El intendente de Olavarría presentó un proyecto de ordenanza para cobrar una tasa de Seguridad e Higienes a los parques eólicos.
El municipio bonaerense busca cobrar una tasa anual de US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado. La Ley 27.191 que otorgaba un marco legal al sector renovable venció el 31 de diciembre de 2025 y el proyecto de prórroga hasta 2045 que el gobierno presentó en el Congreso todavía no prosperó. Hay cuatro parques eólicos operativos y en construcción en Olavarría. Afecta a YPF Luz, PCR y ArcelorMittal Acindar y Ternium y Tenaris, ambas de Techint.
Compañías de generación eólica están viendo con preocupación un proyecto de ordenanza que presentó en el Concejo Deliberante el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, para crear una tasa de Seguridad e Higiene en el municipio que implicaría el cobro de US$ 5.200 por año por cada aerogenerador instalado. La Ley 27.191 de energías renovables otorgaba un marco normativo que protegía al sector y le garantiza estabilidad fiscal a los proyectos, pero venció el 31 de diciembre de 2025 y la prórroga en el Congreso todavía no se aprobó.
Fuentes del sector renovable consultadas por EconoJournal explicaron que el monto de la nueva tasa impacta en los márgenes de los parques eólicos y afecta a la seguridad jurídica del sector.
El proyecto del intendente Wesner, integrante de La Cámpora, fue presentado en junio ante el Consejo Deliberante, donde el oficialismo tiene una mayoría prácticamente automática de concejales, y aguarda el tratamiento en comisiones.
En un principio, el intendente de Olavarría quería aprobar una tasa de Seguridad e Higiene mucho mayor, que implicaba casi un 1,5% de los ingresos por facturación promedio de los parques eólicos, según cálculos que realizaron en el sector. Las empresas se negaron a aceptar que la tasa se aplicara sobre la facturación y luego de algunas semanas, Wesner bajó sus pretensiones. Finalmente, el proyecto que se presentó dice que se cobrarán US$ 5.200 anuales por cada aerogenerador, que representa un 0,5% de los ingresos por facturación.
Sin embargo, fuentes privadas advirtieron que el monto final de la tasa que quedó plasmado en el proyecto de ordenanza sigue siendo muy elevado y generará un impacto negativo en los proyectos. También explicaron que el monto de una tasa municipal de Seguridad e Higiene no puede establecerse sobre la facturación de los parques de energía eólica. Otras fuentes se mostraron más cautas y explicaron que el monto podría ser razonable porque “es un término medio” respecto a otras tasas que cobran otros municipios.
Una fuente del sector también comentó a EconoJournal que “el proyecto de ordenanza en Olavarría podría ser una avivada porque justo lo presentaron después que venció la ley y la prórroga todavía no se aprobó en el Congreso”. Este medio intentó comunicarse con el intendente de Olavarría, pero no obtuvo respuesta.
Hasta el momento hay cuatro parques eólicos en Olavarría que podrían verse afectados si el proyecto prospera. Suman 82 aerogeneradores:
-Parque Eólico Cementos Avellaneda: está operado por YPF Luz y la empresa productora de cemento homónima. Tiene 9 aerogeneradores.
-Parque Eólico Olavarría: lo llevan adelante PCR y ArcelorMittal Acindar. Se encuentra en etapa de construcción. Contará con 30 aerogeneradores y demandará una inversión de US$ 276 millones. Está bajo el paraguas del RIGI.
–P.E. Vientos de Olavarría: está operado por la productora de acero Ternium (Techint) y tiene 22 aerogeneradores operativos.
-P.E. La Rinconada, cuenta con 21 aerogeneradoresoperados por Tenaris (Techint).
Tasas municipales y estabilidad fiscal
Las compañías de generación eólica entienden que el proyecto de ordenanza, una suerte de “impuesto al viento”, también podría replicarse en otros municipios del país. Hay localidades que cobran una tasa de Seguridad e Higiene, como Bahía Blanca y General Torquinst, pero el monto es cercano a un 0,25% de la facturación de un parque renovable. Sin embargo, esto no es generalizado en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país, según detallaron las mismas fuentes.
En materia de seguridad eléctrica, los parques eólicos y solares están sujetos al control del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que tiene facultades para fiscalizar la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de generación, transporte y distribución, según detalla la Ley 24.065 que fijó el nuevo marco regulatorio en 1991. La Tasa de Fiscalización y Control financia la actividad regulatoria del organismo nacional.
Como antecedente, en 2020 el municipio de Puerto Madryn implementó un “impuesto al viento” que representaba casi un 5% de la facturación por la producción de energía de los parques eólicos. El grupo Nordex presentó un reclamo judicial y en 2022 la Justicia Federal frenó la implementación de la tasa.
Sin ley de energías renovables
El sector de energías renovables quedó sin cobertura legal sobre la estabilidad fiscal ya que la Ley 27.191 venció a fin de 2025, que estableció un régimen de fomento y un marco normativo para la generación renovable durante 20 años.
El artículo 17 de la ley afirma que “el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025”.
La Ley 27.191, sancionada en 2015, permitió la instalación de alrededor de 6.500 MW de potencia renovable que demandaron inversiones por más de US$ 7.000 millones en parques eólicos, solares, de biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros, en todo el país.
El Poder Ejecutivo intentó habilitar en el Presupuesto 2026 una prórroga hasta 2047 del artículo 17 de la ley, pero finalmente ese apartado quedó excluido en las negociaciones en el Congreso.
Ahora el gobierno nacional apuesta a blindar a la generación renovable con una prórroga de la Ley 27.191 hasta 2045. El proyecto de ley también incluye otros temas sobre energía como la modificación del régimen de Zona Fría, compensaciones a distribuidoras eléctricas y la derogación del decreto 929 de 2013, conocido como “decreto Chevron”.
Ordenanza
La iniciativa del intendente de Olavarría prevé crear una “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene aplicable a Parques de Generación de Energía Eólica” para todos los parques que generen electricidad a partir del viento, sin importar la escala.
El proyecto, al que accedió EconoJournal, prevé el cobro de la tasa anual para todos los aerogeneradores instalados en los parques, estén o no operativos. Si la ordenanza avanza las compañías de generación renovables tendrán que presentar el comprobante de pago de la tasa para tener la renovación de la habilitación municipal para los parques eólicos.
Según establece el proyecto, el cobro anual de la tasa tendrá como retribución por parte del municipio de Olavarría los servicios de inspección, verificación, fiscalización, control y seguridad de cada aerogenerador.
El texto contempla una “garantía de previsibilidad tributaria” por un plazo de 10 años donde queda establecido que el Municipio de Olavarría no podrá incrementarla.
