La concejal Laura Jorge Saravia acusó a la gestión de Emiliano Durand de judicializar las deudas de los vecinos y avanzar sobre sus viviendas. En tanto, el Jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, tomó distancia, pidió empatía caso por caso y defendió la estructura impositiva de la provincia.
La denuncia abre un debate ético y económico crucial en el contexto actual: ¿Es viable, con el nivel de endeudamiento y crisis que atraviesan los ciudadanos, amenazar con el remate de hogares por deudas de tasas locales?
La denuncia: «Hay muchos embargos sobre las viviendas»
Para Jorge Saravia, la situación es una consecuencia directa del aval político que el intendente recibió en el cuerpo legislativo municipal. “El intendente no podría avanzar de esta manera sobre los vecinos de la ciudad si acá, en este Concejo Deliberante, los concejales oficialistas no hubiesen aprobado este incremento de la unidad tributaria y esta readecuación trimestral”, lanzó sin filtros.
La concejal advirtió que la municipalidad ya comenzó a judicializar los casos de contribuyentes imposibilitados de pagar, y alertó que el próximo paso de la gestión podría ser el remate de los domicilios.
Asimismo, criticó con dureza las políticas asistenciales del municipio, como la denominada «feria de la carne», señalando que son medidas cosméticas que no van al hueso de la crisis: “Hablamos de empatía, pero no sé en qué punto viene eso a resolverle la vida a los vecinos”. En respuesta a esto, defendió su proyecto de ordenanza para congelar la unidad tributaria, argumentando que no busca desfinanciar a la comuna, sino dar alivio y previsibilidad a los salteños y comerciantes frente a la asfixiante presión fiscal.
La postura de la Provincia: «Hay que tener una mirada muy finita»
El eco de la denuncia llegó rápidamente a los pasillos del Grand Bourg. El Jefe de Gabinete de la provincia, Sergio Camacho, en una entrevista radial se pronunció al respecto con cautela, respetando la autonomía municipal pero dejando en claro que la rigidez recaudatoria no es el camino en estos tiempos.
«Yo creo que hay que ser considerado. No sé qué está haciendo la municipalidad porque, obviamente, tiene la autonomía y la autarquía. Creo que hay que tener una mirada muy finita, no generalizada… una mirada muy chiquita de cada situación, y tratar de acompañar a la gente en cada situación. Por lo menos, esa es mi visión y entiendo que también la del gobernador», manifestó Camacho.
El funcionario insistió en que «se debería tener una mirada más finita en cada caso», desmarcando la sensibilidad social del gobierno provincial de las apuradas intimaciones que se denuncian en el ámbito capitalino.
El «mito» de los 70 impuestos: ¿Cuánto se paga en Salta?
Aprovechando el escenario de discusión sobre la carga impositiva, Camacho salió a cruzar lo que consideró un «mito instalado» por ciertos sectores de la oposición respecto a la cantidad de tributos provinciales.
El Jefe de Gabinete fue categórico al explicar la estructura fiscal de la provincia, asegurando que Salta cobra solo 3 impuestos y no los 70 que muchas veces se agitan en el discurso público. El principal motor de recaudación es el Impuesto a las Actividades Económicas (antiguamente Ingresos Brutos), el cual cuenta con alícuotas diferenciadas y subsidiadas para los sectores productivos. Al respecto, detalló que la producción paga 0%, la industria paga una alícuota reducida del 1,5% y la construcción abona un 2,5%, aclarando que en ninguno de estos casos estratégicos se llega a pagar el valor total de la tasa general.
Con este esquema, el Ejecutivo provincial busca demostrar que el peso impositivo no surge de las arcas salteñas, transfiriendo —por elevación— la responsabilidad de la presión asfixiante a las tasas y readecuaciones trimestrales del municipio capitalino. Mientras el proyecto de congelar la unidad tributaria duerme en las comisiones del Concejo, los vecinos observan con preocupación cómo sus boletas aumentan y, ahora, con el fantasma de la judicialización golpeando a la puerta