La Ley de Desarrollo Local Minero incorporará una matriz socioeconómica y un registro de proveedores.
Uno de los cambios más importantes que introducirá la Ley de Desarrollo Local Minero no estará vinculado únicamente a los porcentajes de empleo o contratación, sino a la forma en que se medirá la participación de los sanjuaninos en la actividad minera. El trabajo de reglamentación que está haciendo el Ministerio de Minería en esta parte de la ley, tiene un avance cercano al 95%.
«La matriz socioeconómica, que es la que va a medir todo el impacto, va a ser pública y va a estar en el Centro de Información para el Desarrollo (CID)», indicó el Miistro de Minería, Juan Pablo perea, en diálogo con DIARIO HUARPE.
Perea destacó que uno de los principales cambios que introducirá la ley será la unificación de criterios para medir la participación local dentro de la actividad minera.
«Hasta ahora esto se presentaba en los informes de impacto ambiental o en las declaraciones de impacto ambiental, donde cada uno tenía su forma de medir. Ahora va a ser bajo una sola matriz», explicó. «Cualquier ciudadano va a poder ingresar y ver lo que se está midiendo y vamos a tener por primera vez números reales», agregó.
Hasta ahora, la información vinculada al empleo local y a la contratación de proveedores era presentada por las empresas a través de distintos informes y procedimientos asociados a sus proyectos, principalmente en el marco de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, cada compañía utilizaba metodologías propias para relevar y presentar esos datos, lo que dificultaba realizar comparaciones homogéneas entre proyectos. «Cada uno tenía su forma de medir y cada uno tenía su forma de presentarlo», explicó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea a DIARIO HUARPE.
Esta discrecionalidad administrativa llega a su fin con la nueva normativa, que establece en su Artículo 26 que el cumplimiento de los planes de empleo y proveedores locales reemplazará formalmente los requerimientos de temáticas socioeconómicas contenidos en las DIA vigentes hasta la fecha. De este modo, la ley se convierte en el instrumento único de gestión socioeconómica para la minería en San Juan.
Unificación y Acceso Público
La nueva ley busca modificar el escenario actual mediante la creación de herramientas específicas que permitan unificar criterios y generar información comparable para toda la actividad provincial. Entre ellas se destacan la matriz socioeconómica y el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.).
Según explicó Perea, la matriz socioeconómica será la encargada de medir el impacto de los proyectos sobre el empleo y la contratación local. La información será pública y estará disponible a través del Centro de Información para el Desarrollo (CID). «La matriz socioeconómica, que es la que va a medir todo el impacto, va a ser pública. Va a estar en el CID», señaló el funcionario. El objetivo es que los datos sean accesibles para todos: «Vamos a tener por primera vez números reales», afirmó Perea.
Legalmente, este compromiso con la transparencia se sustenta en un artículo de la ley, que obliga a la Autoridad de Aplicación a crear una plataforma digital integrada. Este sistema permitirá visualizar no solo los perfiles de proveedores certificados, sino también los Planes de Desarrollo presentados por las empresas mineras y sus respectivos avances de cumplimiento. Además, la ley exige la elaboración y publicación de indicadores económicos, sociales, ambientales y de gobernanza (ESG) vinculados al desempeño territorial de la actividad.
RE.PRO.MIN: Transparencia y Previsibilidad
La segunda herramienta clave es el RE.PRO.MIN., definido en el Artículo 11 como un registro «único, oficial, público, de consulta libre y actualizado». Su función no es solo administrativa; busca garantizar que cualquier ciudadano pueda verificar la oferta local de bienes, obras y servicios vinculados a los proyectos mineros.
La ley otorga a los proveedores registrados el derecho al acceso de información pública y razonable sobre oportunidades de contratación y cronogramas estimativos de adquisiciones de las empresas mineras. Esto responde a uno de los objetivos centrales declarados en el Artículo 1: la generación de condiciones de previsibilidad, transparencia y accesibilidad a las oportunidades que genera el sector.
Con la implementación de estos instrumentos, el Gobierno de San Juan apuesta a transformar la gestión minera en un modelo de publicidad activa y trazabilidad digital. La intención es que los resultados de la actividad puedan ser comparados de manera objetiva, permitiendo a cámaras empresarias, trabajadores y comunidades conocer con precisión el impacto económico real en la provincia