El mapa de la minería de uranio en Mendoza está en plena transformación. Si bien los principales proyectos están asociados a viejas explotaciones que fueron abandonadas, diferentes empresas están avanzando por varios frentes para tratar de llegar a las etapas de extracción.
Según Impulsa Mendoza existen cinco proyectos de uranio que suman un compromiso de inversión de USD 76 millones. Todos se ubican en el sur provincial, distribuidos entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, y se encuentran en distintas etapas de desarrollo, que van desde la exploración inicial hasta la remediación ambiental de un yacimiento histórico.
De los cinco proyectos, cuatro están en etapa de exploración y uno en remediación. Dos se localizan en San Rafael y tres en Malargüe. Los montos individuales comprometidos oscilan entre los USD 10 millones y los USD 31 millones, según el proyecto.
La coincidencia de nombres entre varias de estas iniciativas genera confusión, ya que en al menos dos casos existen proyectos distintos que comparten una denominación similar pero corresponden a expedientes, titulares y objetivos diferentes. Repasar cada uno permite entender de qué se trata cada iniciativa y en qué estado real se encuentra.
San Rafael: remediación histórica y una nueva etapa de exploración
En San Rafael conviven dos proyectos que suelen confundirse entre sí. El primero es Sierra Pintada, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con una inversión comprometida de USD 31 millones y en etapa de reactivación y remediación. Entre 1975 y 1997, en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada se extrajeron y procesaron 1.600 toneladas de uranio, lo que representa alrededor del 20% del recurso total existente en el sitio, considerado el mayor depósito de uranio conocido del país.
La actividad extractiva dejó canteras agotadas, rocas estériles y agua de cantera, generada por la acumulación de agua de lluvia y subterránea en contacto con zonas mineralizadas. Para atender ese pasivo ambiental, la CNEA diseñó un proyecto de remediación que hoy avanza en su Fase 1, orientada al tratamiento del agua de cantera y a la gestión de los residuos sólidos. Entre las obras ejecutadas se cuentan un dique de disposición final, 2,6 kilómetros de cañerías, la ampliación de la Planta de Tratamiento de Uranio y diques impermeabilizados con sistemas de detección de fugas. El proceso es supervisado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza, la Dirección de Minería y una comisión auditora de la Universidad Nacional de Cuyo.
Distinto es el caso de Nueva Sierra Pintada, un proyecto privado de exploración a cargo de la empresa Jaguar, con una inversión comprometida de USD 10 millones. Se trata de una iniciativa que busca evaluar sectores vecinos o extensiones del depósito histórico mediante campañas geológicas y perforaciones, sin reutilizar la infraestructura de la vieja mina ni formar parte del proceso de remediación que lleva adelante la CNEA.
Malargüe: tres proyectos con historias distintas
En Malargüe se ubican los otros tres proyectos. Corcovo, impulsado por la empresa Blue Sky, tiene una inversión comprometida de USD 15 millones y se encuentra en etapa de exploración sobre unas 20.000 hectáreas ubicadas en el borde noreste de la cuenca neuquina, dentro del Distrito Minero de Malargüe Oeste. La CNEA había identificado previamente potencial de exploración de uranio en esa área, a partir de anomalías radiométricas detectadas en profundidad en pozos de petróleo y gas. Según información de la propia empresa, el acuerdo de opción sobre las tenencias contempla un pago de USD 400.000 en cinco cuotas a lo largo de tres años, además de una regalía del 1% sobre el retorno neto de la inversión y un pago adicional de USD 500.000 en caso de que el proyecto alcance producción comercial.
Distinto es Nuevo Corcovo, un cateo minero que integra la cartera de activos de Impulsa Mendoza, con una inversión comprometida de USD 10 millones y en etapa de exploración y licitación. Aunque comparte el nombre histórico de la zona y se ubica en la misma región, corresponde a una concesión y un expediente diferentes al que explora Blue Sky.
Huemul: de mina cerrada a nueva adquisición
El quinto proyecto es Huemul, actualmente en manos de la empresa canadiense Consolidated Uranium (CUR), con una inversión comprometida de USD 10 millones y en etapa de exploración. El yacimiento operó hasta 1974 y llegó a registrar una producción histórica de 500.000 libras de U3O8. Tras su cierre, la CNEA realizó las tareas correspondientes con acuerdo de la autoridad minera local, y desde entonces el sitio es objeto de controles y monitoreo periódicos.
CUR adquirió el proyecto en 2023 a través de dos operaciones. En la primera, obtuvo el 100% de unas 22.432 hectáreas del área mediante un pago de USD 200.000 en efectivo, la entrega de 500.000 acciones ordinarias de la compañía y una regalía del 2% sobre ciertas partes del proyecto. En la segunda, incorporó dos solicitudes de reclamo que cubren unas 2.352 hectáreas adicionales, a cambio de USD 120.000 en efectivo, 119.372 acciones ordinarias y una regalía del 1%.
De esta manera, el predio que hoy explora CUR tiene un antecedente ambiental relevante: en un sector de casi 7 hectáreas perteneciente a la CNEA, donde funcionó la mina hasta 1974, se ejecutó en años posteriores la primera remediación ambiental de la minería de uranio en la Argentina y en Latinoamérica, a través del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. La solución consistió en el encapsulado de 19.500 metros cúbicos de estériles de explotación y 2.500 metros cúbicos de material marginal que habían quedado en superficie tras el abandono de la mina.
Impacto ambiental y potencial energético
El uranio ocupa un lugar central en la matriz energética global como insumo para la generación de energía nuclear, una fuente que no emite gases de efecto invernadero durante su operación. En ese contexto, el desarrollo de yacimientos como los que existen en el sur mendocino se inscribe en un debate que combina el potencial económico del mineral con los riesgos ambientales asociados a su extracción, particularmente en lo referido al recurso hídrico.
Desde Impulsa Mendoza identificaron a la gestión del agua como uno de los principales aspectos a monitorear en la actividad minera provincial, en un escenario de escasez y competencia por el recurso. Según indicaron desde el organismo, el foco está puesto en promover el uso eficiente del agua y en incorporar tecnologías que minimicen el impacto de las operaciones sobre las fuentes hídricas, en articulación con organismos técnicos y científicos. El organismo no realiza actividades extractivas ni operaciones que impliquen consumo o vertido de agua, pero desde la entidad remarcaron su rol en la promoción y el fortalecimiento de estándares ambientales dentro del ecosistema minero de la provincia.
En esa línea, durante 2025 el organismo avanzó en la presentación de los Informes de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental y del proyecto El Seguro, que incluyeron estudios hidrológicos, caracterización de cuencas, monitoreos de calidad de agua y relevamientos de ambientes glaciares y periglaciares. A eso se sumó el desarrollo de lineamientos técnicos para la caracterización y el monitoreo de la criósfera, que integran variables climáticas, geomorfológicas e hidrológicas con el objetivo de comprender su función como reguladora del recurso hídrico.
En el caso puntual de Sierra Pintada, un informe de impacto ambiental elaborado por el Gobierno de Mendoza concluyó que el consumo de agua del yacimiento, con su capacidad de producción actual, equivale al de una finca de 20 hectáreas, lo que descarta que su operación pueda afectar la disponibilidad del recurso para el resto de las actividades productivas de la zona. El mismo informe señaló que, desde las primeras actividades desarrolladas en el yacimiento, se realizaron controles sobre las distintas variables ambientales, con especial énfasis en el agua, y que tanto durante la etapa productiva como en la posterior no se registraron valores por encima de los permitidos en los cursos de agua del arroyo El Tigre y el río Diamante. Esos resultados fueron corroborados tanto por los monitoreos propios del complejo como por los realizados por el Departamento General de Irrigación.
El informe agregó que, luego de más de 40 años de actividades de la CNEA en el área y con casi 20 años de funcionamiento de la planta de tratamiento de minerales, no se produjo ninguna alteración de la calidad del agua superficial o subterránea. Según el documento, esto se explica porque desde el inicio de la producción de concentrado de uranio, en 1979, se aplicaron metodologías específicas para el manejo de soluciones ácidas y para la gestión de los efluentes del proceso