Patricia Bullrich exhibe un mapa, al hablar de la extranjerización de tierrasRodrigo Néspolo
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), confirmó este martes que el Gobierno decidió ceder ante la presión de los bloques aliados y que se establecerá un limite del 25% de la superficie provincial al polémico capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Bullrich ratificó los nuevos cambios que sufrirá la iniciativa en una conferencia de prensa en la que realizó un fuerte respaldo al proyecto impulsado por la administración libertaria con un pronunciamiento político cargado de críticas al intervencionismo kirchnerista.
Al término del encuentro, en un cruce informal con la prensa acreditada en los pasillos de la Cámara alta, la senadora se mostró, además, confiada en que podrá aprobar la iniciativa cuando este jueves se reanude la sesión que pasó a cuarto intermedio el 19 de julio último.
A pesar de la confianza de la líder del oficialismo en la Cámara alta y de los cambios realizados al proyecto antes de llevarlo al recinto, los números no parecen favorecer al oficialismo a tan sólo dos días de la sesión.
Tal como informó este diario, el creciente rechazo social a la idea de extranjerización de tierras ha permeado en varios bloques políticos que Bullrich cuenta como aliados y que necesita para aprobar la ley.
Al menos tres de los diez senadores radicales no acompañarían el polémico capítulo, aunque algunas versiones hablan de una cuarta deserción. También empieza a haber dudas en senadores de fuerzas provinciales de Misiones, Tucumán, Neuquén y Salta.
La suerte del proyecto, y de la sesión del jueves, podría definirse en las próximas horas, cuando se espera que los bloques dialoguistas tomarán una posición definitiva a la luz de los cambios anunciados por Bullrich.
“Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en la Argentina”, sentenció Bullrich para tratar de refutar las objeciones al proyecto que vienen planteando el kirchnerismo y otros actores sociales, que denuncian que la iniciativa violenta la soberanía.
En ese sentido, la legisladora oficialista se preocupó por destacar que con el texto que impulsa el Gobierno “no podría haber una base como la de Neuquén”, en alusión al predio que la administración de Cristina Kirchner le cedió a la República Popular China en la provincia patagónica.
“La única vez que la Argentina entregó soberanía a un gobierno extranjero fue al gobierno Chino en la instalación de una base espacial, 200 hectáreas cedidas por 50 años”, insistió. “Eso fue ratificado por el Congreso con mayorías automáticas kirchneristas, no como ahora que nosotros tenemos que hablar con todos para sacar una ley”, completó.
Bullrich había iniciado la conferencia cuestionando lo que denomino “una ley conocida como de Máximo Kirchner”, en alusión a la norma sancionada en diciembre de 2011, en el inicio del segundo gobierno de Cristina Kirchner, que es la que rige en la actualidad y que impuso un límite del 15% de la superficie nacional, provincial y departamental a la venta de tierras a ciudadanos extranjeros.
Según la jefa de los senadores libertarios esa ley “tuvo un objetivo, que fue volver terratenientes a sus amigos”. “Supuestamente puso límites y lo único que evitó fue la inversión, porque bajo un marketing aparentemente proteccionista hicieron negocios los amigos del poder”.
En ese sentido, mencionó el caso de Lázaro Báez, que cuando los Kirchner llegaron al poder “era empleado del Banco de Río Gallegos (sic), tenía un Falcón del 72 y terminó con 415 mil hectáreas en Santa Cruz”.
La jefa de la bancada oficialista estuvo acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, los también libertarios Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), y por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis).
Tras responder las críticas del kirchnerismo, Bullrich confirmó lo que había anticipado este diario, en cuanto a que el Gobierno había decidido aceptar poner un techo del 25% de la superficie de cada provincia a la posibilidad de que las tierras productivas puedan pasar a manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
“Hemos puesto un limite del 25% en la compra de tierra por extranjeros. ¿Por qué pusimos un 25%? Porque Brasil tiene un 25% y creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva”, explicó.
Al respecto, la senadora oficialista volvió a la carga contra la Ley de Tierras vigente, a la que responsabilizó por la depreciación del valor de la tierra que, dijo, sufrió el país en los últimos tres lustros.
Sobre este punto, señaló que “un terreno que en 2011 valía 14.500 dólares en la zona núcleo argentina, hoy vale 17.000, mientras que en Ontario, Canadá, un terreno en las mismas condiciones de siembra que también valía 14.500 dólares en 2011, hoy vale 48.000″. “Los argentinos perdimos 266.000 millones de dólares por la ley de Máximo Kirchner”, remató.
En cuanto a los terrenos ubicados en zona de frontera, Bullrich precisó que se reforzaron los controles al imponer “un doble conforme”. “Tiene que estar de acuerdo la provincia y tiene que estar de acuerdo la Nación”, remarcó, antes de destacar que la autorización estará en manos de un secretario de Estado, “lo que significa que va a llegar al Presidente, y no como ahora que lo decide un director”.
Según abundó Bullrich, la regla del doble conforme se aplicará a todas las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas “y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal, directa o indirecta”.
“Nosotros queremos plantear bien claro: propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión, un. papel, es un contrato. la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio, son la Bandera, las Fuerzas Armadas, son las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería y la Prefectura”, afirmó la legisladora.
La senadora Márquez sumó su voz para refutar a quienes sostienen que con este proyectos se ponen en riesgo los recursos naturales del país.
“Los recursos son de dominio originario de las provincias, los dice la Constitución”, afirmó Márquez, quien también refutó las advertencias sobe un eventual impedimento al acceso al agua. “El Código Civil establece que las aguas son de dominio público”, sentenció.