo y dio lugar a un nuevo expediente para insistir con la sanción.
La votación de este jueves terminó superando incluso el respaldo obtenido en la primera oportunidad: los cinco integrantes del Concejo Deliberante votaron a favor de insistir con la norma.
El resultado le otorga un particular peso institucional a la decisión. No se trata solamente de la aprobación de una ordenanza, sino de la ratificación unánime de un criterio sobre cómo deben administrarse y controlarse los recursos que aportan los contribuyentes.
En una provincia donde los aumentos de tasas municipales son un tema recurrente, El Chaltén establece con esta norma un principio que trasciende la discusión sobre los porcentajes: cuánto se cobra, cuánto se recauda y qué se hace con ese dinero deben poder ser comprobados.
La idea que atraviesa la ordenanza puede resumirse en una secuencia sencilla: qué se cobra, cuánto se recauda, dónde se aplica y qué servicio recibe la comunidad a cambio.
Ese es el mecanismo de trazabilidad que, tras el veto del Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante decidió ratificar por unanimidad
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