Los distritos recibieron más de $113 mil millones entre enero y mayo, un 23,9% más que en 2025. Sin embargo, la caída de la recaudación, la inflación y la disputa por los recursos reavivaron el debate por el reparto de fondos entre la Provincia y las comunas
Entre enero y mayo de 2026, la Provincia de Santa Cruz transfirió a sus quince municipios y cinco comisiones de fomento un total de 113.012.163.806 pesos en concepto de coparticipación, según los datos oficiales acumulados que difunde el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. La cifra es un 23,9% superior a los 91.229.809.244 pesos que las comunas habían recibido en el mismo tramo de 2025, un año que había cerrado con un total de 225.358.062.348 pesos coparticipados. A simple vista, el salto nominal parece una buena noticia para las finanzas municipales.
Sin embargo, ese incremento convive con una inflación que en los últimos doce meses rondó el 33%, con una recaudación nacional y provincial en baja, y con un frente judicial y político que resucitó el reclamo histórico de los intendentes: en las últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le dio la razón a la Provincia y a la Caja de Previsión Social en su disputa con el municipio de Río Gallegos por el descuento de aportes previsionales sobre la coparticipación, justo cuando Santa Cruz atraviesa una de las crisis fiscales más marcadas de los últimos años.
La tendencia hacia un crecimiento equilibrado
Río Gallegos, con 32.649 millones de pesos entre enero y mayo, sigue siendo por lejos el municipio que más recursos recibe, delante de Caleta Olivia (16.149 millones), Las Heras (8.385 millones) y El Calafate (7.865 millones). Detrás se ordenan Pico Truncado, Puerto Deseado, San Julián, Río Turbio y el resto de las localidades, hasta llegar a las comisiones de fomento más chicas -Lago Posadas y Koluel Kaike-, que en los cinco meses recibieron 192 y 113 millones de pesos, respectivamente. Mes a mes, enero fue el momento de mayor transferencia para el conjunto de las comunas, con una leve retracción en febrero y marzo -en sintonía con la estacionalidad habitual de la recaudación- y una recomposición sostenida hacia abril y mayo.
Lo que surge de un análisis más fino de esos números es que el 23,9% de suba no se repartió de manera despareja entre unos municipios y otros: los veinte distritos (15 municipios y 5 comisiones de fomento), sin excepción, crecieron exactamente en esa misma proporción frente a igual período de 2025. La explicación está en el propio mecanismo de la coparticipación secundaria: los coeficientes que definen cuánto le toca a cada localidad son fijos y solo se modifican cuando el Ministerio de Economía dicta un nuevo decreto tras un censo poblacional, algo que ocurrió por última vez en noviembre de 2024, con la aplicación de los resultados del Censo 2022.
En esa actualización, Caleta Olivia fue el municipio más perjudicado, con una reducción del 1,99% en su índice, seguida por Río Gallegos (-0,91%) y por Pico Truncado y Puerto Deseado (-0,21% cada uno), mientras que Puerto San Julián, Las Heras, la comisión de fomento de Jaramillo y El Calafate resultaron beneficiados. Como esa foto de los coeficientes no volvió a tocarse desde entonces, en el semestre bajo análisis el único factor que explica cuánto recibe cada localidad es el tamaño de la masa total a repartir: ningún distrito ganó ni perdió posiciones relativas, todos navegan en el mismo barco.
Ese comportamiento uniforme contrasta con lo ocurrido apenas un año antes. La comparación entre 2024 y 2025 -cuando la actualización de coeficientes de noviembre de 2024 empezó a impactar de lleno en el reparto- sí mostró ganadores y perdedores: Las Heras encabezó los incrementos nominales con una suba del 41%, El Calafate creció 40% y Río Gallegos, 29%, mientras que Caleta Olivia, la segunda plaza en volumen, apenas aumentó un 19%, muy por debajo del promedio provincial.
Las comisiones de fomento más pequeñas, en cambio, mostraron subas porcentuales mucho más altas -57% en Koluel Kaike y 129% en Lago Posadas-, aunque sobre bases presupuestarias mínimas. En términos del total provincial, 2025 cerró con un incremento nominal del 32% frente a los 170.509 millones coparticipados en 2024, una suba que la inflación de aquel año (31,5%) dejó prácticamente neutralizada: en pesos constantes, el crecimiento real de todo 2025 apenas rozó el 0,5%.
El filtro de la inflación y la caída de la recaudación
El dato que termina de cambiar la lectura del semestre es, otra vez, la inflación. Según el INDEC, el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 14,7% entre enero y mayo de 2026, mientras que la variación interanual de mayo -cuánto subieron los precios en los últimos doce meses- se ubicó en el 33,2%. El año 2025 había cerrado, a su vez, con una inflación acumulada del 31,5%, la más baja en ocho años pero de todos modos muy por encima del 23,9% de suba nominal que registró la coparticipación santacruceña en este primer tramo de 2026.
Al cruzar ambas variables, el resultado es una pérdida de poder adquisitivo que, según el índice de referencia que se tome, se ubica entre el 6% y el 7% en términos reales: los municipios recibieron más pesos, pero esos pesos compran menos que los de igual período del año pasado.
Ese deterioro no es un fenómeno aislado de los municipios santacruceños ni de la provincia. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que, a valores constantes, Nación y provincias dejaron de percibir en conjunto 6,5 billones de pesos durante el primer semestre de 2026 como consecuencia de la menor actividad económica: los recursos que retiene el Estado nacional cayeron un 6,4% real y los que se giran a las provincias, un 3%. El IVA, el principal impuesto coparticipable, sufrió una caída real del 7,7%, y las transferencias automáticas al conjunto de provincias y a la Ciudad de Buenos Aires -que en el semestre sumaron 36,92 billones de pesos- retrocedieron un 2,8% real, con la Coparticipación Federal cayendo específicamente un 4,3%.
Para Santa Cruz el cuadro es todavía más severo. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre las cuentas provinciales detectó que, durante el primer cuatrimestre del año, las transferencias nacionales por coparticipación federal cayeron un 7,2% real, mientras que la recaudación provincial propia -compuesta sobre todo por Ingresos Brutos- se redujo un 16% real desde el inicio de la gestión del gobernador Claudio Vidal.
El propio ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, admitió que la provincia atraviesa una situación crítica y que la caída de ingresos del primer trimestre fue incluso peor que lo proyectado, al punto de que el presupuesto provincial contempla hoy un déficit cercano a los 350.000 millones de pesos. Otro relevamiento privado calculó en más de 30.000 millones de pesos lo que Santa Cruz dejó de percibir solo en el primer trimestre por la retracción del consumo y la actividad económica, con meses -como marzo- en los que la caída real interanual de las transferencias automáticas superó el 11%.
Ajuste, deuda y una crisis fiscal que golpea a los municipios
La combinación de menor recaudación nacional y provincial obligó al Gobierno de Santa Cruz a salir a buscar financiamiento de corto plazo. Verbes confirmó que la Provincia gestiona adelantos de coparticipación y evalúa una emisión de bonos para sostener el pago de sueldos, mientras que Nación giró a comienzos de año un adelanto financiero de 100.000 millones de pesos -que el propio Ejecutivo provincial aclaró que no afecta a las transferencias municipales- y, meses después, otro cercano a los 20.000 millones para atravesar el invierno.
A la caída de la coparticipación se suma un dato estructural: el repliegue de YPF en la explotación convencional de yacimientos santacruceños golpeó también los ingresos por regalías hidrocarburíferas, otra de las fuentes de recursos genuinos de la provincia.
En ese contexto, Vidal impulsó en la Legislatura un endeudamiento externo de 600 millones de dólares, una iniciativa que terminó de encender la crisis política del semestre. Un grupo de intendentes -varios de ellos parte de la propia construcción política del gobernador- presentó un proyecto alternativo para evitar la nueva deuda, financiado con un reparto del Fondo Fiduciario UNIRSE.
La propuesta, impulsada entre otros por Pablo Grasso (Río Gallegos), Antonio Carambia (Las Heras), Javier Belloni (El Calafate), Pablo Anabalón (Pico Truncado), Darío Menna (Río Turbio), Zulma Neira (Los Antiguos) y Raúl Martínez (Puerto Deseado), plantea distribuir la mitad de esos fondos entre municipios y comisiones de fomento según los coeficientes de coparticipación vigentes, y dejar el otro 50% disponible para que la Provincia también pueda afrontar sueldos y funcionamiento, sin necesidad de tomar deuda en moneda extranjera. En los fundamentos de esa iniciativa, los propios intendentes describieron un escenario devastador, con comercios cerrando, consumo en baja y una caída de casi el 93% en la obra pública nacional que dejó obras paralizadas en toda la provincia.
El conflicto escaló cuando el propio gobernador acusó a intendentes opositores de haber pedido dinero a cambio de acompañar la ley de endeudamiento, una denuncia que generó un cruce político de alto voltaje y que el intendente de Río Gallegos respondió con una carta documento exigiendo que se identifique a los supuestos responsables. En el llano, el impacto de la crisis ya se siente: el intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, explicó públicamente que una caída de más de 70 millones de pesos en la coparticipación de su municipio obligó a postergar el pago del medio aguinaldo, que terminó cubriéndose con fondos propios recién en los primeros días de julio.
El reclamo municipal, su legitimidad y el fallo del TSJ
¿Es legítimo, entonces, el reclamo de los intendentes por más fondos? Buena parte de los números respalda el planteo: la caída real de los recursos, la merma de la recaudación nacional y provincial, y el parate casi total de la obra pública financiada por Nación son datos verificables que explican por qué los municipios llegan más ajustados a mitad de año.
No obstante, la Caja de Previsión Social aporta un dato que complica el reclamo municipal: según su informe semestral, los municipios y comisiones de fomento arrastran una deuda histórica superior a los 114.000 millones de pesos con el organismo previsional desde 1990, a la que este año se sumaron otros 26.000 millones de aportes corrientes no transferidos. Es decir, mientras reclaman más recursos, buena parte de las intendencias tampoco cumple en tiempo y forma con las obligaciones previsionales que la ley les exige, un desequilibrio que, según la propia Caja, explica cerca de la mitad de su déficit mensual.
Es en ese terreno donde se inscribe el fallo más resonante del semestre. Justamente esta semana el TSJ revocó la medida cautelar que, desde hacía meses, impedía a la Provincia descontar de la coparticipación municipal los aportes previsionales adeudados por las comunas, en el marco de una demanda de inconstitucionalidad que había iniciado el municipio de Río Gallegos contra el artículo 22 de la Ley Provincial N° 1782.
El máximo tribunal consideró que la cautelar carecía de fundamentos -no había verosimilitud del derecho invocado ni peligro en la demora- y que una medida de ese tipo no podía anticipar el resultado del juicio de fondo ni afectar el interés público comprometido en el sostenimiento del sistema jubilatorio provincial. El fallo devolvió plena vigencia a un mecanismo que, según el titular de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, simplemente hace cumplir una ley vigente desde hace años y no crea ninguna obligación nueva para los municipios. En la misma línea se pronunció la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quien remarcó que el fallo reafirma la institucionalidad y ratifica que las normas están para cumplirse.
Del otro lado, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso -que había impulsado la cautelar ahora revocada- cuestionó con dureza la decisión judicial y sostuvo que la retención de fondos vulnera la autonomía municipal garantizada por la Constitución provincial, además de poner en riesgo el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales en un momento particularmente difícil para las finanzas locales.
Sin embargo, en medio de la controversia el Gobierno provincial se sentó este sábado con intendentes y representantes municipales para analizar el alcance de la resolución judicial y buscar una salida consensuada al financiamiento de la Caja de Previsión Social. El encuentro, encabezado por el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, reunió a los jefes comunales de Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y Los Antiguos, además de representantes de El Calafate.
Según informó el propio gobierno provincial, ambas partes acordaron volver a reunirse durante la semana del 20 de julio con información técnica aportada por Provincia y municipios para continuar el análisis del fallo. Desde el Ejecutivo insistieron en que no se dispusieron retenciones de fondos coparticipables pese a que la decisión judicial habilita esa posibilidad y buscaron llevar tranquilidad a los trabajadores al asegurar que el pago de salarios y jubilaciones no está en riesgo. Además, ratificaron la intención de alcanzar un acuerdo de largo plazo que garantice la sustentabilidad del sistema previsional y brinde previsibilidad financiera a las comunas.
Más allá del fallo puntual, la discusión de fondo sobre cómo se reparte la coparticipación en Santa Cruz no es nueva. El régimen vigente se apoya en la Ley N° 1494, sancionada en 1983, y arrastra un esquema de reparto que sus propios impulsores oficialistas describen como heredado de las décadas del ochenta y noventa, con escasas modificaciones estructurales pese a la jerarquía constitucional que el tema recibió en la reforma de 1994.
Desde 2003 la Provincia está obligada a actualizar los coeficientes de reparto entre municipios después de cada censo nacional, algo que solo ocurrió tres veces en más de dos décadas -en 2003, en 2017 y en 2024-, siempre en medio de reclamos por los tiempos de aplicación.
En ese marco, el bloque oficialista impulsa en la Legislatura el proyecto de ley 662, que crea un Índice de Desarrollo Municipal (IDM) para incorporar variables de población, desarrollo económico y relevamientos periódicos y así corregir desequilibrios históricos entre localidades grandes y chicas; la oposición peronista, en cambio, cuestiona que la iniciativa pueda derivar en mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo y reclama, en su lugar, una nueva ley integral de coparticipación. El propio secretario de Tesorería de Río Gallegos, Diego Robles, recordó que desde fines de 2019 su municipio viene reclamando una reforma integral del régimen, al considerar que el esquema actual no permite a las comunas hacer frente a sus obligaciones con las cajas de previsión y de servicios sociales.
Ese es, en definitiva, el trasfondo que atraviesa cada uno de los números que dejó el primer semestre de 2026: una coparticipación que creció en pesos pero perdió terreno frente a la inflación, una Provincia y una Nación que recaudan menos en medio de la recesión, un fallo judicial que reabrió la pulseada por los aportes previsionales, y una discusión -la de cómo y con qué criterios se reparte la plata entre los veinte municipios y comisiones de fomento santacruceñas- que lleva más de cuatro décadas sin resolverse de fondo y que, con la crisis actual, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de la provincia
La Tecla Patagonia