ARCA puso en funcionamiento los trámites para que pymes puedan acceder a beneficios tributarios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida era esperada por proveedores mineros.
En paralelo, un proyecto presentado en el Senado propone organizar una política específica para empresas de bienes y servicios mineros ante el crecimiento esperado del sector.
Por SABRINA PONT Clarín
La articulación entre jurisdicciones o el acceso a los procesos de contratación, según los proveedores, requieren herramientas específicas.
La expansión prevista de la minería argentina comenzó a acelerar una discusión sobre cómo preparar a la industria nacional para atender una demanda de bienes y servicios que crecerá durante la próxima década. El proceso no parte de cero; ya existen empresas que trabajan para la minería y también hay instrumentos generales de promoción productiva que pueden ser aprovechados por el sector.
Una de esas herramientas quedó operativa este martes: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en funcionamiento el sistema para tramitar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a pequeñas y medianas empresas que incorporen bienes de capital o realicen obras productivas.
La medida fue instrumentada mediante la Resolución General 5889/2026, publicada en el Boletín Oficial y contempla la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA. Alcanza inversiones que, según la categoría de la empresa, van desde aproximadamente US$150.000 hasta US$9 millones.
No es un régimen específicamente minero ni establece preferencias para esa actividad, pero sí era esperado por el sector que reclamaba beneficios concretos para poder ser competitivos. Otras cuestiones, vinculadas con la articulación entre jurisdicciones o el acceso a los procesos de contratación, según los proveedores, requieren herramientas específicas.
En ese segundo plano se ubica el proyecto de ley presentado por el senador catamarqueño Flavio Fama para crear un Régimen Federal de Promoción de la Competitividad e Internacionalización de los Proveedores Mineros Argentinos para «para coordinar políticas entre la Nación y las provincias».
La iniciativa no incorpora beneficios fiscales, tampoco establece cupos obligatorios, reservas de mercado ni preferencias automáticas para empresas argentinas. Su objetivo es generar un marco de gobernanza que permita coordinar políticas, identificar obstáculos y facilitar el ingreso de los proveedores a las cadenas de contratación.
Entre sus principales puntos figura la creación de un Registro Nacional de Proveedores Mineros Argentinos, una Ventanilla Única Digital para centralizar y simplificar trámites y un Índice Nacional de Competitividad.
La discusión tiene como contracara las políticas provinciales que buscan reservar empleo y contrataciones para los territorios donde están ubicados los yacimientos.
La iniciativa de Fama, vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, busca que las empresas argentinas puedan abastecer proyectos ubicados en diferentes jurisdicciones, aunque reconoce expresamente el dominio provincial sobre los recursos naturales y las competencias locales en materia minera, ambiental y territorial.
“El objetivo es que nuestros proveedores puedan competir en condiciones razonables, no cerrar el mercado”, afirmó Fama, quien además dijo que su iniciativa incluye una estrategia para que los proveedores no se limiten al mercado interno y puedan exportar servicios, equipamiento y tecnología.