La Ley de Desarrollo Minero no solo obliga a las empresas mineras; también les fija cupos de empleo y de contratación de vendedores de insumos, proveedores y firmas de servicios. Además, impone reglas de transparencia y establece sanciones para quienes no cumplan.
POR GASTÓN BUSTELO
Si bien el foco principal se puso en lograr que la Ley de Desarrollo Minero contemplara que las empresas mineras contrataran hasta el 80% de sus empleados nacidos en San Juan, la norma también indica que el mismo requisito les cabe a las firmas de proveedores y servicios mineros; un punto que pasó bajo el radar y que deberán cumplir una vez que esté definida la reglamentación.
Desde el gobierno hacen hincapié en que la ley introduce un marco de transparencia inédito que obliga a las empresas a detallar sus planes de compras y crea un registro específico para potenciar a las comunidades locales. Están convencidos de que la norma redefine el impacto de la actividad minera porque le pone fin al anonimato en la cadena de suministros, por la extensión del cupo del 80% de empleo local a los grandes contratistas, por la obligatoriedad de tributar en la provincia desde la etapa de exploración y por el severo régimen de multas y suspensiones diseñado para asegurar que los beneficios de la minería se queden en suelo sanjuanino.
Transparencia y reglas claras para el motor de la economía provincial
“El primer gran aporte de esta normativa es, sin lugar a dudas, la transparencia que aporta a un sector que, por su relevancia estratégica, no puede continuar operando en las sombras como ocurrió durante mucho tiempo. A partir de ahora, las empresas operadoras tendrán la obligación de declarar ante el Ministerio de Minería -autoridad de aplicación de la ley- todo su plan de adquisiciones, compras y abastecimiento”, indicó el secretario de coordinación para el desarrollo económico de San Juan, Alfredo Aciar.
Es importante dejar en claro que esa declaración de adquisiciones, deberá estar alineada con lo presentado por la empresa en el Informe de Impacto Ambiental presentado para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “Aunque el cumplimiento efectivo pueda variar, la obligatoriedad de la declaración le otorga al Gobierno provincial una hoja de ruta precisa para conocer qué y cuánto comprará cada proyecto minero a lo largo de los años”, destaca Aciar.
Un registro para identificar y potenciar a las comunidades
Otro de los pilares para transparentar el sector es la creación de un registro de proveedores mineros. De esta forma, todas aquellas empresas que se consideren proveedores locales deberán inscribirse aportando sus datos y cumplimentando los requisitos que exige la ley. De este modo, el Estado conocerá con exactitud cuál es la oferta real de proveedores en la provincia.
Sobre este punto Aciar explicó que, por primera vez, la legislación le otorga una identidad propia al proveedor minero de la comunidad, entendiendo por tal a aquellos ubicados en los departamentos que constituyen el radio de influencia directa del proyecto. Anteriormente, estos prestadores quedaban diluidos en una masa general, pero ahora, dentro del registro, quienes pertenezcan a localidades como Jáchal, Iglesia, Calingasta o Sarmiento, tendrán una distinción especial. El caso de Iglesia es ilustrativo: el departamento cuenta con una ordenanza propia y un consejo encargado de emitir un certificado de origen comunitario para sus 8.400 habitantes, lo que asegura que el beneficio se derrame verdaderamente en el territorio”.
El cupo del 80% para trabajadores sanjuaninos se extiende a la cadena de proveedores
Más allá de los aspectos administrativos, la ley establece mínimos de protección muy claros para la población local, tanto en materia de empleo como de contratación de servicios. En términos laborales, se exige que el 80% de los trabajadores de un proyecto minero sean sanjuaninos, definiendo bajo este concepto no solo a los nacidos y criados en la provincia, sino también a aquellos que acrediten un tiempo de residencia determinado.
Desde que se sancionó la ley, Aciar ha hecho hincapié en que las exigencias no recaen únicamente sobre la empresa operadora principal -como Barrick, Veladero, Vicuña o Glencore-, sino que se aplican también a la primera cascada de contratos; es decir, a sus contratistas más importantes. Estos proveedores y empresas de servicios, que en muchos casos ya son sanjuaninos, tendrán la obligación de garantizar que el 80% de sus empleados sean de la provincia y que el 60% de sus compras se realicen a proveedores locales inscritos en el Repromin”.
Juan Pablo Delgado, presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), indicó a Diario Canal 13 que el espíritu de este tipo de normativas es que las obligaciones de compre y contratación local se trasladen a toda la cadena de valor. Por lo tanto, “si la operadora principal está obligada a cumplir con un porcentaje, las empresas que esta contrate de forma directa para realizar las obras -como podría ser el caso de Techint- pasan a ser solidariamente responsables de garantizar esa misma proporción de personal local en sus plantillas asignadas al proyecto”.
Explicó además que, de esta manera, se evita que la empresa principal cumpla con el cupo solo en su estructura administrativa mientras delega el grueso de la mano de obra operativa en contratistas que traigan personal de otras regiones.
Por su parte, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan (Caprimsa), indicó que ése es uno de los puntos clave para que la ley tenga un impacto real en la economía local y no se quede solo en las intenciones. Al exigir que las empresas medianas y grandes que se instalan, o traen contratos desde fuera de San Juan, también cumplan con estos parámetros, se frena esa vieja práctica de «importar» plantillas enteras de trabajadores de otras regiones o países.
“Esta postura que impulsamos desde Caprimsa aporta un sentido de equidad y ética muy necesario: si van a explotar o trabajar con recursos de la provincia, lo justo es que la cadena de contratación -desde la operadora principal hasta las contratistas y subcontratistas medianas- priorice y capacite a la mano de obra y a los proveedores locales”, manifestó Godoy y fue contundente al advertir sobre futuros cambios sobre este tema en la reglamentación: “Este es un argumento sólido para defender la necesidad de que el decreto reglamentario no deje fisuras sobre ese aspecto”.
Control en todas las etapas y sanciones económicas
La normativa rige de manera obligatoria para todos los proyectos mineros que se desarrollen en San Juan y abarca sus cinco etapas: prospección, exploración, explotación y el cierre de mina. “Esto resuelve una queja histórica vinculada a la etapa de exploración, donde muchas empresas operaban con bases y tributación en Mendoza, limitándose a contratar mano de obra local de manera marginal. Con la nueva ley, las empresas exploradoras que envíen geólogos o maquinaria pesada deberán abrir oficinas en San Juan y tributar en la provincia”, agrega Aciar.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, la ley introduce un régimen sancionatorio que va desde el apercibimiento y la intimación, hasta multas económicas severas de hasta 200.000 unidades tributarias (equivalentes hoy a unos 20 millones de pesos), además de la posibilidad de suspensiones temporales o la cancelación definitiva de la inscripción en el Repromin.
Finalmente, la ley incorpora un Consejo Consultivo que actuará como asesor del Ministerio de Minería. Este espacio estará integrado por representantes del Ministerio de Producción, la Cámara Minera, las cámaras de proveedores locales y comunitarios, la comisión de Minería de la Cámara de Diputados y los municipios afectados por los proyectos.
“Aunque sus resoluciones no serán vinculantes, este Consejo funcionará como una instancia de análisis y consenso para evaluar la ejecución de la ley, prevenir conflictos y asegurar que el desarrollo minero impulse de manera equitativa a toda la comunidad sanjuanina”, cerró Aciar.
Las paradojas de la política hacen que una administración que busca aliarse políticamente con los referentes más extremos del liberalismo económico y que declama la desaparición del Estado, impulsara una ley en la que el Estado establece límites y controles directos por demás necesarios.
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