La ordenanza ya fue publicada este lunes y, una vez cumplido el plazo de los cinco días previstos por la Carta Orgánica, el ahora ex intendente tiene que dar el paso libre para que asuma de forma interina el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa
Luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara la medida cautelar presentada por el intendente Marcelo Román para evitar su suspensión, el Concejo Deliberante publicó el la ordenanza, promulgada tácitamente, que da fin a esta novela política.
En un plazo de cinco días, según lo estipulado en la Carta Oganica local, la Ordenanza N.º 044/2026, deberá hacerse efectiva.
En su resolución, la presidencia del STJ sostuvo que hacer lugar a la cautelar implicaría adelantar una decisión sobre el fondo del conflicto, por lo que rechazó el planteo al considerar que los actos del Estado gozan de presunción de legalidad mientras no exista una sentencia definitiva.
No obstante, el máximo tribunal provincial habilitó la feria judicial para dar celeridad al expediente y corrió vista a la Procuración General para que dictamine sobre la naturaleza jurídica del planteo, ya que el jefe comunal promovió simultáneamente una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes.
La suspensión de Román fue aprobada la semana pasada por seis votos contra tres en el Concejo Deliberante, en aplicación del artículo 109 de la Carta Orgánica, que prevé el apartamiento preventivo de autoridades municipales cuando enfrentan un proceso penal.
La ordenanza establece que el intendente permanecerá suspendido sin percepción de haberes mientras continúe el proceso judicial. Además, determina que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, deberá asumir de manera interina la conducción del Ejecutivo municipal.
El conflicto institucional escaló el viernes, cuando Figueroa intentó asumir la Intendencia y Román se negó a abandonar su despacho. El jefe comunal sostuvo que la ordenanza aún no estaba vigente porque no había sido publicada oficialmente y llegó a plantear la posibilidad de vetarla, una alternativa que especialistas consideran improcedente al tratarse de una norma que afecta su propia situación institucional.
En los últimos días, ambos dirigentes cruzaron mensajes públicos. Mientras Figueroa aseguró que el intendente se encontraba «atrincherado» en el municipio y pidió a los trabajadores que no acataran órdenes de un funcionario suspendido, Román denunció un supuesto «golpe institucional» y ratificó que seguiría ejerciendo el cargo hasta que la Justicia resolviera la cuestión de fondo