El máximo tribunal de Río Negro asumió la competencia en la disputa entre Marcelo Román y el Concejo Deliberante. Ahora deberá evaluar la legalidad de la ordenanza que apartó al jefe comunal y dejó a cargo del Ejecutivo al presidente del cuerpo legislativo.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió intervenir en el conflicto institucional abierto en Allen entre el intendente Marcelo Román y el Concejo Deliberante, al considerar que existe un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal.
La decisión fue adoptada mediante una resolución dictada este jueves, en la que el máximo tribunal provincial estableció que el caso corresponde a su competencia originaria y exclusiva, tal como prevén la Constitución de Río Negro y el Código Procesal Constitucional.
La suspensión de Román, bajo análisis judicial
La controversia se originó a partir de la Ordenanza 044/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante dispuso la suspensión preventiva de Román hasta que exista una sentencia definitiva en la causa judicial en la que fue imputado.
La norma también estableció que el jefe comunal quedara sin percepción de haberes durante el período de suspensión y dispuso que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumiera provisoriamente la conducción del Ejecutivo municipal.
Tras la medida, el edil Guillermo Pennesi pasó a ocupar la presidencia del cuerpo legislativo.
El reclamo del intendente
Ante el STJ, Román sostuvo que el Concejo excedió sus facultades al apartarlo del cargo y designar a Figueroa al frente de la intendencia.
Además, incorporó un nuevo planteo al expediente al denunciar que el cuerpo deliberativo se negó a recibir el veto de una ordenanza, situación que, según argumentó, le impidió ejercer una atribución prevista en la Carta Orgánica Municipal.
Qué resolvió el Superior Tribunal
El STJ coincidió con el criterio expuesto por el procurador general Jorge Crespo y concluyó que la disputa debe tramitarse como un conflicto de poderes.
No obstante, el tribunal aclaró que en esta instancia no se pronunció sobre la legalidad de la suspensión ni sobre el contenido de la ordenanza cuestionada. La resolución se limitó a determinar que el caso debe ser analizado por el máximo órgano judicial de la provincia.
Como primera medida, el STJ requirió al Concejo Deliberante que remita en un plazo de cinco días toda la documentación vinculada con el conflicto. También ordenó notificar al cuerpo legislativo de la demanda presentada por Román y de los nuevos hechos incorporados al expediente.
Qué puede pasar
Con los antecedentes en su poder, el Superior Tribunal deberá analizar los argumentos de ambas partes y definir si la ordenanza que suspendió a Román se ajusta o no a derecho.
Si el STJ concluye que la medida adoptada por el Concejo Deliberante carece de validez, el intendente podría ser restituido en sus funciones y volver a encabezar el Ejecutivo municipal, actualmente a cargo de Fabián Figueroa