El debate por la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires no encontró resolución en la Legislatura y el tiempo apremia.
Con los comicios de 2027 en el horizonte, el peronismo bonaerense trabaja en dos vías paralelas para evitar que decenas de jefes comunales queden definitivamente fuera de carrera. Una pasa por los Concejos Deliberantes. La otra, más polémica, ya circula en voz baja en varios despachos.
Como informamos, la ley vigente es la 14.836, aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con el impulso del Frente Renovador. Esa norma fijó un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares. Con esa restricción activa, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán presentarse en 2027. El peronismo es el espacio más golpeado: tiene 51 jefes comunales alcanzados. Le siguen la UCR con 16, el PRO con 7, fuerzas vecinales con 5, y La Libertad Avanza con uno: Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.
La primera salida que tomó fuerza en el oficialismo es trasladar la decisión a cada Concejo Deliberante. La idea consiste en que sea la propia cámara comunal la que habilite o no un tercer mandato para el intendente del distrito. El argumento legal se apoya en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía de los municipios en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bajo esa lectura, sostienen que son las propias comunas —y no la Legislatura provincial— las que deberían definir su régimen de reelecciones. Para que la iniciativa tenga posibilidades de sumar votos opositores, se analiza exigir dos tercios del Concejo en lugar de mayoría simple.
Si esa vía tampoco prospera, algunos distritos ya analizan un mecanismo mucho más controvertido. Un operador del peronismo lo describió así ante Infocielo: el intendente encabezaría la lista de concejales mientras un dirigente de absoluta confianza se postularía como candidato a intendente. Una vez asumidas las nuevas autoridades, ese intendente electo renunciaría —mediante un cargo bien remunerado a modo de indemnización— y el primero de la lista de concejales asumiría automáticamente la conducción del municipio. En el peronismo reconocen que la maniobra aún no tiene definición política, pero que ya se la analiza en varios distritos como un eventual plan B.
El principal obstáculo, sin embargo, no está en la oposición sino dentro del propio Fuerza Patria. El Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa, viene rechazando cualquier modificación de manera sistemática. No es casual: el massismo fue uno de los impulsores de la ley que hoy se quiere derogar. Cada vez que el debate se reabrió en la Legislatura, el Frente Renovador puso el freno.
La Cámpora, en tanto, evitó avanzar en una discusión acotada a las reelecciones. Su posición es que cualquier cambio debería enmarcarse en una reforma política más amplia. Desde La Libertad Avanza, Valenzuela —que preside la Comisión de Asuntos Municipales del Senado— fue claro: la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades que impulsa su espacio «no incluye reelecciones» y los dos debates no deben mezclarse. Agregó que la verdadera autonomía municipal —la que permitiría a cada distrito dictarse su propia carta orgánica, como ocurre en Córdoba— requeriría una reforma constitucional provincial, algo que hoy no está en agenda.
Entre los intendentes peronistas más pesados que no podrían volver a competir en 2027 están Fernando Espinoza en La Matanza, Mayra Mendoza en Quilmes, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mario Secco en Ensenada, Fernando Gray en Esteban Echeverría, Mario Ishii en José C. Paz y Juan José Mussi en Berazategui. La restricción también alcanza a opositores de peso como Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Miguel Ángel Lunghi en Tandil y Pablo Petrecca en Junín. El problema es transversal, pero el peronismo tiene más para perder