La Legislatura bonaerense pone el ojo en los recursos de los municipiospara fortalecer a los intendentes

La Legislatura bonaerense pone el ojo en los recursos de los municipiospara fortalecer a los intendentes

Por la caída de la recaudación y la coparticipación

La Legislatura se suma al debate sobre los fondos para los intendentes. Imagen web

Hay proyectos para elevar el porcentaje de coparticipación que reciben las comunas, pero también para modificar el índice de reparto de los fondos.

La forma en que los municipios de la provincia de Buenos Aires se financian es tema de discusión permanente entre las fuerzas políticas, pero también entre los Poderes del Estado que suelen tomar intervención en el debate. Los distritos del interior bonaerense suelen autodenominarse “copa-dependientes”, dado que entre el 50 y el 70 por ciento de sus presupuestos depende de los recursos que reciben de la Provincia a partir de la recaudación de impuestos. Por eso, la Legislatura puso el foco allí.

El régimen de coparticipación de impuestos en la Provincia de Buenos Aires rige desde el año 1988 por la Ley 10.559, que en su primer artículo establece que las municipalidades recibirán el 16,14 por ciento de los montos que la Provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.

En medio de los debates por los fondos que se dan a lo largo del país, en la Legisaltura se activaron las discusiones en torno al reparto provincial. El movimiento más reciente lo hizo la senadora provincial de la UCRNerina Neumann, al presentar un proyecto de ley para llevar de ese 16,14 al 20 por ciento el nivel de participación de los municipios en los recursos coparticipables bonaerenses.

En concreto, la iniciativa propone un aumento gradual de la coparticipación, pasando al 17 por ciento el primer año; 18 en el segundo; 19 el tercero y, finalmente, pasar al 20 a partir del cuarto año, para poder facilitar la adecuación de las cuentas provinciales.

La discusión llega en el marco de una crisis que golpea a los municipios que comenzaron a tomar medidas como el recorte de las horas extra, el freno a las obras públicas y el atraso en las discusiones paritarias, entre otros puntos.

El reclamo por el tratamiento del proyecto creció a partir de conocerse los datos oficiales del primer cuatrimestre de este año emitidos por el Ministerio de Economía, que reflejan que los municipios recibieron 1.327.737 millones de pesos en ese periodo, mientras que la Provincia administró ingresos por más de 10,4 billones.

“La discusión sobre la coparticipación no es una discusión entre gobiernos. Es una discusión sobre cómo fortalecemos a los municipios para que puedan resolver los problemas cotidianos de sus vecinos”, dijo la impulsora de la iniciativa.

En abril, el bloque de Unión y Libertad en el Senado también presentó una propuesta en el mismo sentido, pero con la diferencia de que el porcentaje ideal sea del 21 por ciento, además de sumar un 2 por ciento por la recaudación de casinos y juegos de azar para aquellos municipios que desarrollen ese tipo de actividades.

Asimismo, propone una reforma de los porcentajes que componen el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y suma que todos los fondos nacionales que lleguen a la Provincia sin destino específico, se coparticipen automáticamente a las comunas.

Uno de los que alzó la voz para lanzar una propuesta polémica fue el intendente de La Plata, Julio Alak, quien propuso quitar a la Provincia del régimen de coparticipación federal. “Tenemos una provincia absolutamente postergada por el Estado federal. Es insólito que el 40 por ciento de los recursos se lo lleva este gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires”, demandó. “Es indispensable y urgente un nuevo pacto fiscal. Hay que advertirle a Javier Milei que si esto se mantiene, va a llegar el día que los 135 intendentes vayamos a golpear la puerta a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, a decirle: ‘Buenos Aires no da más, Buenos Aires no va a seguir dentro del terreno de competencia federal a la cual adherimos y ha llevado a la ruina a la provincia’”, lanzó.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 por parte de expertos en derecho constitucional y administrativo, llevaría al menos dos años encarar una reforma como esa.

El ahora exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que apunta a pelear por gobernación, se expresó en la misma línea. “La tarea nuestra es hacer una reforma económica que permita darle herramientas de desarrollo a cada una de las provincias y de las localidades para que tengan autonomía económica. Sin autonomía económica no hay absolutamente nada”, lanzó.

El CUD, también en la mira

Todos los recursos coparticipables se distribuyen a los municipios según los lineamiento del CUD, que se reparte así: el 58 por ciento entre las municipalidades de acuerdo con el 62 por ciento en proporción directa a la población; el 23 por ciento en forma directa a la inversa de la capacidad tributaria per cápita, ponderada por la población y el 15 por ciento en proporción de la superficie del partido.

El Coeficiente se completa en el 37 por ciento entre las municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud con o sin internación, que a la vez se compone según el número de camas y consultas realizadas, entre otros; y el 5 por ciento restante entre las comunas que cubran servicios o funciones transferidos.

Por eso, espacios como el Frente Renovador La Libertad Avanza propusieron la reforma de la fórmula por considerarla “injusta” con los municipios que prestan más servicios; e incluso la eliminación hasta llegar a la autonomía municipal total.

El diputado de la Coalición CívicaAndrés de Leo, presentó un proyecto para transparentar esos indicadores que forman el CUD. Su propuesta establece la obligación de publicación “anual, integral y detallada” de la totalidad de los datos utilizados para el cálculo del CUD, dado que ahora si bien se difunden los coeficientes definitivos, no se conocen los datos desagregados. “Esta situación genera asimetrías de información entre la Provincia y los municipios, dificultando el debido control institucional y la evaluación objetiva de los resultados”, argumentó el legislador.

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