Redacción El Zonda, Especial para Diario El Zonda
La jueza Adriana Tettamanti consideró que el Concejo Deliberante de Angaco vulneró el derecho de defensa de Andrés Mariano Olivera al suspenderlo sin darle posibilidad de descargo. El cuerpo legislativo apeló el fallo y busca que se mantenga la sanción, mientras además reclama la devolución de unos 1.500.000 pesos percibidos por el edil.
La Justicia volvió a poner bajo la lupa la decisión del Concejo Deliberante de Angaco que, en octubre de 2024, suspendió sin goce de haberes al concejal Andrés Mariano Olivera. En un fallo notificado el 4 de agosto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, declaró la nulidad de la resolución legislativa al entender que no se garantizó el derecho de defensa. La definición judicial no cerró el conflicto: el cuerpo deliberativo apeló la sentencia y ratificó su postura de que la sanción fue válida.
El pronunciamiento judicial tiene impacto institucional porque cuestiona el procedimiento seguido por el Concejo y no sólo el contenido de la medida. Según la resolución, antes de aplicar una suspensión con quita de haberes, el órgano debió permitir que Olivera ejerciera su defensa, presentara descargo y ofreciera prueba. Para la magistrada, esa omisión torna nulo el acto administrativo. La decisión, sin embargo, quedó ahora en instancia de revisión por la apelación presentada por el presidente del cuerpo, Alberto de los Ríos, y por el secretario Roberto López, a través del abogado Leonel García.
La discusión excede el plano estrictamente administrativo y refleja la tensión política que atraviesa al Concejo. Olivera, alineado con el oficialismo provincial pero en oposición al intendente José Castro, quedó en el centro de una pulseada que ya venía marcada por diferencias internas. La suspensión se produjo en un contexto de fuerte división, que se profundizó cuando el edil se opuso al acuerdo impulsado por el cuerpo y el Ejecutivo para beneficiar a Castro en otra causa judicial. En esa votación, la concejal Gloria Herrera se abstuvo, y el recinto quedó partido.
La resolución cuestionada dispuso una suspensión por cuatro sesiones, casi un mes, sin goce de haberes, con excepción de prestaciones alimentarias para hijos menores y salario familiar. De acuerdo con lo que surge del expediente, el monto involucrado rondó los 1.500.000 pesos. Ese dinero había sido descontado en un primer momento, pero luego fue restituido a partir de una medida cautelar. Ahora, el Concejo sostiene que, si el fallo es revertido, Olivera debería reintegrar esas sumas.
La disputa judicial también deja en evidencia las consecuencias políticas de un conflicto que no se limita a la suspensión del edil. En paralelo, existe una causa penal en la que fueron denunciados Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, junto con el intendente José Castro, en una investigación por presunto abuso de autoridad y encubrimiento. Esa causa está vinculada con el acuerdo que buscaba desvincular a Castro de otra investigación por el presunto uso de maquinaria y personal municipal de Angaco para realizar tareas en un terreno privado en Chimbas. En ese escenario, el fallo sobre Olivera no sólo reabre una discusión jurídica, sino que vuelve a exponer la fragilidad de la convivencia política en el departamento.
El propio Olivera también denunció al intendente por presuntas amenazas tras una audiencia judicial, hecho que fue radicado en la Comisaría 20 de Angaco y que, según fuentes oficiales, tuvo un avance preliminar de investigación. Así, el conflicto institucional suma frentes abiertos y mantiene en tensión la relación entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, con derivaciones que todavía están lejos de resolverse