- El país cuenta con un potencial geológico de 3,3 millones de toneladas según el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
- Mientras aquí no hay producción ni exploración activa, el mundo se reparte una carrera de miles de millones de dólares
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos que se convirtieron en un recurso crítico para la transición energética, sobre todo por su uso en la fabricación de imanes permanentes para turbinas eólicas y motores eléctricos. No son escasas en la corteza terrestre, pero rara vez se encuentran en concentraciones que permitan una explotación económicamente viable, y su procesamiento es técnicamente complejo.

Esa combinación entre abundancia relativa, pero oferta concentrada, es lo que las volvió un objeto de disputa geopolítica: China controla el 52% de las reservas mundiales, el 70% de la producción minera, el 91% de la refinación y el 94% de la fabricación de imanes.
En los vehículos eléctricos e híbridos, por caso, las tierras raras aparecen en casi todos los componentes clave en los imanes del motor eléctrico y en los cristales de los faros, y reforzando esos mismos imanes para que resistan altas temperaturas.
Según datos de la industria, la fabricación de imanes, que en gran parte depende de la electrificación del transporte, ya superó a la industria del vidrio como principal destino de estos minerales y se espera que concentre el 90% del valor de la demanda mundial hacia 2033.
En ese contexto, Argentina tiene un historial breve y una promesa sin confirmar. La única producción registrada en el país ocurrió entre 1954 y 1956, cuando se recuperaron 1.010 kg de monacita en la mina Teodesia, en Valle Fértil, San Juan. Desde entonces no hubo exploración activa.
Los recursos identificados, que fueron sistematizados en un estudio «Elementos de las tierras raras. Panorama general y evaluación del potencial en la República Argentina» del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), publicado en 2022, suman 190 mil toneladas de óxidos de tierras raras (OTR), concentradas en San Luis (54%, con Rodeo de los Molles como principal yacimiento), Río Negro (22%, Sierra Grande) y Salta (18%, encabezada por La Aurelia).
Sobre esa base, el propio SEGEMAR proyecta un potencial de 3,3 millones de toneladas, con las Sierras Pampeanas y la región mesopotámica como las zonas de mayor expectativa geológica. Es una estimación, no una reserva confirmada por exploración directa: nadie perforó esas áreas buscando tierras raras en los últimos setenta años.
Ese contraste entre potencial y desarrollo se nota más fuerte al mirar lo que hacen otros países. Estados Unidos avanza con el Proyecto Vault, una reserva estratégica de más de 50 minerales críticos respaldada por un préstamo de US$ 10.000 millones del EXIM Bank, con empresas como General Motors, Boeing y Google entre los inscriptos.
Australia financia con AU$ 15.000 millones el National Reconstruction Fund y ya tiene en marcha tres proyectos de refinación, incluida la planta de Kalgoorlie de Lynas Rare Earths, la más grande fuera de China.
Brasil, segundo país del mundo en reservas con el 25% del total, tramita en su Congreso una Política Nacional para Minerales Críticos y Estratégicos y ya tiene tres proyectos de tierras raras en desarrollo en Minas Gerais y Bahía, con inversiones de entre US$ 33 y 272 millones cada uno.
Argentina, mientras tanto, dio un paso diplomático el 4 de febrero, en Washington, en el marco de la Cumbre Ministerial de Minerales Críticos convocada por el Departamento de Estado. En ese contexto, el país firmó con Estados Unidos un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, que incluye a las tierras raras entre los minerales contemplados y prevé cooperación en financiamiento, simplificación de permisos y mapeo geológico.
En cuanto a lo legislativo, en mayo se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto, impulsado por la diputada Silvana Giudici (LLA) junto a otros legisladores, para modificar el Código de Minería e incluir a las tierras raras en la primera categoría de sustancias minerales, dejando atrás su clasificación actual como «metales de segunda categoría».
La iniciativa también propone incorporarlas al RIGI, con lo que accederían a los mismos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ya rigen para litio y cobre.
Ninguno de los dos movimientos implica, todavía, un proyecto de exploración concreto. El marco normativo para atraer inversión ya existe y es Código de Minería, Ley de Inversiones Mineras y RIGI; lo que falta, según muestra el propio informe oficial, es que algún actor, público o privado, decida perforar el potencial que el SEGEMAR proyectó.