¿Lagos, glaciares y agua dulce sin freno para el capital extranjero? El Senado define el futuro de la tenencia de las tierras en Patagonia.
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El Congreso argentino atraviesa uno de los debates más sensibles del año en materia territorial. Dentro del paquete de reformas impulsado por el Gobierno bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un capítulo específico busca modificar de manera profunda la Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011. La discusión, lejos de agotarse en tecnicismos legislativos, pone en juego el control sobre recursos estratégicos de la Patagonia: agua dulce, glaciares, litio y tierras raras.
¿Qué establece la ley vigente? La normativa actual fija un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como en cada jurisdicción provincial. Además, impone un límite individual de 1.000 hectáreas por persona o empresa extranjera y prohíbe la adquisición de inmuebles rurales que contengan cuerpos de agua de envergadura o se ubiquen en zonas de frontera.
Por otro lado, la pregunta clave es: ¿Qué cambia el nuevo proyecto? El texto que avanza en el Senado conserva la estructura formal de la ley, pero vacía su contenido central. A través de un puñado de artículos, elimina el límite del 15% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y traslada esa potestad regulatoria a cada provincia. La única figura que mantiene alguna restricción es la compra directa por parte de Estados extranjeros, en un contexto de preocupación creciente por el avance de inversiones vinculadas a China.
La reforma también contempla derogar el artículo que hoy impide a extranjeros acceder a tierras ribereñas o que contengan cuerpos de agua relevantes. Esta modificación cobra particular relevancia porque se tramita en simultáneo con la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), que delega en las provincias la autorización de actividades extractivas en ambientes periglaciales.
El peso específico de la Patagonia
La región cordillerana concentra buena parte de las alertas que despierta la iniciativa. Especialistas del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señalan que allí se encuentran reservas de agua dulce, glaciares, recursos hidrocarburíferos y yacimientos de litio, es decir, los activos que definen el interés estratégico del territorio.
Como antecedente ineludible, suele citarse el caso del empresario británico Joe Lewis, propietario de más de 12.000 hectáreas en torno al Lago Escondido (Río Negro), adquiridas en 1996. También se menciona con frecuencia la extensión de campos vinculados a la familia Benetton, cercana a las 900.000 hectáreas entre Río Negro y Chubut. Ambos ejemplos funcionan, para los críticos del proyecto, como una anticipación de lo que podría multiplicarse si desaparece el límite nacional vigente.
A nivel país, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales relevados por el Observatorio de Tierras, unas 13 millones de hectáreas rurales están hoy en manos extranjeras, lo que equivale al 5% del total del suelo rural argentino. En la Patagonia, un relevamiento de 2018 del propio registro ubicaba ese porcentaje en torno al 6%, aunque no existe todavía una actualización oficial más reciente y desagregada por provincia.
Los argumentos en pugna
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa al calcular que la eliminación de los límites a la propiedad extranjera podría atraer inversiones superiores a los US$15.000 millones, en una comparación directa con el efecto que tuvo la reforma de la Ley de Glaciares sobre la actividad minera.
En la vereda opuesta, organizaciones ambientales, legisladores de la oposición y académicos advierten sobre una eventual pérdida de soberanía territorial y sobre el riesgo de concentrar en pocas manos extranjeras el control de recursos hídricos y minerales considerados estratégicos para el desarrollo del país.
El oficialismo no logró reunir los votos necesarios para tratar el proyecto en el recinto y postergó la sesión por cuarta vez consecutiva. La nueva fecha prevista para su tratamiento en el Senado es el 6 de agosto, aunque el escenario político continúa abierto y sin garantías de que La Libertad Avanza consiga la mayoría necesaria. En paralelo circula un dictamen de minoría, impulsado por Unión por la Patria, que propone conservar el tope del 15% pero con mayor margen de decisión para cada gobernador.
El desenlace de esta discusión definirá, en gran medida, las reglas bajo las cuales la Patagonia argentina administrará en las próximas décadas sus recursos hídricos, energéticos y minerales