Con San Jorge dentro del RIGI y la reactivación del acuerdo con Chile, Mendoza busca consolidar un modelo minero basado en inversión, control e integración.
La minería dejó de ser, en Mendoza, un tema de agenda futura para convertirse en presente con resultados concretos. Así lo demuestra la aprobación legislativa de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto San Jorge, en Uspallata, que a fines de mayo obtuvo el ingreso formal al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una promesa de inversión estimada en 613 millones de dólares.
PSJ es el primer proyecto de cobre en condiciones de producir en la provincia y Mendoza, la prueba de que la estrategia de previsibilidad institucional empieza a rendir frutos. Un dato no menor, ya que Mendoza ha logrado cambiar su relación con la minería solo por voluntad política y necesidades económicas. El principal obstáculo para el desarrollo minero es la Ley 7722, que sigue gozando de buena salud y siempre presta para frenar cualquier desarrollo minero si no hay voluntad política de llevarlo adelante.
Un modelo construido sobre tres pilares
El discurso oficial se apoya en tres ejes que se repiten en cada intervención pública de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre: seguridad jurídica, control estatal y apertura de información. Según datos difundidos por la Dirección de Minería, la provincia acumula más de 250 proyectos identificados solo en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, de los cuales 65 ya cuentan con aprobación legislativa y 71 permanecen en evaluación ambiental. A eso se suma el Distrito Minero Norte, con más de 140 derechos mineros vinculados a proyectos cupríferos en etapas tempranas.
El Reporte de Sostenibilidad 2025 de Impulsa Mendoza, difundido a comienzos de julio, precisa el eje estratégico: la prioridad no está en habilitar proyectos de manera acelerada, sino en fortalecer la etapa exploratoria, bajo la premisa de que la información geológica y ambiental disponible reduce la incertidumbre del inversor. El mismo documento plantea el objetivo de convertir a la provincia en un hub financiero regional para la minería andina, una ambición que ya tiene expresión concreta en el Andean Capital Forum realizado en abril y el programa Andean Bridge.
San Jorge, el punto de inflexión
La sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, votada en diciembre con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, funcionó como bisagra. El propio gobernador reconoció en distintas intervenciones públicas que la dirigencia política argentina, en su conjunto, estuvo históricamente en falta con los grandes proyectos de inversión, atrapada en una lógica de resultados de corto plazo que retrasó el desarrollo del cobre nacional.
Chile vuelve a la mesa
Las circunstancias externas también configuran un momento oportuno. Esta misma semana, Argentina y Chile reactivaron, luego de casi tres décadas de inactividad, el Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino Chileno de 1997.
En la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del acuerdo, realizada en Buenos Aires, el subsecretario de Minería chileno, Álvaro González, planteó que la próxima etapa de integración binacional debe evolucionar hacia un modelo productivo compartido (infraestructura, proveedores y capacidades tecnológicas comunes) y que el éxito del tratado se medirá por la capacidad de transformar una cartera superior a los 20.700 millones de dólares en inversión, empleo e innovación regional.
La instancia, primera bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, coincide con el mayor ciclo de inversiones cupríferas que atraviesa Argentina desde el cierre de Bajo de la Alumbrera en 2018, y con una agenda chilena que, en paralelo, recibió delegaciones de Emiratos Árabes y Japón interesadas en asegurar suministro de cobre y litio. Para Mendoza, que ya cuenta con San Jorge como primer proyecto habilitado, la reactivación del tratado ofrece un marco jurídico binacional que hasta ahora faltaba para consolidar el discurso de integración regional que la provincia viene sosteniendo en foros como el Andean Capital Forum.
El rol que queda por definir
Lo que se dirime en el fondo es qué tipo de Estado provincial se está construyendo alrededor de la minería: uno que arbitra entre intereses productivos y ambientales con reglas parejas, o uno que prioriza la señal de previsibilidad para el capital internacional por sobre las necesidades productivas y de desarrollo de la provincia, en línea con el Gobierno nacional.
Los próximos proyectos en danza, como el litio del sur provincial bajo la iniciativa Don Luis, la ampliación del Distrito Norte y la esperanza malargüina serán la prueba de si Mendoza logra sostener ese equilibrio.
El desafío de consolidar un hub minero
Mientras tanto, Mendoza profundiza un rasgo que ya venía sosteniendo desde hace tiempo, casi con culpa, el de proveedora de servicios mineros. Desde que el boom de la minería se instaló en San Juan y el norte argentino, Mendoza, en silencio, fue el centro logístico y administrativo de muchos de esos procesos y una cifra enorme de profesionales mendocinos, o formados en nuestra provincia, participaron o participan en ellos.
Hoy Mendoza refuerza ese rumbo y, sin culpas, toma en el mundo minero local el papel de hub logístico y financiero, organiza congresos, muestras y conferencias, y aspira no solo a tener proyectos, sino también a transformarse en el centro de la discusión, la logística y la provisión a la cadena minera. Todo un desafío en un momento en que el modelo económico se encamina exactamente en el sentido inverso de priorizar el desarrollo y el trabajo importado por sobre el nacional