La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, apuntó al pedido de Pablo Grasso de que se derogue el aporte a la intransferibilidad de la Caja que fija la ley 2401. También aclaró la aplicación de la ley 1782 y marcó: “El trabajador tuvo la voluntad de pagar; el que está en falta es el empleador que no la transfiere”, afirmó.
La explicación surgió a partir de una consulta periodística y permitió precisar un aspecto central de la discusión sobre los recursos municipales y el sostenimiento del sistema previsional santacruceño.
Elmiger explicó cómo se calcula el aporte de los municipios
La ministra de Gobierno señaló que el 20% previsto por la Ley 2401 se detrae de la masa coparticipable provincial antes de realizar la distribución entre los municipios.
Por ese motivo, aclaró que los municipios no aportan directamente ese 20%, sino que el aporte efectivo que realizan sobre los recursos que reciben por coparticipación provincial representa, para ellos un 7%.
Pero Elmiger diferenció, claramente, este mecanismo de las obligaciones establecidas por la Ley 1782, que contempla los aportes personales de los trabajadores y las contribuciones patronales que deben ingresar los organismos empleadores.
En este punto, puso especial énfasis en los descuentos que se realizan directamente sobre los salarios municipales.
“El trabajador tuvo la voluntad de pagar, porque se le hizo la retención. El que está en falta es el empleador que no la transfiere”, afirmó.
“Si no quieren seguir aportando, deben sincerarse y dirigirse a la Legislatura”
La ministra planteó además que, si existe una intención de modificar el esquema vigente de sostenimiento de la Caja de Previsión Social, esa discusión debe darse en el ámbito institucional correspondiente.
En ese sentido, fue contundente:
“Si el intendente o los intendentes ahora no quieren seguir aportando para que el sistema siga siendo santacruceño, deben sincerarse y dirigirse a la Legislatura”.
De esta manera, Elmiger remarcó que cualquier modificación del régimen previsional y del esquema de coparticipación no puede resolverse unilateralmente, sino que debe ser debatida en el ámbito legislativo