Ricardo Arriazu dejó en Mendoza una definición que resume el cambio económico en marcha: la Argentina puede ingresar, por primera vez en mucho tiempo, en una etapa en la que sobren dólares.
La afirmación no nació del entusiasmo político ni de una expectativa abstracta. Arriazu llegó a esa conclusión después de revisar varias veces sus propias estimaciones sobre el comercio exterior. Primero calculó un saldo positivo de US$11.500 millones. Después lo elevó a US$13.500 millones, luego a US$20.000 millones, más tarde a US$25.000 millones y finalmente a US$27.000 millones.
Cada corrección fue hacia arriba. No es un detalle menor en un país acostumbrado a corregir pronósticos para explicar por qué las cosas terminaron peor de lo previsto.
La combinación de Vaca Muerta, el agro y el inicio de una nueva etapa minera empieza a modificar la oferta de divisas. El país que durante décadas vivió pendiente de conseguir dólares para importar, producir y pagar sus compromisos puede comenzar a generarlos en cantidades suficientes.
Ese cambio le da sustento al programa económico del Gobierno. La disciplina fiscal dejó de ser una consigna de campaña y pasó a constituir el punto de partida de la estabilización. Sin emisión para financiar el déficit y con una balanza comercial robusta, la economía empieza a recuperar algo que había perdido hacía demasiado tiempo: un principio de orden.
Devaluar para volver al mismo lugar
Arriazu también fue claro sobre el tipo de cambio. Rechazó la idea de que una nueva devaluación sea la solución para los problemas de competitividad.
En una economía como la argentina, el aumento nominal del dólar se traslada rápidamente a los precios. El supuesto beneficio para los exportadores dura poco; la caída del salario real queda. Al cabo de algunos meses, el país vuelve a discutir exactamente lo mismo, pero con más inflación, menos consumo y una población más pobre.
La Argentina conoce bien esa secuencia. Devaluar, trasladar el salto cambiario a precios, recuperar parcialmente los ingresos y volver a reclamar otra corrección. Un círculo que durante años fue presentado como política económica.
El superávit comercial proyectado por Arriazu contradice la idea de que el tipo de cambio actual impide exportar. Si el país puede alcanzar un saldo positivo de US$27.000 millones, el problema no parece ser una falta generalizada de competitividad cambiaria.
La presión sobre el dólar proviene, en buena medida, del ahorro privado. Los argentinos compraron cerca de US$40.000 millones durante el año anterior y la demanda mensual se mantendría dentro de un rango de US$1.700 millones a US$2.300 millones.
No se trata de reprocharle esa conducta al ahorrista. Después de décadas de inflación, confiscaciones, defaults y cambios permanentes de reglas, comprar dólares fue una forma elemental de defensa patrimonial.
Pero el fenómeno demuestra dónde está la verdadera tarea pendiente: reconstruir la confianza en la moneda y en las instituciones. El dólar dejará de ser la única reserva de valor cuando los argentinos comprueben que el equilibrio fiscal no depende de una elección, que el Banco Central no volverá a financiar al Tesoro y que el próximo gobierno no desarmará lo que comenzó el anterior.
Esa confianza no se decreta. Se acumula.
La estabilidad todavía no llegó plenamente al crédito
Arriazu no presentó un escenario sin problemas. Su diagnóstico señaló una falla concreta en el sistema financiero: una parte demasiado grande de los fondos bancarios permanece inmovilizada o se dirige al financiamiento público, en lugar de convertirse en préstamos para empresas y familias.
Los encajes alcanzarían aproximadamente el 40% de los depósitos a la vista y se ubicarían entre el 15% y el 20% en los depósitos a plazo fijo. El costo termina reflejándose en tasas activas elevadas y en una oferta de crédito todavía reducida.
Según las cifras expuestas, de cada peso captado por los bancos apenas unos 20 centavos se destinan al crédito comercial y al consumo. Los 80 centavos restantes quedan afectados por exigencias regulatorias o canalizados hacia instrumentos públicos.
Allí aparece una de las próximas tareas del programa económico. La estabilización no puede detenerse en la baja de la inflación. Tiene que abrir el camino para que el ahorro financie producción, viviendas, maquinaria y capital de trabajo.
Sin crédito privado, la construcción tarda en reaccionar, las pymes postergan inversiones y las familias continúan alejadas de la vivienda propia. No porque el equilibrio fiscal haya fracasado, sino porque todavía no completó su recorrido.
Durante años, el Estado absorbió prácticamente todo el financiamiento disponible para sostener un déficit permanente. La economía privada quedó relegada. Revertir ese proceso lleva tiempo: primero hay que ordenar las cuentas públicas; después, liberar recursos para quienes producen.
Pretender abundancia inmediata de crédito sin haber consolidado la estabilidad sería volver a la vieja receta: estimular artificialmente la demanda, emitir dinero y esperar que la inflación aparezca unos meses después.
Una economía nueva, con empleos diferentes
La frase más inquietante de Arriazu fue también la más honesta: pueden sobrar dólares y faltar empleo.
Los sectores que lideran el nuevo ciclo —energía, minería y agroindustria moderna— tienen gran capacidad exportadora, pero no emplean trabajadores en la misma proporción que la industria protegida, el comercio o la construcción. Son actividades intensivas en capital, tecnología e infraestructura.
Eso no significa que el nuevo modelo destruya trabajo por definición. Significa que el empleo no surgirá en los mismos lugares, con las mismas calificaciones ni bajo las mismas condiciones que en el esquema anterior.
Durante décadas, una parte del mercado laboral se sostuvo mediante restricciones a las importaciones, subsidios, tipos de cambio múltiples y protección indefinida. El resultado fue una economía cerrada, con bienes caros, baja productividad y una escasez de dólares que reaparecía en cada recuperación.
Ese sistema podía conservar determinados puestos durante un tiempo, pero no generaba una base sostenible de crecimiento. Tarde o temprano llegaban la devaluación, la inflación y la caída del salario.
La apertura obliga ahora a distinguir entre empresas competitivas que necesitan crédito y tiempo para adaptarse, y estructuras que sólo podían sobrevivir trasladando sus costos al consumidor. La transición será exigente. Negarlo sería tan irresponsable como utilizar cada dificultad para reclamar el regreso al modelo que produjo el estancamiento.
El desafío oficial será acelerar la inversión, reducir el costo financiero y facilitar la incorporación de trabajadores a los sectores que están creciendo. Vaca Muerta, la minería, la agroindustria, la logística, la construcción de infraestructura y los servicios profesionales pueden ampliar su demanda laboral, pero requieren capacitación y movilidad.
No es empleo que llega por decreto. Surge cuando alguien invierte.
El riesgo del péndulo argentino
Para Arriazu, la principal amenaza no está en la falta de recursos ni en la capacidad técnica de la economía. Está en la posibilidad de que la Argentina vuelva a cambiar de dirección.
El economista describió ese problema como el “riesgo péndulo”: la alternancia entre períodos de disciplina fiscal y apertura, seguidos por nuevos ciclos de déficit, controles, intervencionismo y aislamiento.
Los inversores no observan solamente las cuentas actuales. También intentan calcular qué ocurrirá después de la próxima elección. Un proyecto energético o minero puede requerir diez, veinte o treinta años para recuperar su inversión. Ninguna empresa comprometerá miles de millones de dólares si teme que el siguiente gobierno cambie los impuestos, restrinja las exportaciones o altere los contratos.
Por eso el riesgo país no depende únicamente del dinero disponible para pagar una obligación. También expresa una duda política: si la Argentina mantendrá su palabra.
El actual programa económico comenzó a responder esa pregunta con equilibrio fiscal, desregulación y marcos como el RIGI. Pero la credibilidad definitiva llegará cuando esas reglas logren sobrevivir a varios turnos electorales.
La continuidad no implica renunciar a la discusión democrática. Significa aceptar algunos límites elementales: no gastar de manera permanente más de lo que ingresa, no financiar el déficit con emisión, respetar los contratos y no convertir cada cambio de gobierno en una refundación económica.
La posibilidad de crecer al 5,5%
La proyección más ambiciosa de Arriazu fue una tasa de crecimiento cercana al 5,5% anual, condicionada al mantenimiento de la disciplina fiscal, el superávit comercial y la previsibilidad institucional.
Sostener ese ritmo durante varios años cambiaría la escala de la economía argentina. Aumentaría la inversión, ampliaría la recaudación sin subir impuestos y permitiría recuperar ingresos reales sobre una base más sólida que el consumo financiado con emisión.
No es una promesa automática. Los recursos naturales no reemplazan las buenas políticas. Venezuela tiene petróleo y empobreció a su población. La Argentina posee una de las mayores dotaciones de recursos del mundo y pasó más de una década sin crecer.
La diferencia la hacen las instituciones, la estabilidad y la decisión de no volver a los mismos errores.
La charla de Arriazu dejó una mirada optimista, pero sin ingenuidad. El país cuenta con dólares genuinos, energía, alimentos, minerales y capacidad empresarial. El Gobierno consiguió ordenar una macroeconomía que parecía imposible de controlar y empieza a construir las condiciones para una etapa de expansión.
Falta crédito. Falta inversión. Falta que el empleo y el consumo reflejen con mayor claridad la estabilización.
Pero esta vez la discusión ya no parte del borde de una crisis. Parte de una balanza comercial que podría dejar US$27.000 millones y de sectores exportadores con capacidad para crecer durante las próximas décadas.
La oportunidad está abierta. Lo decisivo será no volver a cerrar la puerta.