Tiene RIGI de US$ 9.700 millones: qué le piden Nación, provincia y municipios antes de construir la mina

Tener el RIGI no significa tener resuelto un proyecto. Para avanzar con una inversión superior a US$ 9.700 millones para construir uno de los mayores proyectos de cobre del mundo, los directivos de Vicuña, la empresa que tiene de accionistas a la gigante australiana BHP y la canadiense Lundig Mining, debieron sentarse en las últimas dos semanas —fotos incluidas— con autoridades de la Nación, la provincia de San Juan y los municipios de su área de influencia.

Cada mesa tiene una competencia diferente. Pero también pedidos, negociaciones y contraprestaciones propias. Con Nación, Vicuña obtuvo el RIGI y el encuadre como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, además de la prioridad para utilizar la futura línea eléctrica de 500 kV que necesita para operar.

A cambio, el Gobierno pone sobre la mesa los números que justifican el régimen: más de US$ 2.600 millones anuales de exportaciones y decenas de miles de empleos directos e indirectos proyectados.

Con San Juan, la negociación fue distinta. La provincia firmó un convenio, que aún debe aprobar la Legislatura local, que estabiliza las regalías en el 3% de la facturación bruta durante toda la vida útil del proyecto —que podría extenderse por 70 años— y compromete a la compañía a aportar, además, otro 1,5% a un fideicomiso provincial. Lo novedoso del acuerdo es que, antes de producir un solo kilo de cobre, Vicuña adelantará US$ 250 millones de ese futuro flujo para financiar obras viales, hídricas y de saneamiento.

Pero el recorrido tampoco termina allí. Cuando se baja otro escalón, aparecen Jáchal e Iglesia, los dos departamentos que Vicuña considera dentro de su área de influencia más directa (le dicen, por eso, «de anillo 1»). Ahí la relación con la empresa no pasa por una negociación puntual, sino por mesas de trabajo periódicas, en el marco del vínculo habitual entre la compañía y las comunas.

En Jáchal, en el último encuentro se definió una agenda técnica de trabajo conjunto. Según informó el municipio, para eso se analizaron e incluyeron, por ejemplo, proyectos de defensas aluvionales, planteados como medida de protección para los asentamientos y las áreas productivas ante contingencias climáticas.

También, en ese marco, se habló de iniciativas para optimizar el manejo del agua de riego para la actividad agrícola y la eficiencia hídrica regional, y además se trató un proyecto educativo con el fin de «alinear la formación académica con las necesidades de desarrollo que presenta el proyecto». Vicuña mantiene además encuentros frecuentes con el intendente y autoridades de Iglesia y, por su paso por la zona, también trabaja con la comunidad de Guandacol, en La Rioja.

Es decir, mientras la compañía compromete US$ 250 millones para un fondo provincial destinado a infraestructura, en los municipios se sigue trabajando, mesa a mesa, sobre necesidades de obras y desarrollo vinculadas al desembarco del mismo proyecto.

No necesariamente son reclamos superpuestos. Una defensa aluvional en Jáchal no es lo mismo que una ruta provincial ni una línea de alta tensión. Tampoco tienen Nación, San Juan y los municipios las mismas responsabilidades. Pero para la empresa forman parte de una misma cuenta: todo lo que debe resolver para transformar un yacimiento en una mina.

Ahí aparece una de las particularidades de las grandes inversiones mineras en la Argentina. El RIGI puede concentrar beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros y otorgar estabilidad de largo plazo, pero no puede concentrar las competencias de un país federal.

NE