La norma dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022 relacionadas con transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental.
Según el Gobierno, la decisión se enmarca en la Ley Bases y busca simplificar estructuras, mejorar la eficiencia administrativa y reducir gastos.
Qué normas fueron derogadas
La Resolución 64/2026 dejó sin efecto ocho normas previas.
Entre ellas se encuentran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, vinculadas a transferencias de fondos; la 36/2020, sobre el Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria; y la 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
También fueron derogadas la Resolución 138/2020, que creó una mesa para analizar importaciones; la 255/2021, que estableció la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas; y las resoluciones 50/2022 y 53/2022.
Esta última había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.
Los convenios vigentes continuarán
La derogación no afectará los derechos y obligaciones surgidos de convenios ya firmados.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, cuando corresponda, acciones de recupero.
El Gobierno sostuvo que algunas de las funciones eliminadas serán reemplazadas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
La medida se produce en un contexto de fuerte expectativa por el crecimiento de la minería argentina, principalmente en torno al litio, el cobre, el oro y la plata.
La Resolución 64/2026 comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.
Fuente: Ámbito