El Gobierno nacional avaló formalmente el plan de expansión eléctrica impulsado por la minera Vicuña Argentina para abastecer su proyecto Josemaría, ubicado en la provincia de San Juan. A través de la Resolución 330/2026, publicada en el Boletín Oficial, se otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un paquete de obras de transporte en extra alta tensión, clave para el desarrollo de la minería de gran escala en la región cordillerana.
La medida, adoptada por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), rechaza todas las impugnaciones formuladas por provincias y empresas del sector, y consolida un esquema de financiamiento privado para obras que habitualmente requieren participación estatal. El proyecto prevé inversiones significativas en infraestructura eléctrica, destinadas no solo a la operación de Josemaría sino también al refuerzo del sistema interconectado en el noroeste del país.
Entre las obras autorizadas se incluyen la adecuación de la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan para vincularla en 500 kV con Rodeo; la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo; una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de unos 167 kilómetros de extensión; y la puesta en marcha de la nueva ET Chaparro (500/220 kV), que actuará como punto de conexión para una demanda inicial estimada en 260 MW por parte del emprendimiento minero.
Prioridad de uso y modelo de inversión privada
La resolución ratifica que Vicuña contará con una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental que generen estas obras, por un plazo de 25 años. Ese horizonte temporal coincide con la vida útil estimada del proyecto Josemaría y se presenta como un elemento central para garantizar previsibilidad a la inversión.
Desde el ENREGE defendieron la decisión bajo el principio de que “el beneficiario paga”: el inversor privado asume el 100% del riesgo financiero y los costos de construcción (CAPEX), sin trasladar el gasto a los usuarios residenciales ni al presupuesto del Estado nacional. Según el organismo, este esquema permite avanzar en infraestructura estratégica que, de otro modo, difícilmente se ejecutaría.
El ente regulador remarcó que las obras no sólo favorecen al emprendimiento minero, sino que robustecen el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), amplían la capacidad de transporte en alta tensión y generan mejores condiciones para el desarrollo económico en la provincia de San Juan y en la región cuyana en su conjunto.
Reclamos provinciales y de otras mineras, sin efecto
La audiencia pública del 3 de junio de 2026 había dejado planteadas fuertes objeciones. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja cuestionaron el impacto del proyecto sobre la planificación regional y sobre derechos preexistentes en la infraestructura eléctrica. Sin embargo, el ENREGE recordó que el transporte en alta tensión es de jurisdicción federal exclusiva y que las provincias no tienen poder de veto sobre el SADI.
- Los organismos provinciales advirtieron por una presunta afectación de su capacidad de planificación energética.
- Otras compañías mineras reclamaron por el riesgo de quedar relegadas frente al beneficio otorgado a Vicuña.
También formularon impugnaciones empresas como Andes Corporación Minera (proyecto Los Azules) y Golden Mining (proyecto Hualilán), que acusaron al esquema de prioridad del 90% de operar como un “bloqueo” para otros desarrollos futuros. El regulador rechazó ese argumento al señalar que la infraestructura incrementa la robustez del sistema y que el 10% de capacidad libre resulta suficiente para cubrir demandas intermedias, en tanto se evalúen nuevas ampliaciones si la dinámica del sector lo requiere.
“Reconocer derechos prioritarios temporales al inversor aparece como una herramienta razonable y necesaria para promover obras que, de otro modo, probablemente no se ejecutarían”, sostuvo el ENREGE, al destacar que la expansión beneficia al conjunto del sistema eléctrico y al desarrollo económico del país.
Una vez concluidas las obras, la transportista Transener asumirá la operación y el mantenimiento de las nuevas estaciones transformadoras. Vicuña, por su parte, deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con todas las exigencias técnicas y ambientales fijadas por los organismos de control, en un contexto en el que la minería metalífera de gran escala vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética y productiva de la Argentina